La dolarización imperante permite que actividades como el lavado de dinero sean más sencillas de realizarse, algo fundamental para que el narcotráfico se mantenga como un negocio trasnacional, advierte el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en entrevista exclusiva con Sputnik, en momentos en que su nación enfrenta la peor crisis de seguridad.
En una década de gobierno (2007-2017), Rafael Correa se percató de algunas señales de que la delincuencia organizada pretendía infiltrarse en los aparatos de seguridad de su país, sobre todo a raíz de que los cárteles mexicanos de la droga voltearon hacia Sudamérica para fortalecer sus lazos, que ya existían desde la década de 1980, cuando Pablo Escobar era el capo más buscado en Estados Unidos.
“En 2010 vimos una mayor influencia de los cárteles de la droga mexicanos, sobre todo el de Sinaloa. Por eso endurecimos leyes y controles”, afirma el exmandatario, quien habla con Sputnik mientras el Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa se enfrenta a un Estado rebasado, con las cárceles convertidas en universidades del crimen y con presentadores de televisión amenazados en directo por hombres armados.
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En su Administración, Ecuador fue uno de los países más seguros y transparentes de América Latina, según datos oficiales internos y organizaciones como Transparencia Internacional. Aunque se han producidos cambios en el poder desde entonces, Correa es un político que conoce los entresijos de las dinámicas latinoamericanas, siempre complejas. Por eso no duda en afirmar que la lucha contra el narcotráfico debe estar libre de hipocresías y enfocarse —entre otras cosas— en las operaciones financieras de los grupos delincuenciales, que extienden sus redes desde Latinoamérica hasta Estados Unidos, Europa, Asia, África y Oceanía.
“Una economía dolarizada es más susceptible al crimen organizado porque es más fácil lavar dinero. No tiene tipo de cambio, no quedan registros de esas operaciones [de los cárteles]”, sostiene Correa.
Según él, existe “una gran hipocresía en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el narcotráfico”, porque se lanza a las Fuerzas Armadas y a la Policía contra los delincuentes y sicarios, pero no se emprenden acciones contra los métodos de financiamiento de los cárteles, que consiste en convertir dinero sucio en dinero limpio, una alquimia bastante común en un sistema bancario global donde impera el dólar, apunta.
Acabar con los paraísos fiscales: el verdadero reto
De acuerdo con datos de la ONU, el crimen organizado mueve alrededor de 870.000 millones de dólares cada año, mientras que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos ha reconocido que anualmente se fluyen 100.000 millones de dólares en el sistema bancario de ese país.
“Todos los casos de corrupción grandes que hubo en mi gobierno, grandes, básicamente fueron dos, Odebrecht y la repotenciación a la refinería, todo eso fue a través de paraíso fiscal… Porque usted puede observar si alguien está vendiendo a sobreprecio (…) ¿Pero cómo observa una cuenta en Andorra? ¿Cómo detecta eso?”, cuestiona el exmandatario ecuatoriano.
En Ecuador, por ejemplo —y en varios países del mundo— si alguien deposita 10.000 dólares en un banco, se encienden las alertas de las autoridades financieras, pero si alguien deposita cientos de millones en un paraíso fiscal, nadie se entera, observa Correa.
“¿Queremos luchar contra la corrupción y el crimen organizado? ¡Luchemos contra los paraísos fiscales! Pero ahí no dicen nada porque los paraísos fiscales se encuentran en Estados Unidos, en Nevada, Florida, Dakota del Sur, Delaware, en las excolonias británicas del Commonwealth, en todas las islas caribeñas como Bahamas y Nasáu. También en Europa: Luxemburgo, Andorra, Liechtenstein, un país con uno de los más altos ingresos per cápita del mundo”, afirma.
De hecho, el estudio más reciente (2023) del Global Organized Crime Index advierte que “el sector privado también ha sido un factor clave para facilitar el crimen organizado y participar en él, salvando las diferencias entre las economías lícitas y las ilícitas”. Según el documento, la participación de las empresas privadas en la delincuencia va desde facilitar el lavado de ingresos obtenidos de forma ilegal hasta participar en actividades criminales por connivencia.
