Michael Urtecho es el primer excongresista condenado en primera instancia por reducción de sueldo a su personal. Once legisladores actuales, incluyendo al presidente del Congreso de la República, han imitado su delito.
La Comisión de Ética del Congreso de la República alberga múltiples denuncias relacionadas con el recorte salarial de los empleados, que varios parlamentarios presuntamente han perpetrado abusando de sus posiciones. El hecho se trata de un delito por que el que el excongresista Michael Urtecho fue condenado en primera instancia.
El último jueves, el exintegrante de Solidaridad Nacional fue condenado a 22 años y cinco meses de prisión efectiva. Se trata del primer caso de un ‘mocha sueldo’ denunciado en el 2013 que ha recibido una condena por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y concusión.
Aunque la condena llega diez años después y es posible que el exlegislador presente una apelación, la situación podría ser igual para el futuro de 11 congresistas que han sido acusados del recorte de sueldo a sus trabajadores, según varios informes de Punto Final, Cuarto Poder, Panorama.
Estos son los 11 congresistas ‘mocha sueldos’
María Cordero fue escuchada a nivel nacional diciéndole a su trabajador Braden Paredes Calla: “Vamos al cajero de una vez”. Fue el primer caso de recorte de sueldos que se hizo conocido. Dos meses después de esta denuncia, el cómplice de la parlamentaria fue despedido del Congreso tras haber aceptado que actuó como intermediario para que la legisladora cometiera esta concusión.
Kati Ugarte recortaba el sueldo de los trabajadores de su despacho para poder pagar publicaciones en prensa con el objetivo de mejorar su imagen. Este dinero era recibido por Wilber Felices Villafuerte, asistente y hombre de confianza de la legisladora.
Edgar Tello, quien fue denunciado en mayo de este año por una trabajadora gestante. Ella se negó al recorte de su sueldo y el congresista le pidió que compre un reproductor valorado en más de S/4.000 con el dinero del bono que ella había recibido en abril. Luego, fue acusado por solicitar una donación de US$8.000 a la Embajada de Taipei y hostigar laboralmente a la denunciante.
José Arriola, el congresista que disfrazó el recorte de sueldos como supuestas donaciones, tiene documentos hallados en su domicilio que prueban el delito que cometió. Según Cuarto Poder, sus trabajadores habían firmado una declaración jurada que los obligaba a dar ‘sus aportes’.
Magaly Ruiz, la congresista acusada de recortarle el sueldo a un trabajador de su despacho, decidió denunciarla de haber pedido dinero a sus trabajadores para pagar deudas contraídas en su campaña electoral. Ella no tuvo mejor idea que despedirlo para contratar en su despacho a la enamorada de su hijo.
Rosío Torres fue denunciada por una trabajadora de su despacho, quien cobraría sería su sobrino, a quien la congresista terminó responsabilizando e incluso lo denunció, pero después fue grabada chateando justamente con su sobrino y, lejos de indignarse, le preguntaba quién lo habría denunciado, para luego terminar borrando los chats.
María Acuña: El abogado Carlos Herrera fue quien divulgó la acusación contra la congresista en el canal Willax. Según la información desvelada, obligó a que dos empleados compartieran el salario de uno solo. Estos acontecimientos tuvieron lugar en noviembre de 2021, cuando el abogado comenzó a laborar en la oficina local de la parlamentaria en Chiclayo.
Jorge Flores le exigía a sus trabajadores el 10% de sus sueldos y el 50% de sus bonos. A pesar de existir audios que comprometen al congresista, él insiste en que se trata de audios editados. Su esposa también está involucrada en esta acusación, ella se habría encargado de realizar los apuntes y seguimientos de cada ‘aporte’ de sus trabajadores.
Heidi Juárez, en el mes de abril, la parlamentaria enfrentó alegaciones sobre posibles pagos indebidos que supuestamente habría gestionado con los trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático. Conforme al reportaje del semanario “Hildebrandt en sus Trece”, los salarios de cuatro empleados del equipo de la congresista eran reducidos y entregados a un intermediario.
Marleny Portero, la congresista acusada de pedirle a sus trabajadores que compren sillas de ruedas y así financiar su llamada “ruta de la solidaridad”. Según un informe periodístico, la parlamentaria entregó hasta 200 sillas de ruedas a personas en situación de vulnerabilidad.
Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República, también ha sido incluido en la lista de los ‘mocha sueldos’. Sus trabajadores habrían pagado con su sueldo la publicidad en redes sociales para mejorar la imagen del congresista, un aporte supuestamente voluntario.