La última semana de agosto se realizaron actividades conmemorativas del 23 aniversario de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En Tingo María y Aucayacu hubo una marcha por la paz y la “balsa de la memoria” sobre el río Huallaga. Estas actividades ocurren en un contexto político con intentos de borrar la historia luego de la vigencia de una ley de amnistía para militares y policías responsables de graves violaciones de derechos humanos, seguida de la propuesta sin sentido de trasladar el Museo Lugar de la Memoria desde el Ministerio de Cultura al del Justicia. Precisamente, escuchemos la advertencia que hizo Salomón Lerner Febres en la ceremonia de Lima:
“Los enemigos de la memoria han dejado de ocultarse porque ya no necesitan disimular sus intenciones. Para ello, apelan a un procedimiento más insidioso que la mentira. No afirman que los crímenes no ocurrieron: disponen que ya no se cuenten. Se ha legislado un perdón cuyos autores jamás pidieron y cuyas víctimas jamás concedieron; se ha resuelto que centenares de sentencias firmes y de procesos en curso se disuelvan por obra de una firma. Esto no es un debate sobre el pasado, es una manipulación hecha sobre él. Quien no puede refutar un hecho documentado, lo declara vencido.”
Esta disputa sobre nuestra memoria histórica se da también en el escenario de las medidas para afrontar la delincuencia que viene tomando el gobierno de la hija del dictador responsable de masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en los últimos años del siglo XX. Ella actúa como si la crisis de inseguridad que padecemos se debe afrontar con medidas similares a las que usó el gobierno de su padre en los años 90. Una de ellas, los estados de emergencia continuos.
Así, el 28 de agosto publicó una declaración de estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario “para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”, mediante el Decreto Supremo N.º 123-2026-PCM. Durante este periodo se restringen los derechos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personales. A pesar de que suena dramático, esta medida no es más que la continuidad de un estado de emergencia que se declaró el 27 de febrero y se ha ido prorrogando 6 meses … sin que haya habido reducción de la criminalidad: En el primer semestre de 2026, el SINADEF registró 1071 homicidios, sólo 39 menos que en el mismo período de 2025. Incluso ese leve descenso se dio principalmente en el primer trimestre: 504 homicidios hasta el 29 de marzo, frente a 560 en el mismo corte de 2025.
Por ende, no hay correlación entre el estado de emergencia y la disminución de homicidios. Esto ya viene siendo estudiado. Por ejemplo, en la revista “Criminalidad” de la propia Policía Nacional, se muestra que a pesar de que entre 2015 y julio de 2025 se decretaron 87 estados de emergencia por motivos de seguridad ciudadana, no se logró un descenso de los delitos¹.
Al respecto, sigue siendo actual esta conclusión del informe final de la Comisión de la verdad y reconciliación:
“el uso prolongado y generalizado del estado de emergencia terminó por “desnaturalizar” la medida excepcional, convirtiéndola en régimen casi permanente de excepción que debilitó el Estado de derecho y reforzó prácticas autoritarias en fuerzas armadas y policiales.”
Y la recomendación de regular claramente los alcances y límites de los estados de excepción … y evitar que la justicia militar absorba delitos contra derechos humanos cometidos en contextos de emergencia”. Lamentablemente, la Ley 32735 de ampliación de la justicia militar contradice esta recomendación.
Bien haría Keiko Fujimori en atender la recomendación de que las políticas de seguridad sean “efectivamente democráticas”, lo que implica estrategias integrales (sociales, económicas, políticas, educativas) que ataquen las causas profundas de la exclusión y la pobreza que en su tiempo facilitaron la penetración senderista y que ahora son caldo de cultivo del crimen organizado.
Lamentablemente, la naturaleza económica de este mal no ha sido entendida por la presidenta, que en su solicitud de delegación de facultades está pidiendo declararlo como “terrorismo”, lo que la llevará a medidas inapropiadas.
Ante ello, volvamos al mensaje de quien fue presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación:
“un país carece de futuro si extravía los hitos del pasado. Quien pretende avanzar borrando las señales del camino no nos conduce hacia adelante: nos condena a dar vueltas y, sin advertirlo, a volver al lugar del que creíamos habernos marchado. La memoria no consiste en permanecer en la tragedia. Es un medio para superarla mediante el señalamiento de aquellos abismos a los que nunca más debemos dirigirnos.”
