Charles Acelor, quien en 2006 recibió una condena de 15 años de cárcel, solicita la reparación ante un tribunal internacional. Erick Villaverde, procurador del Ministerio de Justicia, lo denunció por falsedad de documento
Charles Acelor, condenado junto con el exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos, por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), busca ahora que el Estado peruano lo repare con US$ 7500 millones mediante un documento que incluye firmas falsas y que ha sido presentado ante un tribunal internacional, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.
El empresario francés fue sentenciado en 2006 a 15 años de cárcel, cinco menos de los que recibió Montesinos, considerado culpable de adquirir armas en Jordania y venderlas a las FARC en 1999, lo que implicaba que cometió delitos de violación de la soberanía de un Estado extranjero, conspiración política y suministro ilegal de armas a grupos subversivos.
De acuerdo con un documento citado por el dominical, el 25 de enero del 2022, Acelor presentó un acta de Conciliación en la que el Perú prácticamente le pidía perdón por procesarlo, condenarlo y encarcelarlo “injustamente […] en violación de sus derechos humanos”.
El oficio lleva la rúbrica del abogado Diego León, quien figura como su defensor legal; del procurador público supranacional Carlos Reaño; y del notario de Pucallpa, Octavio Telada. Estos dos últimos señalaron que sus firmas fueron adulteradas.
01-01-1970 Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori POLITICA LATINO NEWS-CONTACTO PHOTO“Debe haber sido extraída de un documento anterior firmado manualmente o es una firma falsificada y, para ello, la Fiscalía debe determinar con perito. Más allá de que sea una firma copiada o no, no he suscrito en ningún momento un acuerdo de reparaciones. Si no lo he invitado a reunirnos, tampoco he firmado un acuerdo de conciliación amistosa en estas fechas. Además, tiene inconsistencia”, declaró el procurador.
A la fecha, Acelor se publicita como presidente de una corporación global de distribución de energía, hace énfasis en que su esposa, Giselle Augusta, es dueña de una compañía que fabrica helicópteros, y muestra su éxito en fotografías que intentan dejar atrás su oscuro pasado en Perú.
La conciliación, calificada como apócrifa, también establecía la anulación de sus condenas y el plazo para que se efectuara su reparación a través de cuentas en el Union National Bank. Sin embargo, como el Estado peruano nunca tomó conocimiento del acuerdo, el excancerlado cómplice de Montesinos demandó al país ante la sede del Tribunal Arbitral Internacional (Nueva York) por incumplir el requerimiento.
Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos quedarían a cargo del Ministerio Público cuando fallezcan en prisión. (Foto: AFP)Fue en junio del año pasado. Erick Villaverde, procurador del Ministerio de Justicia y el encargado de seguir la denuncia, solicitó entonces al tribunal que se archivara el pedido, aunque finalmente el controversial documento fue admitido a trámite en su sede en Londres (Inglaterra).
La Procuraduría ha debido destinar más de un millón de dólares para contratar con un estudio de abogados en Inglaterra que defienda al Estado peruano de este “absurdo” de Acelor, quien además ha sido denunciado por Villaverde ante el Ministerio Público por falsedad del documento.
El empresario ha comparecido en una audiencia por Meet, pero se ha reservado de comentarios, según el dominical. Su abogado también se ha negado a dar explicaciones. “Consideramos injusto que Perú pueda pensar en pagar US$7.500 millones en una pretensión contenida en un documento que es falso”, dijo el representante de Justicia, quien recibe amenazas anónimas contra él y su familia.
El caso contra Montesinos y Acelor fue abierto en agosto del 2000, cuando el exdictador Alberto Fujimori presentó a su exasesor como el artífice del supuesto desmantelamiento del tráfico de 10.000 fusiles AKM jordanos a las FARC, un hecho que fue negado posteriormente por el Gobierno de Bogotá.
La sentencia fue considerada clave, ya que junto con otros casos pendientes relativos a narcotráfico y violación de los Derechos Humanos, implicaron condenas iguales o superiores a 20 años.
