Cualquier alteración del territorio de las cabeceras de la cuenca y de los aspectos cualitativos y cuantitativos de sus fuentes de agua modificaría los flujos existentes en la cuenca alta, media y baja.
Es por ello que no se deberían realizar actividades que impacten en el ecosistema de cuenca, y se debería asegurar la continuidad del agua en su ciclo natural, como sostiene un proyecto de Ley que fue elaborado por la Marcha Nacional del Agua y como intenta regular un proyecto de Ley elaborado por el congresista Modesto Julca.
Ello debiera ser así en conformidad con la Ley General del Ambiente, que considera a los humedales como ecosistemas frágiles, entre ellos las lagunas altoandinas y bofedales. Dicho aspecto además concuerda con lo estipulado en la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar, ratificada por el Estado Peruano.
Por añadidura, la Ley de Recursos Hídricos señala que “el Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas”.
El megaproyecto Conga
El Proyecto Conga se localiza aproximadamente a 73 km al noreste de la ciudad de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca. El proyecto explotará minerales con contenido de cobre, oro y plata de dos depósitos, Perol y Chailhuagón.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del megaproyecto Conga fue aprobado por el ministerio de Energía y Minas, a pesar de tener serios vacíos. En efecto, el documento no establece un balance confiable del volumen total del agua en el área del proyecto, según indica el informe de Robert Morán al respecto.
El EIA de Conga no aporta “ningún tipo de análisis hidrogeológico integrado sobre la extensión y características de los acuíferos y en general de las interacciones entre agua subterránea y el agua de superficie”, señala.
Asimismo, el EIA no presenta datos sobre el caudal de los manantiales ni la calidad de sus aguas, por ello no se podría demostrar los cambios que ocurrirían en ellos de operar la empresa.
Morán precisa que el EIA “compara la calidad de base del agua con estándares nacionales para agua de riego y crianza de ganado”, mas no con aquellos usados para el consumo humano o vida acuática que son más estrictos. Advierte también que las aguas que serán tratadas probablemente no serán adecuadas para el consumo humano ni cumplirían con criterios para la vida acuática, pues se procesarán dentro de estándares para agua de riego.
Por otro lado, señala que “las descargas de los efluentes de los desmontes y relaves de Conga tendrán que ser recolectadas y tratadas a perpetuidad (…), no sólo por 50 o cien años después del cierre” . “¿Qué entidad pagará, operará y mantendrá este complejo sistema de ingeniería una vez que cierre la mina?”, cuestiona Morán en el estudio.
Asimismo señala que en la mayor parte de países desarrollados no estaría permitida la operación de una mina que requiera un tratamiento perpetuo de las aguas. “Los costos futuros serán subsidiados por la población y las generaciones futuras” afirma, y añade que “los costos de operación y mantenimiento de una planta podrían estar entre uno y cinco millones de dólares por año, posiblemente en forma perpetua”.
Antes de que el Ejecutivo hubiera financiado un peritaje internacional para viabilizar el proyecto Conga, un informe del Ministerio del Ambiente del 2011, señalaba que “La evaluación de los humedales en el EIA del Proyecto Conga no ha sido efectuada desde un punto de vista ecosistémico”.
