Francisco Morales Saravia: “Vacancia presidencial y cuestión de confianza deben eliminarse”

El titular del TC, Francisco Morales Saravia, fue uno de los invitados centrales de un cónclave de constitucionalistas que organizó la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. En su alocución, hizo una defensa de la Constitución de 1993. Dijo que esta carta ha recogido la esencia de la de 1979, sobre todo en derechos humanos e incorporó conceptos de la libertad económica. Sin embargo, se concibió en un Gobierno autoritario, el de Alberto Fujimori, que no tenía necesidad de interrumpir la marcha democrática pese a los desafíos del terrorismo y la crisis económica. En ese Gobierno, dijo, hubo corrupción y autoritarismo.

—En su exposición ha defendido la Constitución actual. ¿No cree que el capítulo político necesita reformas? ¿Hay una inestabilidad que se atribuye a varios artículos de esta Carta Magna?

—La inestabilidad política es producto de los políticos. El año 2000 asume el presidente Valentín Paniagua y en los tres sucesivos Gobiernos hubo relativa estabilidad en las competencias del Ejecutivo y Legislativo. Luego se agudiza la crisis. Más que crisis normativa, es una crisis de la élite política. Tenemos muchos políticos que no saben hacer política. Podríamos tener esta Constitución u otra, pero igual el sistema jurídico volaría en pedazos. El diseño constitucional actual es bueno, con un presidente de la República y competencias amplias. No hay ningún funcionario público en el Perú que tenga más poder que el jefe de Estado.

—Todo lo contrario, ahora dicen que nuestro régimen político es parlamentarista.

—No, en absoluto. Invito a sus lectores a que comparen entre las competencias del presidente de la República, más de veintitantas, y las demás que correspondan a la ley, y las del Congreso.

—Pero el Congreso lo puede vacar.

—Esta figura se usa cuando se le vaca a Alberto Fujimori por su renuncia. Desde ahí no se volvió a usar más. Ahora, ¿si usted me dice que reformarán la Constitución para eliminar la vacancia? Bueno, eso podría ser. El diseño del régimen político de la Constitución de 1993 no es malo. Lo que pasa es que no se sabe utilizar.

—Pero se deberían tener interpretaciones más precisas. Por ejemplo, la incapacidad moral se utiliza como argumento permanente para sacar a un presidente. Es un criterio muy subjetivo.

—Evito pronunciarme sobre eso. Eventualmente, el caso podría llegar al Tribunal Constitucional. Claro, es bastante amplia (la interpretación), se presta más a los juegos políticos, pero ahí viene la responsabilidad. Usted recordará que en la crisis del golpe de Estado del 7 de diciembre hubo una sucesión de pronunciamientos, opiniones de partidos, incluso de la propia presidenta, para adelantar las elecciones, se presentaron proyectos de ley. Era una alternativa, pero conforme pasó el tiempo uno se da cuenta que hay cosas que podrían hacerse en un momento y otras no. Le pregunto: ¿qué le conviene al Perú? Le conviene que los partidos políticos se preparen, alisten a sus candidatos, nos enseñan los planes de gobierno y para eso se requiere tiempo. La dinámica política en el Perú debe pasar de una confrontación cainita (de Abel y Caín) a una política de desarrollo, de progreso, de acuerdos importantes. Por ejemplo, la liberalización de la migración; estos niveles de violencia nunca los hemos tenido. Ahí debe haber un acuerdo político. Las instituciones públicas y ciudadanía debemos llamar a quienes detentan el poder a que se pongan de acuerdo en los grandes temas y dejar de pelear.

—Sobre el equilibrio de poderes que prevé la constitución del 93, el TC resolvió a favor del Congreso en la demanda sobre la cuestión de confianza. Eso para muchos analistas rompió el equilibrio de poderes. El Parlamento decide cuando hay rechazo, rehusamiento o negación de cuestión de confianza.

—Quienes dicen eso no conocen, no revisaron bien la Constitución. Es un sector de docentes de Derecho Constitucional de una universidad limeña que tiene esa tesis, la de que el Congreso tiene el arma de la vacancia y el Ejecutivo la disolución. Desde la teoría, eso es falso, la vacancia tiene que ver con el estatuto presidencial, condiciones para elegir al presidente, sus atribuciones y cese del mandato. La denegación de confianza tiene que ver con la relación de gobernar, cuando el gobernante está en una confrontación y va a una doble denegación de la confianza y el Congreso tiene que estar consciente que quiere resolver la crisis política por las elecciones. ¿Eso qué tiene que ver con la vacancia? La lectura que hicieron ellos es muy cerrada.

—Bajo esa perspectiva de que el Congreso interpreta cuando es confianza o no nunca se le podría disolver.

—El Congreso no interpreta nada. Da o no da la confianza, es la única posibilidad. Obviamente, no querrán ser disueltos, pero pongámonos en la hipótesis de que hay un Parlamento que dice: vamos a unas elecciones y te vamos a ganar, Ejecutivo. Esta es una figura traída del parlamentarismo y en el parlamentarismo las crisis políticas se resuelven en elecciones. Un mandato de cuatro años se pueda acortar a dos o un año, tiene esa flexibilidad. Pero esta figura distorsiona el modelo presidencial. Ya no le hablo como magistrado sino como profesor de Derecho Constitucional y usted me pregunta: ¿el Perú debe ser presidencialista o parlamentarista? En su tradición, es presidencialista. Entonces, una figura como la denegación de confianza distorsiona el modelo. Por tanto, esta debería eliminarse. Por otro lado, usted me dice que el presidente debe tener estabilidad en su gobierno, también se debe eliminar la vacancia. Son figuras que han distorsionado la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.

