De acuerdo al Velocímetro de los Servicios de Control, plataforma virtual que permite la consulta y observación de la producción del control gubernamental, se reporta que en Áncash en el 2020 se emitieron 1365 informes de servicios de control (1205 de control simultáneo, 159 de control posterior y uno de control previo). De dicho total, 800 informes están referidos al control de los bienes y recursos públicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
El aplicativo en línea para el control social también reporta que son 163 funcionarios y servidores públicos los que se encuentran involucrados en 327 hechos con presunta irregularidad; sobre quienes recaería responsabilidades civiles (19), penales (114) y administrativas (150). Cabe precisar que un funcionario o servidor podría estar identificado por un mismo hecho irregular en más de una responsabilidad.
Esta información fue compartida por el Gerente Regional de Control Áncash, Emerson Rucoba Tananta, en la conferencia de prensa ofrecida hoy a medios de comunicación de la costa y sierra del departamento; donde anunció que para el 2021 se tiene proyectado realizar 332 servicios de control (247 de control simultáneo, 71 servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad y 14 auditorías de cumplimiento); considerando entre ellos 110 servicios para verificar el cumplimiento de metas del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.
En relación a los avances del Mega Operativo de Control Regional en Áncash, Rucoba informó que hasta enero de este año se han concluido ya 233 servicios de control, 19 se encuentran en proceso de ejecución y 329 se realizarán durante los próximos dos meses en diversas entidades públicas, gobierno regional y gobiernos locales de las 20 provincias de la región.
Informes emblemáticos
Entre los informes de control posterior emitidos en el 2020 son relevantes los referidos a los irregulares cobros por incentivos laborales en las Unidades de Gestión Educativa Local de Santa y Yungay, a favor de 88 funcionarios y servidores públicos; que afectaron presupuestos destinados al pago de personal de las instituciones educativas y ocasionando perjuicio económico de S/ 3 157 590.76.
Las comisiones auditoras determinaron que son 13 funcionarios y servidores de las UGEL Yungay y 10 de la UGEL Santa quienes, en función de sus cargos y teniendo la custodia y administración de los recursos del Estado, adecuaron las planillas mensuales de los incentivos para lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas los apruebe como remuneraciones a favor de ellos mismos y de trabajadores administrativos que laboran en las sedes de las entidades.
Hechos similares ocurridos en el 2018 se detectaron en la UGEL Recuay, que causaron perjuicio económico de S/ 830 896.00. Mientras que, en la UGEL Carhuaz se pagaron montos adicionales ocultos mediante las planillas mensuales de remuneraciones durante los años 2018 y 2019, argumentando pago de incentivos por sentencia judicial y ocasionando un perjuicio económico por S/ 1 771 387.02. La Contraloría identificó 20 servidores de la UGEL Recuay y 18 de la UGEL Carhuaz involucrados en tales hechos con presunta responsabilidad administrativa y penal.
En la Dirección Regional de Educación Áncash el perjuicio económico asciende a S/ 1 665 079.00 como consecuencia del pago de incentivos laborales adicionales a 56 trabajadores, entre funcionarios y personal administrativo, con recursos destinados al pago de docentes de institutos tecnológicos de Huaraz, Carhuaz, San Luis, Casma, Corongo, Huari, Huarmey, Piscobamba, Cabana, Llapo, Recuay, Sihuas y Yanama. Dichos pagos se concretaron a pesar de que los beneficiarios ya habían recibido, de manera mensual, un incentivo único, autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos hechos involucran a 11 funcionarios que habrían incurrido en responsabilidades penal y administrativa.
En la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, durante el periodo comprendido de julio 2015 a julio 2020, la gestión municipal gestionó, autorizó y pagó gratificaciones, beneficios y aguinaldos equivalentes a una remuneración mensual más el 9% de la bonificación extraordinaria de la Ley N° 30334; en mérito a resoluciones de alcaldía y contraviniendo la normativa presupuestaria. Los desembolsos hechos por cinco años consecutivos por Fiestas Patrias y Navidad se realizaron a favor de alcaldes y otros funcionarios con cargos de confianza, ocasionando un perjuicio económico de S/ 1 382 681.07 y se determinó que 22 funcionarios y servidores públicos están inmersos en el hecho con presuntas responsabilidades civil y administrativa.
Fuente: Ancash Noticias