Desde el punto de vista de Correa, la lucha contra las drogas en América Latina —y en buena parte del mundo— ha sido “un gran fracaso”, ya que la represión y el bombardeo de productores de sustancias ilícitas resultan poco eficaces “si no se hace nada con el consumo masivo de Estados Unidos”. En ese sentido, recuerda una frase del escritor Eduardo Galeano: “En la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas: nosotros ponemos los muertos, ellos ponen las narices”.
¿Es posible la injerencia de EEUU en Ecuador?
Diversos activistas sociales, políticos y opinión pública en general han manifestado su preocupación por que Washington tenga algún tipo de injerencia en las políticas públicas ecuatorianas, en medio de la violencia que se vive en el país sudamericano. No sería la primera vez que la Casa Blanca y las agencias de seguridad estadounidenses intervengan en un asunto similar: ya sucedió en Colombia y en México, donde pese a la ayuda y el armamento norteamericano todavía opera el crimen organizado como poder fáctico.
“Los latinoamericanos somos especialistas en negar la evidencia, en creer lo imposible. ¿Cuándo ha dado resultados la injerencia estadounidense en estos asuntos? Colombia tiene siete bases militares gringas y es el principal productor de droga del mundo… Yo sí temo un Plan Colombia en Ecuador y creo que hacia allá van“, señala Correa.
El exmandatario afirma que, en la Corte Constitucional de Ecuador, se está maquinando un posible acuerdo con Washington para formar una especie de Plan Ecuador y, de ese modo, “que los soldados no sean imputados penalmente” y tengan la libertad de “violar a una niña nuestra” y “que no los podamos enjuiciar”. Correa sostiene que eso “es inaceptable”, sobre todo porque, dice, los gobiernos posteriores al suyo “destrozaron al país” y “ahora necesitan a los gringos”.
“Teníamos la base militar de Manta hasta el 2009. Teníamos casi 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Salió la base y comenzaron a descender los homicidios y la tasa quedó en 5,8 por cada 100.000”, observa.
“Destrozaron todo por odio político”
Ecuador cerró el año más violento de su historia en 2023 con al menos 7.592 homicidios, un aumento de casi 70% en comparación con 2022, según datos oficiales. De ser uno de los países más seguros de la región, pasó a ser el undécimo país con el mayor índice de criminalidad en el mundo, el tercero en Sudamérica y el cuarto en todo el continente americano, según el Global Organized Crime Index.
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La violencia se coló incluso en el sistema democrático. Previo a las elecciones de octubre pasado fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio tras haber recibido amenazas del narcotráfico. Pero eso no es todo. El propio mandatario actual, Daniel Noboa, que apenas lleva dos meses en el cargo, admitió recientemente ante la ONU que también ha sido amenazado por el crimen.
¿En qué momento todo se salió de control en Ecuador? Rafael Correa dice que la respuesta es simple: en los últimos siete años, durante las Administraciones de Lenin Moreno (2017-2021), Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-actual), se desmantelaron las instituciones del Estado hasta volverlas vulnerables ante la delincuencia.
“Destrozaron todo por odio político, por fundamentalismos ideológicos y por la imposición del neoliberalismo [para] debilitar el Estado. Que por decir algo: en 2017 ganamos las elecciones y nos traicionan. Mi sucesor, que era de mi partido, se vuelve contra mí y empieza a perseguirnos y, para hacernos quedar mal, destroza toda la estructura que teníamos del Estado (…), especialmente la institucionalidad de seguridad”, señala Correa.
El exmandatario ecuatoriano concluye que, aunque el objetivo de sus opositores fue adelgazar un Estado que ellos calificaron como “obeso”, el resultado fue catastrófico para toda la sociedad ecuatoriana, hoy sumida en un conflicto armado interno que recuerda a los inicios de las guerras contra las drogas emprendidas por México y Colombia hace no mucho tiempo.