—En la historia del Perú no se recuerda un periodo así, con Congresos que tramitan de manera permanente la vacancia.

—Totalmente de acuerdo con usted. Es una mala práctica. Esa figura antes no se usaba, ahora sí, en ambos sentidos tuvimos una perversión. En el caso de Vizcarra y de algunas fuerzas políticas que en cada momento plantean la vacancia. Entonces, el presidente o la presidenta tiene que distraer esfuerzos y energías tratando de parar a que no se forme una coalición vacadora.

—¿Ante esta inmadurez política las leyes ofrecen alguna contención?

—Es un problema de conducta y quehacer político. Tenemos que formarnos, educarnos y prepararnos. Mientras esas condiciones no cambien, ninguna Constitución o ley nos garantizará una estabilidad política importante.

—En este evento, el abogado argentino Jorge Alejandro Amaya habló del juicio político a magistrados, que estos no pueden ser procesados por sus fallos. El Congreso, a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional, tiene carta libre para iniciar juicio político a magistrados, por ejemplo, al jefe de la ONPE o al presidente del Jurado.

—El juicio político es una figura que viene desde el siglo XIX y principios del XX. Y que a nivel de la doctrina hay algunos partidarios y otros plantean su eliminación.

—Pero el especialista argentino acaba de decir que el juicio político a magistrados no debería aplicarse, incluso hay un exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido.

—Claro, si usted me dice a mí como magistrado del Tribunal Constitucional. Hoy el coordinador parlamentario me mandó un mensaje sobre la improcedencia de una acusación constitucional contra tres magistrados del TC por un caso equis. Uno no debería ser juzgado por emitir un fallo.

—¿No es la misma condición de los miembros del Jurado?

—De todos los altos magistrados, incluso de los jueces de la Corte Suprema, el problema es que está en la Constitución (…).

—¿Debería cambiar?

—Podría cambiar. Yo no digo ni debería cambiarse ni nada, soy el custodio de esta Constitución.

—¿Usted sostiene que esta Constitución tuvo un origen cuestionado y que posteriormente se ha ido legitimando.

—Una legitimidad de ejercicio. Seamos realistas, ¿qué Constitución nos rige actualmente? La del 93. Por ejemplo, el caso de la concentración de medios de comunicación, que se ha judicializado. La demanda del conglomerado de diarios invoca a la Constitución del 93 o cuando se despide a alguien. Las inversiones mineras o financieras hacen contratos en función a este ordenamiento. Nadie se niega al cambio, lo único permanente es la Biblia. Pero, por otro lado, quienes quieren cambio constitucional hasta ahora no presentan un proyecto alternativo. O sea, quieren ir a una Asamblea Constituyente para ponerse de acuerdo.

“Nosotros no obedecemos a ningún poder”

—Hay la sensación de que las normas están siendo interpretadas de acuerdo al antojo de quienes hoy detentan el poder. Le cito el caso de Boluarte. Para muchos analistas, ella no puede viajar porque la Constitución no prevé el trabajo remoto. Empero, el Congreso aprobó una ley para permitirle viajar cuando debió hacerse una reforma constitucional.

—El Congreso es un órgano de poder. El poder del pueblo está representado ahí en sus diversas corrientes. En este momento hay una demanda que está en el Tribunal Constitucional cuestionando esa ley. Vamos a evaluar su admisión, habrá una contestación, audiencia pública y emitiremos un juicio interpretativo.

—También se ha comentado mucho la dependencia que miembros del TC tienen con relación al Congreso, le han dado la razón en varias demandas.

—(Sonríe) Cuando acusaron de traición a la patria al expresidente Castillo, el tribunal le dijo al Congreso que no podía hacer eso. Hace meses, repusimos a un trabajador despedido por el Legislativo. No obedecemos a ningún poder. Ni al congreso, Ejecutivo, ni al Poder Judicial. Somos independientes, nuestras decisiones son fruto de un debate interno, jurídico profundo y decisiones en conciencia.

—Sí han hecho una exhortación para que los jueces puedan ser procesados si es que hacen control constitucional.

—No, lo que dijimos es que había jueces que estaban excediéndose en una competencia. Usted se está refiriendo puntualmente al caso del defensor del Pueblo. Gracias a la decisión del Tribunal Constitucional, hay un defensor del Pueblo.

—Pero con varios cuestionamientos.

—Todos podemos ser cuestionados. Los funcionarios públicos estamos para que se nos critique y para que también se reconozca. La labor pública siempre es ingrata, infelizmente. El punto clave es que no podemos acostumbrarnos a la informalidad. Desde la creación de la Defensoría del Pueblo solo hubo cuatro defensores legitimados en su elección congresal. Todos los demás fueron encargados por casi cinco años.

—No se ponen de acuerdo en el Congreso.

—La decisión del juez, lejos de contribuir al afianzamiento del sistema democrático, lo que permitía es una perpetuación de la informalidad, donde un funcionario que no tenía una elección por mandato directo de la Constitución, ejercía el poder de esa institución. Los miembros del TC hacemos votos para cuando terminemos nuestro mandato, inmediatamente se forme la comisión. Está bien, existe la informalidad económica, pero en las instituciones no, pues.

—¿Cómo están manejando su carga procesal?

—Tenemos un local que se está implementando. En carga procesal estamos abordando los 4.000 casos resueltos este año. Superaremos esa meta. En Arequipa, el local de la calle Misti vamos a repotenciarlo para que durante todo el año haya actividades en materia constitucional con la ciudadanía, con las universidades, y vamos a aumentar las salas el próximo año.