Su anuncio en 2003, supuso una manifestación de medio millón de personas en Hong Kong que llevó al gobierno a guardar la ley en el cajón durante dos décadas. Ahora, por unanimidad y a velocidad de vértigo, el Parlamento hongkonés ha aprobado su primera ley de Seguridad Nacional desde la devolución del territorio a China, en 1997. Y lo ha hecho sin lamento alguno en las calles, porque la mayoría de activistas han sido silenciados y se encuentran huidos en el exilio o en la cárcel. Tampoco permanecen abiertos los medios de comunicación discordantes. En definitiva, no hay, ni se espera, oposición alguna a esta regla que castiga la traición.
La controvertida norma, conocida localmente como iniciativa legislativa sobre el artículo 23, castiga, además, los delitos de traición, insurrección, secesión, subversión, y secretos de Estado, con penas que alcanzan la cadena perpetua. También aumenta las penas de cárcel por sedición, que pasan de dos a siete años, e incluso a diez si se demuestra que los autores han actuado en connivencia con una fuerza extranjera; y alarga los periodos permitidos de detención sin cargos de 48 horas a 16 días.
Esta legislación llega a Hong Kong, una región autónoma perteneciente a al sur de China, donde los movimientos en defensa de los derechos civiles han sido aplastados tras la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional -otra- impuesta en Pekín en 2020 con el objetivo de frenar las revueltas prodemocráticas que sacudieron Hong Kong en 2019.
