La proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República marca el inicio de un nuevo ciclo político. Con ello, también comienza una etapa en la que la calidad de la oposición será determinante para el futuro de la democracia peruana.
En ese escenario, las declaraciones del líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, adquieren una relevancia especial. Al reconocer el resultado electoral y, al mismo tiempo, reafirmar que su organización ejercerá una oposición firme, democrática y comprometida con la defensa del Estado de derecho, plantea una forma distinta de hacer política, muy distante de la confrontación estéril y de las negociaciones realizadas a espaldas de la ciudadanía.
El Perú no necesita una oposición dedicada a bloquear por bloquear, ni tampoco una oposición complaciente que negocie principios a cambio de cuotas de poder, ministerios, embajadas, direcciones públicas o favores políticos. Esas prácticas han sido responsables de buena parte del deterioro institucional que vive el país y han profundizado la desconfianza ciudadana hacia la clase política.
Lo que el Perú reclama es una oposición seria, técnicamente preparada y moralmente independiente. Una oposición que apoye aquellas decisiones que beneficien al país, pero que también tenga la firmeza de enfrentar cualquier intento de concentración del poder, debilitamiento institucional o afectación de las libertades democráticas.
Los principios anunciados por Ahora Nación apuntan precisamente hacia esa dirección: defender la separación de poderes, garantizar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, recuperar el respeto por los organismos constitucionalmente autónomos, proteger el derecho ciudadano al referéndum y promover la derogatoria de aquellas normas que favorezcan la criminalidad o la impunidad.
Esos no son objetivos partidarios. Son pilares fundamentales de cualquier democracia moderna.
La historia reciente del Perú demuestra que cuando un gobierno controla simultáneamente el Congreso, influye sobre las instituciones de control y reduce los espacios de fiscalización, el riesgo para la democracia aumenta considerablemente. No importa el color político del gobierno de turno; cualquier concentración excesiva de poder termina debilitando la República.
Precisamente por ello, una oposición democrática cumple una función esencial: actuar como contrapeso institucional. No para impedir gobernar, sino para evitar los abusos del poder. No para crear inestabilidad, sino para preservar el equilibrio entre las instituciones.
La diferencia entre una oposición responsable y una oposición oportunista radica en sus motivaciones. La primera actúa pensando en el país; la segunda actúa pensando en las próximas elecciones o en los beneficios que pueda obtener mediante acuerdos ocultos.
El Perú ya conoce demasiado bien las consecuencias del repartijazo, del intercambio de favores, de las alianzas construidas para controlar instituciones y repartirse cargos públicos. Esa política de cuotas ha debilitado organismos que deberían ser completamente independientes y ha erosionado la confianza de millones de ciudadanos.
La democracia necesita instituciones fuertes, no instituciones sometidas.
Necesita jueces que fallen conforme a la ley y no según presiones políticas.
Necesita fiscales que investiguen con autonomía, sin importar el poder económico o político de los investigados.
Necesita organismos electorales respetados.
Necesita una Contraloría que fiscalice sin distingos.
Necesita un Tribunal Constitucional cuya legitimidad provenga de la Constitución y no de acuerdos entre bancadas.
Pero, sobre todo, necesita dirigentes capaces de entender que el interés nacional está por encima de cualquier cálculo partidario.
Los casi nueve millones de ciudadanos que no respaldaron a la presidenta electa también forman parte del Perú. Sus preocupaciones, demandas y expectativas no desaparecen con el resultado electoral. Una democracia madura no gobierna únicamente para quienes votaron por el ganador; gobierna para todos.
El verdadero patriotismo no consiste en aplaudir siempre al gobierno ni en oponerse sistemáticamente a él. Consiste en respaldar las buenas decisiones y combatir aquellas que lesionen la institucionalidad, la transparencia o los derechos ciudadanos.
Ese debería ser el comportamiento de toda fuerza política que aspire a construir una democracia sólida.
El Perú necesita menos cálculos electorales y más convicciones democráticas.
Menos acuerdos bajo la mesa y más transparencia.
Menos obediencia a intereses partidarios y más compromiso con la República.
Porque los gobiernos son temporales, pero las instituciones permanecen.
Y cuando las instituciones se debilitan, quienes finalmente pagan el precio son todos los peruanos.
