El histórico juicio antimonopolio que desde hace casi una semana afronta Google (Alphabet) en la Corte de Washington promete sacudir los cimientos de Internet en cuanto la compañía convierta el ataque en su mejor defensa. Según las fuentes consultadas por elEconomista.es, en el debate judicial podría entrar en juego el debate sobre la gratuidad o no de los servicios, algo que estaba excluido del argumentario desde los principios fundamentales del gigante online.
¿Qué pasaría si el mejor buscador del mundo deja de ser gratuito? o ¿desaparecerían los problemas de competencia? ¿Qué preferirían los usuarios? Son cuestiones que flotan en el ambiente y que podría llegar a oídos de los inversores, hasta ahora poco inquietos por el litigio. De hecho, entre el pasado 12 de septiembre y el cierre de esta edición, la compañía se ha revalorizado el 1%, dato ciertamente elocuente sobre el alcance de una sentencia que inicialmente pretendía sacudir los cimientos de Internet. La primera conclusión del proceso pone de relieve el poder de una compañía cuyos exitosos servicios guardan íntima relación con la prosperidad de la considerada red de redes.
Hace más de 15 años, en una sobremesa, varios amigos intentábamos convencer a una persona bastante mayor para que usara Internet por primera vez. De repente, uno saltó con la receta mágica: “Es muy sencillo: solo tienes que aprender a teclear una palabra: Google”. Y tenía mucha razón. Lo cierto es que también podía haber dicho que probara a escribir Altavista, MSN Search (actual Bing), Yahoo! o incluso Ozú. Pero hay que reconocer que, ya por aquel entonces, el buscador fundado por Larry Page y Serguei Brin hace ahora 25 años despuntaba sobre todos los demás.
Google llega a este primer cuarto de siglo habiendo alcanzado el 90% de dominio en las búsquedas en Estados Unidos, una cifra que crece al 91% en el resto del mundo. Esa posición le convierte en la elegida por la práctica totalidad de empresas del planeta cuando éstas deciden invertir en publicidad en buscadores. La matriz de Google, Alphabet, reconoce que su principal fuente de ingresos es esa publicidad: ‘apenas’ 208.730 millones de euros anuales según su último ejercicio. El debate sobre el pago directo por los servicios parece excluido desde los principios fundamentales, pero el juicio sobre la compañía podría invitar a Google a defenderse con el ataque: ¿Qué pasaría si el mejor buscador del mundo deja de ser gratuito? ¿desaparecerían los problemas de competencia? ¿qué preferirían los usuarios?
Las celebraciones de este 25 cumpleaños podrían ensombrecerse por el juicio que las autoridades estadounidenses han iniciado contra la compañía y que puede prolongarse durante diez semanas. En la sala de un tribunal de Washington se pretende dilucidar si esa posición de incontestable dominio en las búsquedas por Internet ha sido limpia. Este juicio recuerda mucho al proceso que se inició hace más de dos décadas, en concreto en 1998, contra otro monstruo tecnológico. En aquella ocasión la causa iba fue contra Microsoft, por el predominio de su sistema informático Windows. Entonces, la compañía resultó vencida, pero alcanzó un acuerdo y no tuvo que disolverse.
“Este juicio sienta a la cuarta mayor empresa del mundo en capitalización bursátil y al líder de Internet mundial. El juicio oral está comenzando, pero el proceso de instrucción se ha alargado más de tres años, con todos los intentos previos de la tecnológica de no llegar al banquillo de los acusados”, resume Ángel Sopeña, CEO de Bluecell. El juez Amit P. Mehta debe valorar primero si es legítimo que Google reparta más de 9.300 millones de euros anuales entre los fabricantes de dispositivos -entre ellos Apple- para que su buscador fuera el predeterminado. Es la sospecha del abogado del Departamento de Justicia Kenneth Dintzer, que lleva el caso. Ésta es la principal baza que maneja, insistiendo en que esos acuerdos de exclusividad con operadores de redes y fabricantes de dispositivos impedían a los competidores de Google moverse en libertad real.
Uno de los abogados contratados por Google en su defensa es John Schmidtlein, copresidente de Williams & Connolly, un despacho especializado pleitos antimonopolio. A él le tocó hablar en la primera sesión del juicio y alegó que los pagos realizados a esas empresas son una compensación por el trabajo que realizan para garantizar que su software reciba actualizaciones oportunas, según informa Efe. “Los usuarios de hoy tienen más opciones de búsqueda y más formas de acceder a la información en línea que nunca”, explicó Schmidtlein, según recoge esta agencia. También recordó que Google había ganado concursos organizados por Apple y Mozilla en los que pedían a los usuarios elegir sus motores de búsqueda favoritos. Su argumento también parece claro y podría resumirse en algo así como: “Si nos eligen a nosotros, será porque sencillamente somos los mejores”.
En esto coincide el CEO de Bluecell: “El buscador de Google es el mejor. Cuando apareció en 1998 consiguió una posición dominante sin presuntamente saltarse ninguna ley y desplazó a los poderosos Yahoo!, Altavista, Hotbot o Lycos”. Y añade que, si hoy hiciéramos un test de usuario con todos los buscadores con marca blanca, seguro que Google ganaría por goleada siendo no solo el preferido, sino el que mejor resultado daría para una búsqueda.
Queda claro que nadie nos obliga a usar Google, pero también hay que reconocer que esa situación de dominio le ha permitido mejorar sus servicios de forma continua, por encima de las alternativas. Si Google es hoy tan grande y ‘generosa’ en servicios y opciones es precisamente porque ha contado durante todos estos años con esa situación de cuasi monopolio. Que vengan preinstalados sus servicios en cualquier dispositivo que adquirimos ya contribuye a ello. También facilita bastante las cosas que, por el simple hecho de introducir nuestra cuenta de correo electrónico de Gmail en un nuevo dispositivo, ya tengamos acceso a todos los servicios asociados a ella.
Al mismo tiempo, sería terrible que pudiera llegar el momento en el que no existiera competencia y tuviéramos que aceptar cualquier exigencia (de pago, de cesión de datos…) de la compañía en cuestión para poder seguir beneficiándonos de esos servicios. Hay que recordar que hablamos de unos servicios que muchos usuarios consideramos ya básicos en el día a día. Esa situación límite es la que el Gobierno de Estados Unidos se propone evitar ahora.
