El 20 de noviembre de 1990, el ciudadano Esaú Cajas Julca, comerciante huanuqueño, fue interceptado por efectivos del Batallón Contrasubversivo N° 313 «Los Laureles» del Frente Huallaga, luego de una sindicación sin fundamento y bajo amenazas de extorsión, según diversos testimonios. Los señalados como responsables —el general Oswaldo Hanke Velasco, el coronel Jesús del Carpio Cornejo, el coronel Mario Salazar Cabrera y el comandante Miguel Rojas García—, conforme a lo detallado en el documento “Caso Desapariciones en el Batallón Contrasubversivo 313 ‘Los Laureles’ – