Fernando Tuesta: “Lo que viene es dejar de ser una democracia que ya es, por sí sola, deficiente, endeble”

La captura que pretende llevar adelante el Congreso en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es analizada por el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla. Señala que estamos frente a una alianza política de corte mafioso. Y advierte que la concentración del poder deriva en el poder absoluto.

-El avance del Congreso sobre la JNJ es una mala noticia para la maltrecha democracia peruana. ¿Cómo evalúa la situación?

-Es muy grave. No encuentro un paralelo desde la década de los 90, con sus diferencias. Esa vez todo era encabezado por un presidente de la República. Ahora lo hace un Congreso empoderado, una coalición que en poco tiempo está llevando al país a una crisis institucional que puede llevar a la ruptura del Estado de derecho. Los congresistas no entienden de qué se trata esto. Un Estado de derecho no es un poder por encima del resto, que fiscaliza y controla a todos sin límites, en el que los fiscalizadores no son fiscalizados. Es una situación alarmante que ha llamado la atención internacionalmente, pero, lamentablemente, no ha sido así en la mayoría de los grandes medios de comunicación. No se trata solo de informar, sino de señalar que estamos en el límite. Lo que viene ya es dejar de ser una democracia que ya es, por sí sola, deficiente, endeble.

-Uno de los argumentos que esgrimen desde el Congreso es que nadie está exento de fiscalización. ¿Le parece que tienen razón?

-Claro, el argumento es que nadie está exento de control. Pero en una democracia y en la organización política en el Perú, existen autonomías y mutuos controles. Pero hemos visto cómo se destituye a una fiscal como Zoraida Ávalos por decisiones que pueden ser cuestionables…

-Pero tomadas en el ejercicio de su función.

-Así es. Y es lo que ocurre en el caso de la JNJ. Y es lo que puede ocurrir con los organismos electorales. Y esto es avalado por una institución que es hija de esta coalición y esta forma de entender la política: el Tribunal Constitucional (TC). Entonces, estamos llegando a un estado de desamparo casi absoluto, con instituciones totalmente subordinadas al Congreso, a ese núcleo que hoy es sostén del Gobierno.

-No hay que perder de vista que la JNJ nombra a jueces y fiscales y decide la ratificación o puede nombrar a los nuevos jefes de la ONPE y el Reniec.

-Si se hace un mapa de las instituciones, ves que el TC avala inconstitucionalmente muchas de las acciones del Congreso. Luego, tienes a un defensor del Pueblo, nombrado por el Congreso, con actuaciones que lo descalifican. Pero no solo eso. La JNJ ratifica o separa a jueces y fiscales. Imaginemos que sus miembros son separados. ¿Quiénes van a entrar? Se decide en un concurso público, encabezado por ese mismo defensor del Pueblo. Y como bien recuerda, además, la JNJ designa al jefe de la ONPE y Reniec. Pero vayamos más allá. Al presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo quieren destituir. Imaginemos que no puedan al final hacerlo, él igual deja el cargo en poco más de un año. Pregunto, ¿existirá en la Corte Suprema alguien que quiera pasar lo que está pasando el presidente del JNE?

-Es complicado.

-Mucho. ¿Quién quisiera pasar por ese calvario atentatorio contra la reputación personal?

-Amenazas de muerte incluidas, además.

-Sin duda. Con denuncias de todo calibre, que configuran un acoso político que no se ha visto nunca. Y esto, de cara a un proceso electoral, el 2026 en teoría, sin casi reformas. Los congresistas solamente se preocuparon de hablar de reformas en la crisis post intento de golpe de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Una vez que las manifestaciones cayeron en intensidad, se olvidaron del tema. Y en el único momento en que lo recuerdan es para plantear dos medidas como la bicameralidad y la reelección. Yo las comparto, pero resulta que de cara a los ciudadanos se ve…

-Como una manera de mantenerse en el poder.

-Efectivamente. Entonces, lo que uno ve en estos momentos no es una coalición solo de partidos y bancadas. De hecho, más de 40 congresistas ya se alejaron de sus bancadas de origen. Muchos legisladores, claramente, son portadores de intereses mercantilistas, cuando no mafiosos.

-¿Qué tipo de alianza es, entonces?

-Esta es una alianza política, ideológica y mafiosa. Hay múltiples acuerdos y niveles en donde todos tienen algo por ganar: yo te apruebo que los maestros desaprobados ingresen y tú me apruebas tumbarnos a la JNJ; yo te protejo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y tú me apruebas el proyecto. En esa coalición se sirven entre ellos, menos a los ciudadanos. Más aún con la reciente declaración pública de Barata, donde compromete a varios. Hay incentivos para autoprotegerse.

-En esta coalición de intereses mercantilistas y mafiosos, como la ha definido, ¿qué papel ocupa la presidenta Dina Boluarte?

-Boluarte tiene un problema de origen, que está centrado en la manera tan terriblemente costosa como enfrentó las movilizaciones en contra de su Gobierno. Más allá de las intenciones de quienes se movilizaban, el costo de muertes le genera una carga por la que, esperemos, en algún momento tenga que rendir cuentas. Y eso la hace mucho más frágil. Es completamente dependiente del Congreso, ella no vive sin el oxígeno del Congreso. Los cambios ministeriales son una muestra, ni siquiera de un pacto, sino de una subordinación. Acá no hay un pacto entre Ejecutivo y Congreso: lo que hay es una subordinación del Ejecutivo al Congreso. Con los cambios constitucionales, con los cambios que se han hecho en el reglamento, no hay poder mayor que el del Parlamento. Y hay que recordar que la concentración del poder lleva al poder absoluto, y eso está fuera de lo que es una democracia.

-Algo que se repite es que, en contextos como estos, el contrapeso debería venir desde los ciudadanos. ¿Ve posible que haya una respuesta?

-Hay un nivel de hastío y de cansancio y de falta de liderazgo en las movilizaciones ciudadanas. Movilizarse es un instrumento de acción política, pero es cierto que hay un desgaste. Esto no quiere decir que las cosas se mantendrán igual. Tenemos tres años todavía con este Gobierno y Congreso, en un contexto en el que los ciudadanos sufren problemas como la inseguridad o la economía, que no son respondidos. No es un Gobierno que da confianza. Las cosas podrían cambiar de rumbo y de intensidad.

Fuente: La República