Washington anunció este martes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), mientras la Administración Trump intensifica sus esfuerzos para «desmantelar» la organización.
En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington imponía sanciones a la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, y al alto abogado de sala Abdoulaye Seye, a quienes acusó de participar «directamente» «en los esfuerzos de la CPI por investigar, detener, privar de libertad o procesar a responsables cuyos gobiernos no han consentido la jurisdicción de la CPI».
Rubio, que calificó a la CPI de «tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado», añadió que «ha abusado maliciosamente de su autoridad y ha excedido su mandato«, y sostuvo que «ha intentado en repetidas ocasiones arrogarse autoridad sobre nacionales de Estados Unidos y de otros países que no han consentido su jurisdicción ni ratificado el Estatuto de Roma».
Washington ha acusado en repetidas ocasiones a la CPI de llevar a cabo «acciones politizadas» y de «apuntar contra Israel». La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en relación con la guerra en Gaza.
En respuesta a la decisión de Estados Unidos, la CPI señaló en un comunicado, según las mismas informaciones, que las nuevas sanciones «minan el Estado de derecho». «Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que queda en riesgo», añadió. En julio, el Departamento de Estado anunció planes para iniciar una campaña para derribar al tribunal y «desactivar de forma sistemática» su «capacidad de operar».
Explicó que entre las medidas que podría adoptar figuran un aumento de las sanciones y la revocación de visados, así como prohibiciones de viaje para el personal de la CPI. Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios miembros del tribunal, entre ellos varios jueces.
