Han pasado dos semanas desde que familias de la comunidad de Fuerabamba, en el distrito de Challhuahuacho, ingresaron a terrenos de MMG Las Bambas y se instalaron en el sector de Takiruta. Esta ocupación causó el cese de la producción de la compañía desde el 20 de abril. Del mismo modo, la comunidad de Huancuire, del distrito de Coyllurqui, ocupó tierras destinadas a la construcción del segundo tajo de la minera. Mientras se intentaba establecer mesas de diálogo, MMG Las Bambas solicitó a la Policía desalojar a los comuneros, y el Gobierno dispuso el estado de emergencia en la zona. Desde el mediodía del miércoles 27 de abril, se registraron enfrentamientos entre la Policía y ciudadanos de Fuerabamba.
RECLAMO. Comuneros de Fuerabamba se instalaron desde el 14 de abril en sus antiguos terrenos, ahora de propiedad de la minera Las Bambas.
Este miércoles 27 por la mañana se publicó el decreto supremo que declara en estado de emergencia por 30 días a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, ubicados en la provincia de Cotabambas, región de Apurímac. La disposición otorga permiso a la Policía Nacional —con apoyo de las Fuerzas Armadas— para intervenir en los territorios de la minera Las Bambas que fueron ocupados por familias de diversas comunidades, como protesta por el supuesto incumplimiento de acuerdos adoptados una década atrás.
Cerca del mediodía, el diálogo entre la minera y las comunidades de Cotabambas se rompió. La Policía y los comuneros iniciaron un enfrentamiento que ha dejado a dos personas heridas de gravedad, según se apreció en la transmisión de medios locales. Los habitantes de Fuerabamba indicaron que las fuerzas del orden han detenido a varios hombres. Esta información aún no ha sido corroborada por la Defensoría del Pueblo.
La Policía cercó el sector de Takiruta, zona ocupada por la comunidad de Fuerabamba. Tras algunas horas de enfrentamiento, los comuneros de Fuerabamba fueron repelidos por la Policía hacia el sector de Manantiales, en el distrito de Challhuahuacho.
El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, señaló a OjoPúblico que en total hay 10 personas heridas —la mayoría de ellos, mujeres—, y detenidos, pero no precisó la cifra. Los heridos, según indicó, son: Odilón Portilla Vargas, Lucía Portilla Vargas, Nayhua Yolanda Portilla Vargas, Berna Vargas Martínez, Teresa Paniura Vargas, Rosa Sencia Lima, Rosa Paniura Vargas, Flora Huamani Huillca, Luz Delia Huamani Huillca y Florentina Huamani Huayta.
La Defensoría del Pueblo informó a este medio que dos comisionados de la oficina de la región Apurímac viajarán a la zona del conflicto para recabar mayor información sobre los heridos y detenidos reportados por la comunidad de Fuerabamba.
Mientras comuneros y policías se enfrentaban en Fuerabamba, el presidente Pedro Castillo y su gabinete participaron del VII Consejo de Ministros Descentralizado Vraem, en Ayacucho. Recién a las 6:44 p.m., la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó, a través de un comunicado que borró horas después, que el desalojo con la participación de la Policía había sido solicitado el 16 de abril por la empresa Las Bambas.
La solicitud fue hecha al Frente Policial Apurímac para contar “con las garantías operativas de la PNP” para el desalojo de los “predios privados invadidos por comuneros de las comunidades campesinas de Fuerabamba y Huancuire […]”, según informó el mayor PNP Juan Pablo Chenett Del Pozo, comisario de Challhuacho, al subprefecto Edilberto Pinares Almirón en un oficio remitido el 25 de abril y que la PCM difundió.
A través de cuenta de Twitter, la Policía Nacional informó que el general Roger Pérez, al mando de 676 efectivos de la Región Policial Apurímac, logró recuperar el “100% de los predios invadidos a la minera Las Bambas”.
“Cabe precisar que esta acción —pedida por la empresa privada—, fue solicitada antes que el Gobierno decretara el estado de emergencia en la zona […]”, señala el comunicado de la PCM, que finaliza invocando a las partes del conflicto a continuar dialogando. Sin embargo, luego del desalojo, los comuneros indicaron que continuarán con las protestas contra la minera.
Las horas previas al desalojo
El martes 16 de abril, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se reunió con representantes de la comunidad de Choaquere para tratar de implementar una mesa de diálogo entre ellos y la minera. Mientras esta cita se realizaba en Apurímac, en la región vecina de Cusco un contingente de más de 150 policías se embarcó en buses para participar del desalojo de los comuneros de Fuerabamba, quienes se encontraban en las instalaciones de la empresa desde el pasado 14 de abril.
El clima, de relativa tranquilidad, en Takiruta —zona ocupada por la comunidad de Fuerabamba— cambió cuando los dirigentes recibieron información sobre la movilización de las fuerzas policiales. En este sector de la mina, unas 700 familias empezaron a construir viviendas con bloques de tierra. Las labores fueron interrumpidas una vez que los dirigentes advirtieron del desalojo, y plantearon una reunión para definir cómo hacer frente a la Policía. Se pidió la participación de reservistas de la comunidad.
