Después de varios años, el brazo de la justicia por fin alcanzó a las dos figuras más poderosas del ambiente político local de los últimos años. A pesar de los intentos por desligarse de las acusaciones, el exalcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, y el expresidente regional, Juan Manuel Guillén Benavides, terminaron condenados por actos de corrupción aunque, paradójicamente, exceptuados de la cárcel.
Ambos son considerados los rostros más influyentes en las dos primeras décadas de este siglo, que llegaron al poder sin muchas dificultades. En su momento, gozaron de un fuerte respaldo popular que les permitió, a su vez, conformar dos proyectos políticos exitosos: ‘Arequipa Renace‘ y ‘Arequipa, Tradición y Futuro‘; expandiendo su presencia más allá de las fronteras locales y vigentes hasta hace poco.
Pero la corriente se volvió en su contra. Alfredo Zegarra Tejada, elegido alcalde de Arequipa en dos ocasiones consecutivas, acaba de recibir una segunda sentencia del Poder Judicial, sumando así dos penas suspendidas. Además, de tener el impedimento de no volver a ocupar jamás un cargo público.
Un destino paralelo que comparte también Juan Manuel Guillén Benavides. El expresidente de la región acabó sepultado en denuncias por las decisiones que tomó mientras estuvo al frente del Gobierno Regional de Arequipa. Al momento, tiene acumulada dos prisiones suspendidas e iba sumar una tercera, pero consiguió la prescripción de su caso.
Zegarra: condenado e inhabilitado de por vida
Alfredo Zegarra Tejada acabó envuelto en serias acusaciones tras dejar la alcaldía de Arequipa que ocupó entre el 2011 y 2018. Se le abrió proceso por favorecer la depredación de la campiña, promover el tráfico de tierras y de coludirse para direccionar contratos.
Por estos tres casos lo llevaron a juicio y en dos de ellos ya fue sentenciado. Alfredo Zegarra recibió 3 años y 6 meses de prisión suspendida por el delito de otorgamiento ilegal de derechos. También quedó inhabilitado por el mismo periodo de la pena y deberá pagar una reparación civil de 30 mil soles.
La acusación se basa en la aprobación del Plan Específico que llevó a la depredación de la campiña arequipeña y a la construcción de la sede de la Universidad Continental, en el 2014. El entonces alcalde introdujo en último momento y en la última sesión del Concejo Municipal, la aprobación de este documento, sin mayor análisis.
De esta manera, distrajo a los concejales y consiguió que votaran a favor del Plan Específico, cuando pensaron que votaban por la intangibilidad de los terrenos para el eco parque metropolitano. En consecuencia, las tierras agrícolas del predio La Canseco, en José Luis Bustamante y Rivero, cambiaron de denominación de uso, lo que permitió después se construya la sede de la universidad Continental. Además hubo una millonaria venta de estos terrenos que no fue investigada. La sentencia se ratificó en octubre de 2021, pese a las apelaciones que hizo.
La siguiente condena que recibió fue de 5 años de prisión suspendida por el caso de tráfico de tierras en la asociación Jardines de Chachani. Aquí los jueces determinaron que el exalcalde quede inhabilitado de por vida y no vuelva a ejercer cargo público alguno. Adicionalmente, tendrá que pagar 15 mil soles como indemnización al Estado y cumplir reglas de conducta.
El colegiado lo halló responsable de cometer el delito de cohecho pasivo propio. Es decir, haber transgredido sus funciones para expropiar terrenos a la propietaria Yeny Vargas Ortega y entregárselos a los dirigentes William y Pepe Merma Valencia, quienes luego los traficaban inescrupulosamente. A cambio, el exalcalde recibiría el apoyo electoral que requería para ganar las elecciones del 2014 y así prolongar su gestión por otros 4 años.
Alfredo Zegarra Tejada fue acusado de utilizar a sus funcionarios para favorecer a unos dirigentes ocuparon ilegalmente los terrenos y además, propiciaron una serie de conflictos por la venta de lotes y el desalojo violento a los poseedores. Un caso cuya operación se catalogó de organización criminal y cuyo juicio de primera instancia culminó el pasado 11 de setiembre.
