Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina el próximo 9 de junio, Bruselas aumenta la vigilancia para evitar que las noticias falsas afecten a los comicios. En este contexto, la Comisión Europea ha abierto este martes una investigación contra Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, porque sospecha que no ha puesto en marcha las medidas necesarias para evitar las campañas de desinformación en ambas redes sociales. Una coyuntura que ha sido aprovechada por “campañas de interferencia rusa”, según han aclarado fuentes comunitarias.
“Hoy hemos abierto un procedimiento contra Meta por sospechas de que ha infringido las obligaciones de la ley de Servicios Digitales (DSA por sus siglas en inglés) para proteger la honestidad en las elecciones”, ha indicado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. El francés ha enumerado las causas contra el grupo estadounidense: “moderación inadecuada de la publicidad, aprovechada para estafas e injerencias extranjera”, “acceso inadecuado a los datos para supervisar las elecciones” y la falta de cumplimiento “con la herramienta para señalar contenido ilegal”.
Concretamente, el Ejecutivo comunitario considera que la compañía propiedad de Mark Zuckerberg no cumple con las políticas para evitar la publicidad engañosa y las campañas de desinformación en la plataforma. El caso afecta a la falta de una herramienta para realizar seguimiento en tiempo real del discurso de los ciudadanos y las elecciones de cara a la convocatoria a las urnas de junio y se refiere, también, a la retirada de la herramienta de información pública en tiempo real CrowdTangle sin poner a disposición otra sustitutiva.
“La publicidad engañosa es un riesgo para nuestro debate online y, en última instancia, para nuestros derechos como consumidores y ciudadanos. Sospechamos que la moderación de Meta es insuficiente, que carece de transparencia en los anuncios y en los procedimientos de moderación de contenidos”, ha complementado la vicepresidenta la Comisión Europea, Margrethe Vestager.
El procedimiento que ha abierto la Comisión Europea contra el gigante tecnológico se centrará en cuatro aspectos: publicidad engañosa y desinformación, visibilidad del contenido político, falta de una herramienta para seguir el discurso de los ciudadanos y la herramienta para detectar contenido ilegal.
Respecto a la publicidad engañosa y desinformación, Bruselas tiene sospechas de que Meta no está cumpliendo con su responsabilidad a la hora de detectar y atajar la publicidad engañosa y las campañas de desinformación. Así, considera que la proliferación de estos contenidos puede suponer un riesgo para el discurso ciudadano, los procesos electorales y los derechos fundamentales.
En lo que se refiere a la identificación de contenido político, el Ejecutivo comunitario considera que el grupo no cumple con la trasparencia, evaluación y mitigación de riesgos del discurso cívico en los procesos electorales en los contenidos que se muestran los muros de publicaciones de Facebook e Instagram.
La falta de una herramienta para monitorizar el discurso ciudadano en tiempo real en las plataformas de cara a los comicios europeos y la eliminación de la herramienta CrowdTangle sin sustituto es otro de los elementos que investigará el Ejecutivo comunitario. El grupo estadounidense cuenta con más de 250 millones de usuarios activos mensualmente en la UE por lo que Bruselas da un plazo de cinco días a Meta para explicar que acciones tomará para garantizar un seguimiento del contenido en sus plataformas. La Comisión se ha reservado el derecho de adoptar medidas en caso de que dichas acciones sean insuficientes.
Por último, en relación al mecanismo para señalar contenidos ilegales, la Comisión Europea sospecha que no cumple con los requerimientos de la norma de Servicios Digitales. Concretamente, la herramienta no cumple la exigencia de ser de fácil acceso e intuitiva en su uso. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario considera que Meta no ha establecido un sistema interno eficaz de tramitación de denuncias para presentar quejas contra las decisiones de moderación de contenidos.
De demostrarse, estos incumplimientos constituirían infracciones de la ley de Servicios Digitales. La Comisión iniciará, ahora, una investigación en profundidad con carácter prioritario cuya duración dependerá de la complejidad del caso. En este proceso, el gigante tecnológico podrá presentar soluciones para satisfacer las demandas del Ejecutivo comunitario.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha enfatizado que “las grandes plataformas digitales deben estar a la altura de sus obligaciones y dedicar suficientes recursos a esta cuestión, y la decisión de hoy demuestra que nos tomamos en serio el cumplimiento”, ha señalado respecto la protección del proceso democrático.
Facebook e Instagram fueron designadas como grandes plataformas online al amparo de la ley de Servicios Digitales, en abril del pasado año, considerando que ambas redes sociales tienen más de 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE. A finales de agosto de 2023, Facebook e Instagram debían empezar a cumplir una serie de obligaciones de la normativa comunitaria que se aplica se aplica a todos los intermediarios online de la UE desde el pasado febrero.
