Política

Respondiendo a Jaime de Althaus: » La formalización debe comenzar por cambiar la mirada del Estado hacia las MYPE»

Sin embargo, existe un aspecto que suele quedar fuera de este debate y que resulta determinante para comprender la verdadera naturaleza de la informalidad en el Perú.

Antes que preguntarse cómo formalizar a las micro y pequeñas empresas, el Estado debería preguntarse cómo valorar realmente el enorme aporte económico y social que ellas realizan.

Las MYPE, junto con una parte importante de los emprendimientos que hoy permanecen en la informalidad, constituyen el principal motor del empleo nacional. Son ellas las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo, sostienen la economía de miles de distritos y permiten la subsistencia de millones de familias. Esa sola realidad debería ser suficiente para que el Estado diseñe una política completamente distinta hacia este sector.

Si quienes más empleo generan son precisamente los pequeños empresarios, entonces las políticas públicas no pueden seguir tratándolos como potenciales evasores, infractores o simples contribuyentes sobre los cuales descargar nuevas obligaciones administrativas, tributarias y laborales.

El desafío consiste en invertir esa lógica.

El Estado debe convertirse en un Estado promotor del emprendimiento, con una mentalidad de semillero empresarial. Su misión no debe ser dificultar la creación y supervivencia de las empresas, sino facilitarla.

Ello supone avanzar hacia una profunda desregulación administrativa, simplificando licencias, permisos y autorizaciones; establecer un régimen tributario sencillo y proporcional a la realidad de las MYPE; revisar las obligaciones laborales para hacer compatible la protección del trabajador con la viabilidad económica de las pequeñas empresas; facilitar su organización y asociatividad; promover el acceso al crédito, la innovación tecnológica y los mercados; e incentivar que cada vez más peruanos encuentren en el emprendimiento una oportunidad legítima de progreso.

En otras palabras, el pequeño y mediano empresario debería concentrar todas sus energías en producir, innovar, vender y generar empleo. Mientras tanto, la administración pública tendría que asumir el papel de facilitadora de ese proceso, eliminando obstáculos innecesarios y brindando soluciones en lugar de crear nuevos problemas.

Hoy ocurre exactamente lo contrario. Miles de emprendedores deben dedicar una parte importante de su tiempo y de sus recursos a enfrentar trámites interminables ante municipalidades, la SUNAT y otras entidades públicas, muchas veces con criterios contradictorios, procedimientos excesivos y escasa orientación al ciudadano.

A ello se suma otro problema del que poco se habla. En los últimos años, numerosas grandes empresas han trasladado parte de su financiamiento hacia las micro y pequeñas empresas mediante el incumplimiento sistemático de los plazos de pago. Reciben bienes y servicios, pero cancelan sus obligaciones meses después de lo pactado, obligando a las MYPE a financiar involuntariamente a empresas mucho más grandes. Esta práctica deteriora su liquidez, las empuja al sobreendeudamiento y, en no pocos casos, termina conduciéndolas a la quiebra. No solo constituye una relación comercial desigual, sino una grave distorsión del mercado que afecta la libre competencia y castiga precisamente a quienes más empleo generan.

Pese a todos estos obstáculos, los emprendedores peruanos continúan creando empresas, produciendo riqueza y ofreciendo oportunidades de trabajo. Su capacidad de resiliencia constituye uno de los mayores activos económicos del país.

Por ello, la discusión sobre la formalización no debería plantearse como un debate entre posiciones de derecha o de izquierda. Es, fundamentalmente, un debate de sentido común.

Un país que aspira al desarrollo no puede seguir colocando barreras a quienes producen, invierten y generan empleo. Debe construir un Estado que acompañe, promueva y fortalezca el emprendimiento nacional.

Solo entonces la formalización dejará de ser una obligación impuesta para convertirse en una decisión natural, porque el Estado habrá demostrado que es un aliado del desarrollo y no un obstáculo para quienes quieren trabajar y progresar.

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