Los magistrados alertaron, al presidente del Poder Judicial, que iniciativas legislativas podrían afectar la independencia judicial
El silencio y la pasividad con la que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo recibe las reformas legales del Congreso que afectan la independencia judicial y la lucha contra la delincuencia común y organizada, está generando una rebelión en la magistratura.
Un grupo mayoritario de 10 jueces de la Corte Suprema solicitan “con carácter de urgencia” la convocatoria a una Sala Plena Extraordinaria para analizar el impacto en la independencia del sistema judicial de los diversos proyectos de ley presentados por el Congreso. El pedido se hizo llegar al presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, Javier Arévalo,
De acuerdo con el documento, “el punto de agenda a tratarse en dicha sesión será el análisis de los alcances de los proyectos de leyes presentados en el Congreso de la República, que tienen incidencia en las funciones jurisdiccionales propias del Poder Judicial por su posible afectación a la independencia judicial y al sistema de la administración de justicia”.
Oficio presentado ante el presidente del Poder Judicial. Foto: IDL
Firman el documento los jueces supremos titulares Janet Tello, Víctor Prado, Elvia Barrios, Carlos Calderón, Emilia Bustamante, Víctor Castillo, Wilbert Bustamante, Ramiro Bustamante, César San Martín y uno más, cuya firma aparece ilegible. Son 10 de los 18 jueces supremos titulares que integran la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Más temprano, la histórica Asociación de Jueces por la Justicia y Democracia (Jusdem) también pidió al presidente del PJ convocar a Sala Plena de la Corte Suprema para dar su opinión sobre las reformas que el Congreso está realizando al Código Procesal Penal, la Ley de la Carrera Judicial y Fiscal, el Código Procesal Constitucional, el Código Penal, en desmedro de las atribuciones de los jueces.
Asociaciones de magistrados se movilizan a nivel nacional
En tanto, en un comunicado publicó cuatro asociaciones de jueces: La Asociación Nacional de Magistrados (integrada por jueces y fiscales activos y cesantes), la Asociación Nacional de Juezas del Perú, la Asociación Peruana de Mujeres Juezas y JUSDEM expresaron su más “enérgico rechazo a las leyes y proyectos de Ley que buscan debilitar al Poder Judicial y al Ministerio Público, a los jueces y fiscales, en la lucha contra el crimen organizado y que ponen en riesgo a toda la ciudadanía”.
La situación de inseguridad que vive el país, dicen las asociaciones de magistrados, “ se ha agravado con la dación de un conjunto de leyes que (…) han debilitado al Sistema de Justicia en la Lucha contra la criminalidad organizada; y han fortalecido a las organizaciones criminales”.
Además, muestran su preocupación por un proyecto de ley que pretende criminalizar a jueces y fiscales que dicten órdenes de detención, prisión preventiva o sentencia condenatoria, cuando dicha decisión sea revocada, en segunda instancia.
Golpe al sistema de justicia desde el Congreso
En la sesión del pleno del Congreso, del 11 de octubre, se aprobó en primera votación un proyecto de Ley que pretende modificar la Ley de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal.
Esta iniciativa establece como falta muy grave el dictado de detención preliminar, prisión preventiva o sentencia condenatoria si fueran revocadas, extendiéndose las sanciones a los fiscales. Esto, según explican las asociaciones de magistrados, establecen una pena privativa de libertad de 10 a 15 años e inhabilitación, si se revoca una detención preliminar, prisión preventiva o una condena de prisión efectiva. Con ello, habría la posibilidad de que un juez pueda ser procesado penalmente.
El presidente de la Primera Sala Constitucional de Lima, Oswaldo Ordóñez, ya ha alertado sobre esta norma. “Con esta ley se está criminalizando la función jurisdiccional y la función fiscal al generar como un hecho delictivo las diferencias de criterios de opinión”, indicó durante una entrevista a Canal N.
Sin embargo, no es la única en la agenda del Congreso. De acuerdo con los jueces, el Legislativo ha votado trece proyectos de ley para modificar el Código Procesal Constitucional, “prohibiendo las medidas cautelares y actuaciones inmediatas del fallo cuando este sea demandado, creando una zona exenta de control. Ha modificado la regla de votación de los procesos competenciales variando el quorum de 5 a 4 votos para favorecerse como demandante”.
A esto se le suma el reciente proyecto de ley presentado por el parlamentario José María Balcazar (Perú Libre), el cual propone someter las decisiones de los jueces al hacer que las leyes pasen primero por el Tribunal Constitucional. Par esto, la iniciativa apunta a modificar el artículo 14 de La Ley Orgánica del Poder Judicial sobre control difuso.
Con esto, antes de aplicar control difuso se presentaría una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, para que sean los magistrados quienes decidan si esa ley es constitucional o no.
Fuente: La República
