El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en un acto en Gibraleón (Huelva), 19 de abril de 2026.
El presidente del Gobierno de España ha anunciado que llevará ante la Unión Europea (UE) la propuesta de romper la asociación de los Veintisiete con Israel.
Pedro Sánchez ha adelantado que Madrid propondrá el martes durante la reunión de los ministros europeos de Asuntos Exteriores en Bruselas, que la “UE rompa su asociación con Israel”.
La medida, conforme ha remarcado el presidente del Gobierno español, se debe a “las violaciones de derechos humanos” por parte del régimen israelí de Benjamín Netanyahu.
“Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la UE; esa así de simple, así de sencillo”, ha subrayado en un mitin de la precampaña electoral andaluza.
Sánchez ha llamado a poner fin de los conflictos abiertos por Israel y Estados Unidos en países como Irán y Líbano.
“Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, también está costando millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu”, ha aseverado.
Madrid exige revisión de acuerdo UE-Israel
Anteriormente, Sánchez ya ha pedido a la UE que suspenda el Acuerdo de Asociación con Israel, tras los ataques masivos israelíes en el Líbano que mataron en un solo día, el 8 de abril, al menos a 303 personas. Junto con Irlanda, Madrid argumentó que el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos es un “elemento esencial” de esa relación.
Hasta el momento, países como Bélgica, Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suecia han respaldado iniciativas similares ante las violaciones de Israel contra el pueblo libanés.
La UE es el mayor socio comercial de Israel, con una relación valorada en más de 45 000 millones de euros al año, lo que convierte cualquier ruptura o suspensión del acuerdo en una decisión de enorme peso económico y político.
