“Una mayoría parlamentaria ha cambiado cerca de 60 artículos de la Constitución y planea cambiar 10 más”.
En el último referéndum, la ciudadanía votó por rechazar la bicameralidad y la reelección, y validó la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). No obstante, una mayoría parlamentaria ha cambiado, en la última legislatura, cerca de 60 artículos de la Constitución y, antes del 15 de junio, pretende cambiar 10 artículos más, desconociendo la decisión popular sobre los tres asuntos consultados.
Estas modificaciones no solo llaman la atención por el número de artículos, sino también por sus contenidos y procedimientos. Sobre esto último, al mismo estilo del Dios Jano, se plantean reformas con dos rostros, uno “bienintencionado” y otro profundamente dañino. ¿Quién no está a favor de una mayor reflexión, mejores leyes o jueces y fiscales que estén debidamente formados? Sin embargo, ¿esto es lo que realmente motiva a las iniciativas?
En la bicameralidad se apeló a la necesidad de una cámara reflexiva como argumento persuasivo, pero se tuvo como resultado la reelección, mayor número de congresistas, la eliminación de la cuestión de confianza, la flexibilización de la acción penal luego del antejuicio y la posibilidad de que los candidatos presidenciales postulen al Parlamento.
En el caso de la Escuela Nacional de la Magistratura ocurre lo mismo; se pretende concentrar el debate en la formación de jueces y fiscales, pero el tema de fondo es la eliminación de la JNJ y con esto otorgarle al Parlamento la competencia de elegir a los titulares de la ONPE y del Reniec. Además, ya no serán 7 altas autoridades las que llevarán el concurso público para elegir a los órganos que harían las veces de la JNJ, sino 3: un juez, un fiscal y un exrector, lo que concentra el poder y genera un potencial conflicto de intereses.
La premura por hacer esta reconstitución de nuestra norma fundamental es que en adelante será sumamente complicado modificarla. Tendrán que pasar cuatro votaciones y cerca de dos años si el Parlamento bicameral pretende cambiar la Constitución; por eso, para una mayoría congresal, estos asuntos deben aprobarse ahora o nunca con la finalidad de conservar su poder antes de las siguientes elecciones.
Fuente: La República