La propia titular de Ministerio Público autorizó que se desembolsara dicho monto cuando el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) comunicó que asumiría los gastos de alojamiento, alimentación y traslados internos.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo en Brasil para participar en la XXXIV Reunión Especializada de Ministerio Públicos del Mercado Común del Sur (Mercosur). Dicho viaje fue autorizado en la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1956-2023-MP-FN, publicado en el Diario El Peruano.
Justamente, en ese documento se detalla que la titular del Ministerio Público permanecerá fuera del país por dos días, exactamente en la ciudad de Salvador de Bahía, desde el 16 hasta el 18 de agosto.
Según trascendió la funcionaria realizó el viaje en solitario y le costó a la Fiscalía de la Nación más de 9 mil soles por dos días y una noche en tierras brasileñas. En el documento antes mencionado, se aprecia que Patricia Benavides aprobó que el Ministerio Público desembolse US$2.607 a fin de que se ejecutaran los trámites necesarios para participar en el evento organizado por la Mercosur, un bloque económico integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1956-2023-MP-FNAsimismo, se conoció que todo esto fue autorizado durante la Junta de Fiscales Supremos, la cual ella preside y en la que argumentó que dicho viaje serviría para que se “fortaleciera la cooperación institucional y propiciara el intercambio de información y experiencias”.
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En la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1956-2023-MP-FN se lee que el monto total fue dividido en tres partes, US$1127 dólares fueron destinados para la compra de los pasajes a Brasil, de ida y vuelta, en tarifa económica. Para la subvención en viáticos por tres días se dispuso de US$1110, mientras que un monto de US$370 se utilizó por concepto de gastos de instalación. En total, el Ministerio Público gastó unos US$2607, que, al cambio actual, corresponde a S/9.671.86 soles.
Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 1956-2023-MP-FNMinisterio Público de Brasil iba a cubrir los viáticos
De acuerdo a la resolución citada, “el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) asumiría los gastos de alojamiento, alimentación y traslados internos referidos al desplazamiento de llegada y salida del aeropuerto, hotel y evento de los fiscales generales”.
Según esto, la Fiscalía peruana solo habría tenido que cubrir los gastos de pasajes aéreos, instalación y un punto especificado como “otros”, que se trata de “desplazamientos que no cubre la organización y se requieran para la realización de la comisión de servicios”.
Busca librarse de investigaciones
De otro lado, cabe recordar que la fiscal general, Patricia Benavides, realizó este viaje en medio de otra polémica tras presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), en la que solicita la nulidad de dos de “veinte investigaciones” que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a un “conflicto de competencias y atribuciones” que afectan las facultades asignadas al despacho que lidera.
Las pesquisas de las que busca librarse están asociadas a presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que sigue la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’; y al supuesto uso de su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico, y cuyo caso se encuentra en el Poder Judicial a esperas de atender pedido fiscal de archivarlo.
Ante ello, el JNJ se pronunció. En su comunicado, se lee que la demanda de Benavides afirma que las referidas investigaciones “interfieren en los ‘actos de gobierno’ de la fiscal de la Nación [y] busca, en consecuencia, limitar la competencia disciplinaria para que no pueda investigar infracciones producidas en el marco de actos de gestión o administración interna, como nombramientos, remociones de personal u otras análogas”.
Por lo que, en el siguiente punto, el organismo se declaró respetuoso de “la autonomía del Ministerio Público”, de manera que “no interfiere en los actos de gobierno de la fiscal de la Nación y no afecta ninguna de sus competencias de orden administrativo o de cualquier otro orden”.