“Hermanos, les pido fuerza y unión, no tengan miedo por lo que van a venir policías, solo nos vienen a asustar […], acá es nuestra tierra, donde hemos nacido, hemos vivido […]. Lo que se quiere es fuerza e invitar a nuestros hermanos exmilitares a que nos ayuden a organizar, movilizarnos y formar equipos […]”, dijo Edinson Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, ante decenas de comuneros el martes 26 de abril, cuando se supo de la movilización policial desde Cusco.
PÉRDIDAS. A causa del conflicto con las comunidades campesinas, la mina Las Bambas paralizó su producción desde el pasado 20 de abril.
Foto: OjoPúblico / Vidal Merma
El mismo martes por la noche, MMG Las Bambas confirmó a OjoPúblico que evaluaba ejercer su derecho de desalojo por la fuerza (defensa posesoria) de la zona ocupada por las comunidades de Fuerabamba y Huancuire, y que pidió apoyo de la Policía para ese fin. En este contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de un oficio dirigido al jefe del Frente Policial Apurímac, Roger Pérez Figueroa, pidió que la operación se realice garantizando los derechos de los miembros de la comunidad campesina Fuerabamba.
En el oficio se recordó que había intentos por parte del Ministerio de Energía y Minas y la PCM para establecer mesas de diálogo con Fuerabamba, Chila y Choaquere. Estas tres comunidades piden a la minera que cumpla con acuerdos asumidos hace diez años.
Los supuestos incumplimientos llevaron a un enfrentamiento entre las comunidades. Chila y Choaquere piden renegociar el acuerdo por el cual vendieron terrenos de sus comunidades para la construcción de Nueva Fuerabamba. En esta área de 4.200 hectáreas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, se reubicó a la comunidad de Fuerabamba, que se encontraba asentada en lo que ahora son terrenos de la operación minera.
Chila y Choaquere han tomado posesión de terrenos no ocupados en Nueva Fuerabamba, destinados para la construcción de infraestructura comunitaria. Esta es una de las razones por las cuáles la comunidad de Fuerabamba retornó a sus antiguas tierras. Además, alegan el incumplimiento de otros compromisos.
El primer intento para instalar una mesa de diálogo se realizó con la comunidad de Fuerabamba, el pasado 20 de abril. Entonces, se llevó a cabo una reunión con representantes del Gobierno, la minera y comuneros del sector de Takiruta. El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se comprometió a atender los problemas con las comunidades de Chila y Choaquere sobre la propiedad de los terrenos de Nueva Fuerabamba y ofrecer información sobre ello en una siguiente reunión.
PEDIDO. La Defensoría del Pueblo recordó a la Policía que en la zona de ocupación se encuentran mujeres y niños.
Foto: OjoPúblico / Vidal Merma
Sin embargo, la mesa de diálogo con la comunidad de Chila quedó frustrada. Esta cita debía realizarse el pasado 25 de abril, pero se reprogramó porque el ministro llegó tarde a la reunión. Según señala el libro de actas de la comunidad, la reunión debía instalarse a las 10 a.m., pero el ministro llegó a las 3 p.m. porque participó de la reunión de la PCM. Aún no se conoce la fecha de reprogramación de la reunión en Chila.
El 25 de abril se realizó el encuentro con la comunidad de Choaquere. Según detalló TV Perú, el ministerio de Energía y Minas pretende que esta comunidad se convierta en un área de influencia de interés social ambiental. Habrá una nueva reunión el 3 de mayo.
Comunidades señalaron que resistirán ocupación
Tras tomar conocimiento del pedido de defensa posesoria presentado por la minera, los comuneros de Fuerabamba decidieron permanecer en la zona. La noche del 26 de abril, los comuneros realizaron rondas en Takiruta, para permanecer en el sector.
“Aquí daremos nuestra vida, será un enfrentamiento de vida o muerte”, señaló el miércoles 27 por la mañana Edison Vargas, presidente de la comunidad de Fuerabamba a OjoPúblico. La declaratoria de emergencia tomó desprevenidas a las personas que estaban instaladas en terrenos de la empresa.
Vargas señaló que estaban sorprendidos con el pedido de la defensa posesoria planteado por la empresa, ya que dificultaría el diálogo iniciado el 20 de abril, cuando tuvieron una reunión con representantes de la empresa y el Gobierno en el sector de Takiruta. “Nos indigna que hayan declarado el estado de emergencia. Nosotros vamos a permanecer acá, no nos van a mover”, aseguró a este medio.
DESPLAZADOS. Las comunidades de Chila y Choaquere ocupan zonas de Nueva Fuerabamba, como protesta a presuntos incumplimientos de la minera.
Foto: OjoPúblico / Vidal Merma
En ese momento, indicó que la comunidad se encontraba a la espera de los resultados de las mesas de diálogo emprendidas por el Gobierno con las comunidades de Chila y Choaquere, pero que no tenían conocimiento del avance de las mismas. La última vez que esta comunidad tuvo comunicación con representantes del Ejecutivo o la compañía fue el 20 de abril.
El estado de emergencia también incluye al distrito de Coyllurqui, donde comuneros de Huancuire habían tomado posesión de terrenos de la empresa destinados a la construcción del segundo tajo de Las Bambas, denominado Challcobamba. Romualdo Ochoa, presidente de la comunidad, señaló a OjoPúblico que ningún acuerdo asumido con MMG Las Bambas desde el 2013 fue cumplido. Entre ellos está la entrega de becas de estudio, bonos a docentes y movilidad escolar.
Tomado: de Ojo Público
Fiorella Montaño
