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Fiscalía allanó el Pentagonito y otros siete cuarteles por caso de corrupción

Incursión nacional. Intervención que contó con participación de la PNP fue en San Borja, Trujillo, Huanchaco, Huamachuco, Piura, Huaraz y Huaylas, por contratación a una empresa de transporte que ni siquiera contaba con los vehículos requeridos.

Operativo. El objetivo del allanamiento a los cuarteles del Ejército fue retirar toda la documentación relacionada con los contratos de transporte. Foto: difusión

La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios y la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional intervinieron en conjunto el Cuartel General del Ejército, más conocido como Pentagonito, en San Borja, y otras siete grandes unidades militares en distintos puntos del país.

El propósito de la operación simultánea fue obtener información documental sobre las contrataciones que hizo la institución castrense para el servicio del transporte de las tropas que darían seguridad a las instalaciones de votación durante las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre de 2022.

La indagación se inició con los contratos que efectuaron la 3° Brigada de Fuerzas Especiales (Tarapoto), 32° Brigada de Infantería (Trujillo) y la 7° Brigada de Infantería (Chiclayo) con la firma Corporación CAGE. Los comandantes generales de las tres reparticiones militares eligieron a dedo a la misma empresa.

Lo sorprendente es que Corporación CAGE, cuyo dueño es Jaimito Mego Díaz, había inscrito su compañía en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con solo S/1.000, pocos días antes de los contratos con el Ejército por S/4.4 millones.

 Proveedor. El empresario cajamarquino Jaimito Mego Díaz. Foto: composiciónLR

Proveedor. El empresario cajamarquino Jaimito Mego Díaz. Foto: composiciónLR

Los generales de brigada EP Wilfredo Gallegos Rengifo (Tarapoto), César Claudet Morote (Trujillo) y Henry Acosta Burnuy (Chiclayo) fueron los que firmaron los contratos de servicios.

Las pesquisas iniciales determinaron la existencia de una presunta concertación de autoridades militares para contratar directamente a una empresa –Corporación CAGE– que incumplía con las especificaciones técnicas, y que incluso no contaba con los vehículos que se necesitaban para el transporte de los efectivos militares.

Ante la sospecha de que esta modalidad de concertación para la contratación de un solo proveedor no calificado se haya repetido en otras unidades militares, el fiscal especializado en corrupción de funcionarios Roberto Lecaros Alvarado solicitó al magistrado titular del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo, Jenner Vásquez Martínez, la intervención de ocho reparticiones castrenses, empezando por el Cuartel General del Ejército.

En el caso del Pentagonito, fiscales y policías ingresaron a la Dirección General de Gestión Administrativa para la Defensa, y a las oficinas de Presupuesto, Administración y Logística, ubicadas en el segundo piso.

También intervinieron en las oficinas de Operaciones y Administración de la sede de la Comandancia General de la 1° División del Ejército, en Piura, y en las instalaciones del Fuerte Militar Matacaballo, en Sechura, Piura, para dirigirse a la Compañía de Ingeniería Anfibia 111 y la Compañía Especial de Comandos 111.

Los cuarteles del Batallón de Infantería Motorizado BIM 37 (Huanchaco, Trujillo) y el Batallón de Infantería Motorizado BIM 323 (Huamachuco, La Libertad), también fueron incursionadas por las autoridades que buscan evidencia documental sobre los contratos de servicios durante las elecciones del 2 de octubre de 2022.

En el barrio de Quinuacocha en el distrito de Independencia (Huaraz, Áncash), fiscales y policías ingresaron en el establecimiento del Batallón de Infantería Motorizado n° 6. También en el Batallón de Ingeniería n° 32, situado en el distrito de Caraz (Huaylas, Áncash).

El mismo fiscal Roberto Lecaros ejecutó el allanamiento a las instalaciones de la 32° Brigada de Infantería de Trujillo.

Según fuentes fiscales, el general César Claudet recomendó al excomandante general del Ejército Walter Córdova Alemán contratar sin licitación el servicio de transporte para movilizar a los efectivos militares el día de las elecciones porque la institución castrense no contaba con los vehículos requeridos.

El jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel EP Enrique Malca Leo, opinó a favor del pedido del general Claudet, por lo que Walter Córdova dio luz verde. Casi de inmediato, Claudet y Jaimito Mego suscribieron el primer contrato por S/2 millones 163.600.

Empresa de S/1.000

Jaimito Mego Díaz ganó contrato de S/4.4 millones a solo días de haber inscrito su empresa en Sunarp. Excomandante general del Ejército Walter Córdova Alemán autorizó contrataciones directas

 

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