En reacción al paro de transportistas de Lima, por su vida y patrimonio y las de sus pasajeros, luego de once empresas atacadas, tres choferes asesinados y varios heridos en apenas un mes, el Gobierno emitió el decreto supremo 100-2024-PCM, que declaró el Estado de Emergencia en 14 distritos de Lima Norte, Este y Sur, así como uno de El Callao. Esto implica la restricción de derechos constitucionales a la libertad personal, inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y el derecho de reunión cuándo haya acciones policiales relacionadas con el objetivo del estado de emergencia, que es contener el incremento de delitos que causan inseguridad ciudadana. En dicho decreto se estableció que la Policía Nacional del Perú tendrá apoyo de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno en donde lo determine. En adición, ministros anunciaron la conformación de un grupo policial dedicado a actuar contra las extorsiones, el despliegue de efectivos de las fuerzas armadas, el envío de los detenidos por extorsión al penal de Challapalca en Tacna, que se ampliaría, y un proyecto de ley para imponer la cadena perpetua a las extorsiones, el sicariato y los secuestros, bajo la figura de “terrorismo urbano”.
Cabe indicar que en los días anteriores el presidente del Consejo de ministros, el ministro de Educación, el director general de la Policía Nacional y el director general de investigación criminal, habían minimizado la situación. Y la presidenta del régimen se mostraba ajena a la misma, tal como como ocurrió las semanas anteriores en relación con los incendios forestales masivos. Lo que evidencia la improvisación de las medidas, que ni fueron coordinadas con las autoridades en los territorios – alcaldes y gobernadores regionales – ni fueron seguidas del correspondiente despliegue de efectivos, al punto que luego de declarado el estado de emergencia, balaceras en 3 distritos, incluyendo uno en estado de emergencia, acabaron con la vida de 4 personas.
Otra señal de que la prioridad del régimen no es acabar con las extorsiones es no haber planteado la derogatoria de las leyes en favor de la delincuencia organizada (como tampoco se dijo nada sobre la derogatoria de la Ley antiforestal que promueve los incendios). En efecto, para combatir a las organizaciones de extorsionadores es necesario derogar i) la Ley N°31989, que quita facultades a la Policía Nacional para comisar explosivos de mineros suspendidos del registro integral de formalización (REINFO); ii) la Ley N° 31990, que limita el plazo de los fiscales para celebrar acuerdos de colaboración eficaz que faciliten llegar a las cabezas de las organizaciones de extorsión; y iii) la Ley 32108 que hace ineficaces los allanamientos para obtener medios probatorios al exigir que se realicen con presencia del investigado y sus abogados, además de restringir la definición de organizaciones criminales a las relacionadas con un mercado ilegal para beneficio económico, y a delitos con pena mayor a 6 años, lo que excluye a quiénes se organizan para tráficos de influencias o delitos de corrupción.
Por el contrario, plantear más penas ha mostrado su fracaso una y otra vez para varios delitos. El de extorsión ya lleva 9 modificaciones, que no han llevado a su reducción. Y el sicariato ya tiene cadena perpetua en sus modalidades agravadas. Inventar un nuevo delito, “terrorismo urbano” además de incongruente porque plantea una inexistente diferencia entre este y el “terrorismo rural”, no tendría que llevar a una mejor lucha contra las bandas de extorsionadores. Sin perjuicio de que el tipo penal de terrorismo requiere revisarse para asegurar que contenga actos como los que cometen mineros ilegales en Pataz o los asesinatos de los extorsionadores y otros actos violentos destinados a generar terror por bandas organizadas.
En cuanto a los estados de emergencia, un mayor despliegue de personal policial, con eventual apoyo militar, puede disminuir las extorsiones; pero de manera temporal y con el efecto de dispersarlas a distritos colindantes. En general, una medida de emergencia no soluciona ningún problema estructural.
En cambio, reforzar la investigación policial y fiscal, coordinadas, sí puede llevar a dar con las cabezas de las bandas criminales, si el refuerzo es real, con personal, logística y condiciones del trabajo especializado, así como con medidas de protección de quiénes sufren las extorsiones, para obtener su confianza y las denuncias consiguientes. Pero esto requiere un liderazgo que ni Dina Boluarte ni su ministro Santiváñez tienen, por lo que es poco probable que más allá de alguna disminución puntual, se consigan resultados mientras sigan en el gobierno, blindados por los autores congresales de las leyes que están favoreciendo a los delincuentes. Nos corresponde cambiar eso para proteger nuestras vidas.
