El gigante asiático quiere blindar su soberanía cibernética con medidas como la prohibición de las criptomonedas o una normativa que restringe la recolección de datos de sus ciudadanos
China está tomando medidas para proteger su soberanía digital. Así se interpretan los últimos movimientos ejecutados por Pekín, que lleva un tiempo apuntalando su capacidad de maniobra sobre las grandes tecnológicas (tanto nacionales como extranjeras) y asegurándose de que lo que suceda en el ciberespacio no pueda erosionar al poder estatal. En ese contexto se enmarca el anuncio de la semana pasada: el Gobierno prohíbe las criptomonedas. Ya no se podrá operar con ellas en el gigante asiático, con lo que la única divisa virtual permitida será el yuan digital. China se convierte así en la primera gran potencia que toma una decisión definitiva en este terreno.
No es la única política de gran calado que se ha desplegado últimamente en el ámbito digital: en noviembre entrará en vigor la primera regulación de privacidad de datos del país. La Ley de Protección de Información Personal (PIPL) establece derechos para los ciudadanos similares a las que brinda el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE. Las empresas tendrán que recolectar los mínimos datos personales posibles y los mantendrán en su poder durante el menor tiempo posible. Para hacerlo necesitarán el consentimiento previo de los usuarios, que también podrán pedir la portabilidad de esos datos o acceder a ellos si así lo desean.
Nunca antes habían tenido los ciudadanos chinos garantías de este tipo. La normativa ve la luz después de que varios escándalos relacionados con la mala gestión de los datos personales aumentaran la sensibilidad pública sobre este tema. El caso más mediático fue el de la muerte en 2016 de una joven estudiante por paro cardiaco tras enterarse de que le habían robado todos los ahorros familiares mediante una estafa posible gracias a la filtración de sus datos. Aunque las restricciones de la nueva regulación no afectan a las autoridades públicas, que podrán seguir controlando a los ciudadanos con herramientas digitales, el mensaje es claro: se acabó el todo vale.
Esa es la derivada más comentada de la normativa: afecta de lleno a todas las compañías que operen en China, incluidas las extranjeras. Su foco, de hecho, está puesto en estas últimas. “Restringe mucho el comercio de datos transfronterizos. Quienes quieran acceder a esa información necesitarán autorización del CAC, el Consejo de Ciberseguridad de China. De alguna manera es una forma de proteger los datos que se generan en China”, interpreta Andrea G. Rodríguez, investigadora en tecnologías emergentes en Cidob (Barcelona Centre for International Affairs).
La gestión de los flujos transfronterizos de datos no es un asunto sencillo. Estados Unidos y la UE han tenido sus más y sus menos al respecto. Entre 2000 y 2015, el acuerdo Safe Harbour permitía a las empresas estadounidenses llevarse a su país los datos recogidos en Europa. Anulado por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, que sacó a la luz el espionaje sistemático de EE UU en varios países europeos, Bruselas y Washington firmaron un nuevo acuerdo en 2016, el Privacy Shield, para permitir que las grandes tecnológicas pudieran volver a llevarse los datos a América y tratarlos allí. El TJUE lo declaró inválido en 2020, al considerar que EE UU no ofrecía las garantías suficientes como para asegurar que los datos de los europeos fueran tratados con estándares de privacidad equiparables a los de la UE.
Google, Facebook, Amazon y cualquier otra gran compañía estadounidense no han dejado de procesar los datos de los ciudadanos de la UE, pero ahora lo hacen en suelo europeo, lo que implica que tienen que seguir las normas comunitarias. Eso es lo mismo que va a pasar a partir de ahora en China: se podrá seguir operando, pero de acuerdo con sus reglas.
En cierto sentido, el giro de China hacia la privacidad puede interpretarse como una respuesta a las políticas occidentales aplicadas contra las empresas asiáticas. “Las autoridades están poniendo reservas a que las empresas que tienen datos sobre ciudadanos chinos salgan a Bolsa fuera del país. Es una reacción recíproca a la que tuvo EE UU cuando el presidente Donald Trump prohibió en el país la descarga de las aplicaciones chinas TikTok o WeChat”, sostiene Luis S. Galán, afincado desde hace más de una década en China y cuya empresa de desarrollo digital, 2Open, opera desde Shanghái.
Defender la soberanía digital
Una de las características de las criptomonedas es que anonimizan las transacciones. Antes de convertirse en un vehículo de especulación, el bitcoin fue un referente para quienes soñaban con un sistema monetario alternativo, descentralizado y autogestionado por la comunidad de usuarios. Si se impusieran sobre las divisas tradicionales, las que hoy son de curso legal, los bancos centrales del mundo, y por ende los propios gobiernos, perderían parte de su razón de ser.
El mundo todavía no ha decidido qué hacer con las criptomonedas. Algunos países, como El Salvador, la han abrazado sin reservas; otros, entre ellos Estados Unidos o los europeos, todavía debaten cómo regularlas. China ha resuelto cortar de raíz con ellas. Las consideran un problema de seguridad nacional porque pueden cobijar el blanqueo de dinero, la captación ilegal de fondos, el fraude y otras actividades ilegales, según expuso el Banco Central Chino. También suponen una amenaza desde el punto de vista medioambiental, en tanto que el minado de las criptomonedas (así se conoce el proceso por el que se gestiona el sistema y se generan nuevas monedas) requiere de una gran capacidad computacional, lo que se traduce en un ingente consumo de energía.
Acabar con las criptomonedas y aumentar los estándares de privacidad exigibles a empresas nacionales e internacionales refuerzan el poder de Pekín en esa suerte de nebulosa que es el ciberespacio. Las autoridades chinas son plenamente conscientes de la importancia de la privacidad de los datos. “Creo que una de las razones principales por las que ha tomado la decisión de aprobar la nueva ley PIPL es porque quiere cuidar su seguridad nacional”, opina por su parte la filósofa Carissa Véliz, autora de Privacidad es poder (Debate). “Almacenar tantos datos personales es un grandísimo riesgo; tarde o temprano, Occidente iba a hackearlos, igual que China hackea los de Occidente”.
Para la profesora Véliz, el nuevo marco regulatorio chino supone un cambio de paradigma en términos de la construcción del relato de la privacidad. “Uno de los argumentos que usaba Facebook para que no le regularan era que si lo hacían no iba a poder competir en igualdad de condiciones contra las tecnológicas chinas, que operan sin ningún tipo de regulación. Ahora ese argumento ya no sirve”.
