La Procuraduría Ad Hoc “Lava Jato” manifestó su preocupación tras la suspensión del fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso “Lava Jato”. La institución advirtió sobre las posibles consecuencias negativas que dicha decisión podría acarrear a los procesos penales vinculados al caso de corrupción más significativo en la historia del Perú, afectando más de 160 procesos penales, incluyendo juicios orales como los de Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Martín Vizcarra, así como procesos de colaboración eficaz en curso, los cuales permiten que a través de acuerdos los acusados colaboren con la justicia, revelando información e identificando más responsables.

El organismo expresó solidaridad con Vela Barba, quien había desempeñado esta función durante más de cinco años, y con el resto de fiscales del equipo. Se resaltó la trascendencia en la investigación de los involucrados en el caso de corrupción, enfatizando la crítica etapa de los 5 juicios orales, 15 procesos con acusación fiscal que se encuentran en control judicial y alrededor de 50 procesos de colaboración eficaz que están en trámite.

Fotografía de archivo de uno de los fiscales que lleva el caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela EFE/Hedeson Alves

En un llamado a la acción, la Procuraduría solicitó a la Junta Nacional de Justicia y la Junta de Fiscales Supremos que asuman medidas para asegurar la continuidad e integridad de las investigaciones del caso “Lava Jato”. Se busca evitar más impactos que puedan comprometer el avance apropiado de los procesos, en medio de alegaciones de corrupción que también involucran a la Fiscalía de la Nación y a funcionarios de otras instituciones. Además, recordó la obligación del Estado peruano de cumplir con tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la OCDE, lo cual implica la necesidad de investigar y sancionar de forma efectiva los delitos de corrupción.

En el comunicado, también se ha destacado el rol del Perú en su adhesión a la OCDE y la adopción de las recomendaciones de su Grupo Anticohecho, que buscan fortalecer el combate a la corrupción tanto a nivel nacional como transnacional. Por último, la Procuraduría Ad Hoc reafirmó su compromiso con una lucha real y efectiva contra la corrupción y la impunidad en el país, invitando a los actores del sistema de justicia a actuar con diligencia y respeto por las leyes vigentes, en concordancia con los valores democráticos y el Estado de derecho.

Procuraduría pide medidas a la JNJ y la JFS de la Fiscalía de la Nación para proteger las investigaciones en el caso Lava Jato. (Composición Infobae)

Casos contra expresidentes en riesgo: Humala, Vizcarra y Toledo

La procuradora ad hoc Silvana Carrión señaló que la eventual suspensión de Vela por 8 meses, durante la etapa crítica de juzgamiento, afectaría la sustentación de las acusaciones en los tribunales. Los procesos liderados por Vela se encuentran en una fase avanzada, donde tras años de investigación, están por ingresar a la etapa de juzgamiento. Carrión subrayó la importancia de que el fiscal que ha seguido el caso desde sus inicios sea quien lo defienda ante el juzgado penal, destacando el riesgo de que los casos de corrupción no sean exitosos si es que otra persona tiene que tomar el relevo. Esta situación podría entorpecer y eventualmente debilitar las acusaciones hacia los implicados, dada la complejidad y la envergadura de los delitos investigados.

La procuradora Carrión resaltó además las críticas sobre la duración del caso Lava Jato, explicando que los procesos penales en Perú, sobre todo los de gran corrupción que involucran cooperación internacional y pruebas del extranjero, pueden extenderse entre 6 y 7 años. Recordó que la extradición del expresidente Toledo tomó 4 años, a pesar de tratarse de un proceso con la justicia estadounidense, considerada más ágil. Estos tiempos reflejan la complejidad de alcanzar condenas concluyentes en casos de alta complejidad como este.