Una condena más se avecina
Una tercera condena podría sumarse a esta lista. Zegarra enfrenta 6 años de cárcel por un supuesto direccionamiento por la entrega de la buena pro al consorcio GR Arquitectos, para la elaboración del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Este documento rige el crecimiento urbano de la ciudad y a su vez asegura la conservación de la campiña. Pero el PDM que Zegarra aprobó no cumplía estos fines. El documento acabó cuestionado por todas las entidades especializadas y acabó paralizado por orden judicial.
La Fiscalía sostiene que el burgomaestre se coludió con los empresarios españoles para hacerles entrega del proyecto. Uno de los implicados, Ángel María Chavez, se ha declarado culpable, lo cual podría perjudicarlo. El caso está en pleno debate y se espera que el juicio culmine pronto.
Guillén: entre sentencias y prescripciones
En lo que respecta a Juan Manuel Guillén Benavides, el expresidente regional se libró recientemente de una condena de 3 años suspendida. Se acogió a la “Ley Soto” para que su proceso por negociación incompatible prescriba y no se le investigue más por ello. Por lo que, antes de que se pronunciara la Sala Penal de Apelaciones, el caso se envió al archivo.
Pero cabe mencionar que, durante el juicio de primera instancia, el juzgado lo declaró culpable y le ordenó inclusive pagar solidariamente una reparación civil de 100 mil soles junto al otro sentenciado, Jorge Luis Aguilar.
Para el Poder Judicial quedó acreditado que el expresidente regional de Arequipa y exrector de la UNSA, infringió sus deberes y permitió que sus funcionarios suscriban más de 70 contratos directos para la ejecución de proyectos entre el 2012 y 2014, sin procesos de selección y en contravención a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Por este caso, recientemente se ha sentenciado su exgerente general, Jorge Luis Aguilar a más de 4 años de prisión.
No es la única sentencia que lleva acumulando. También recibió una sentencia de 2 años y 11 meses de pena suspendida por el delito de colusión simple en el caso Arequipa – La Joya.
La exautoridad regional recibió esta pena por las irregularidades detectadas en la ejecución de los estudios de factibilidad de la emblemática obra vía Arequipa – La Joya. Según la acusación fiscal, Guillén Benavides concertó directa e indirectamente con empresarios españoles para direccionar el proceso de contratación a favor del consorcio Ingeniería Arequipa – La joya.
Este proceso es de los más largos y complejos que afronta desde el 2019, cuando el juez Manfred Vera admitió el pedido del Ministerio Público. Inclusó sufrió prisión domiciliaria de varios meses antes de que se llevara a juicio al expresidente regional de Arequipa. Finalmente, el juez Eddy Leva lo procesó y sentenció por este caso.
Delito ambiental y Puente Chilina
Asimismo, Guillén también registra una condena de 2 años de prisión suspendida por el delito de contaminación ambiental ratificada en el 2021. Este caso llegó incluso hasta la Corte Suprema dándole la razón al Ministerio Público.
En este proceso, a Guillén Benavides se le acusó de aprobar una ordenanza que permitía trasladar las curtiembres al parque industrial de Rio Seco, pero sin tener las condiciones para tratar los desechos. Finalmente, las aguas residuales acabaron contaminando la quebrada de Añashuayco y afectando a la población adyacente.
Están pendientes los procesos derivados de la obra Puente Chilina, donde se ha denunciado una serie de actos irregulares que terminaron favoreciendo a algunos propietarios de los terrenos aledaños. Un negocio millonario que tampoco se ha investigado a fondo. También hubo acusaciones por sobrevaloración y mala ejecución, en su momento.
Así, aunque ambos políticos tuvieron ideas y pensamientos diferentes, al final terminaron con más rasgos en común, que diferencias. Su gestión no aportó grandes cambios a la ciudad y más bien generó perjuicios; su ambición política desmedida acabó sepultándolos.
