El abogado y exministro del Interior Rubén Vargas considera que la mandataria Dina Boluarte ha cruzado la línea de la ley en su enfrentamiento contra quienes la investigan y el coronel policial Harvey Colchado. Advierte que el Congreso, que sostiene a la mandataria, debe revaluar este respaldo que le da porque se va sumiendo en mayor descrédito.

-Hay indicios de que la presidenta Boluarte buscó influir en policías que apoyan a la Fiscalía en investigaciones que la complican. ¿Qué opina?  

-Estamos frente la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que pretendió sobornar a dos policías que la están investigando, así como a su entorno familiar y a funcionarios de su Gobierno.

-Este Gobierno desactivó el equipo especial de la Policía que participa en estas investigaciones. ¿Qué le parece?

-Que ha cometido delito de obstrucción a las investigaciones, delitos contra la administración de justicia, de abuso de autoridad, y ese delito también se aplica con absoluta claridad al ministro del sector Interior.

-¿Cómo calificaría el rol del ministro del Interior?

-Lo han instrumentalizado como pasaba con el Gobierno de Pedro Castillo. Parecería haberse vuelto un ministro funcional a los propósitos de Boluarte y no es un ministro que se preocupe por los serios problemas de criminalidad, sino por estar como mandadero de la presidenta.

-¿No hay duplicidad entre este equipo policial especial y la Diviac (División de Investigaciones de Alta Complejidad), como argumenta el Gobierno?

-No, son leguleyadas, argumentos sin sustento técnico. Es la construcción forzada para tratar de sustentar una decisión política. Duplicidad de ninguna manera, porque es un equipo de investigación dirigido y creado a pedido del Ministerio Público, titular de acción penal. No se ha creado una unidad policial en la estructura de Diviac o de la Policía. Muchas otras investigaciones también tienen asignados a agentes especiales y no es que se estén duplicando unidades.

-La Fiscalía tendría que lograr revertir esta desactivación.

-El fiscal de la Nación ha señalado que la desactivación es un claro entorpecimiento a las investigaciones y han abierto una carpeta fiscal descartando la versión de la duplicidad porque es un equipo a pedido de la Fiscalía, no una unidad policial.

-Y se está golpeando la investigación de los fiscales.

-Se está entorpeciendo, como pretendió hacerlo Castillo. La diferencia es que Castillo tenía oposición en el Congreso que le impidió hacerlo. Boluarte tiene aliados en el Congreso que le permiten hacer lo que hace.

-En el caso Los Waykis en la Sombra, se dice que hay registros del abogado de Boluarte ofreciendo en nombre de ella beneficios a cambio de favores.

-Es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía tratando de sobornar a dos policías a través de su abogado. Es igual de ignominioso e indigno de un presidente, como pasaba con Castillo, con los cobros de ascensos o designaciones bajo el compromiso de ser funcionales a su estructura criminal. ¿Cuál es la diferencia con eso que, según la Fiscalía, hizo o pretendió Mateo Castañeda con dos coroneles?

-Castañeda dice que fue una celada… ¿Cómo evalúa el desempeño del Colchado?

-El coronel es culpable de tener una actuación técnica y eficiente de un pesquis. Ejerció funciones y atribuciones que le prevén la ley contra el crimen organizado. Un agente encubierto es una figura perfectamente válida y legal, está en ley.

-Está con procedimientos y suspendido. ¿Qué rol ha cumplido Inspectoría de la Policía?

-Se han vuelto funcionales a la corrupción en el poder.

-¿Y cuál es el escenario que ve en este enfrentamiento de Inspectoría con Colchado?

-Es un claro abuso de poder y más temprano que tarde tendrán que dar cuentas a la justicia. Esto no puede quedar impune porque no solamente se trata de un abuso de poder contra un coronel. Está rompiendo la institucionalidad del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional. Están afectando clamorosamente a un policía que está cumpliendo sus funciones. El mensaje subyacente es: quien se atreve a investigar actos de corrupción de los poderosos  termina castigado. Es el mensaje que llega al policía de tránsito, al de carreteras, a todos. Entonces, la conclusión es: para qué enfrentar a los políticos corruptos si al final me van a castigar.

-¿Mensaje que da quién?, ¿Inspectoría o el Gobierno?

-El conjunto de funcionarios que se ha convertido en funcional a toda esa trama corrupta.

-¿Ha habido excesos en la Fiscalía en sus operativos sobre Boluarte y su hermano? Muchos dicen “es la presidenta”, “le han roto la puerta de su casa…”.

-La Fiscalía ha ejecutado lo que el Poder Judicial le ha autorizado. La Policía es la fuerza pública que se utiliza frente a mandatos judiciales. El problema es que cuando funciona el sistema nos escandalizamos, los políticos reclaman supuestos abusos cuando es aplicación de la ley.

-¿Qué debería hacer el Congreso ante esta situación?

-El Congreso tiene que evaluar con mucho más detenimiento, la cabeza más fría y los pies en tierra, su papel en torno a Boluarte, porque seguir así es ser un Congreso que sostiene a este Gobierno con gravísimas acusaciones de corrupción y que termina convirtiendo a la izquierda que cogobernó con Castillo en la oposición, la reubica políticamente, le lava la cara políticamente. Y lo que vamos a tener es a una población, con todo derecho, nauseada de la clase política que ha mantenido a una presidenta acusada por corrupción y graves violaciones a los DDHH. Sobre el resultado electoral o el castigo político de esa posición, no hay que ser adivinos para saber qué es lo que va a pasar.

-¿Y a la ciudadanía como la ve respecto a estos hechos?

-Creo que la ciudadanía de nuestro país está indignada, asqueada, pero a la vez indiferente porque lo que tiene en la mente y como percepción es que todos son corruptos, que todos son iguales, y entonces piensa para qué reclamar, para qué salir a las calles si todos son iguales.

Fuente: La República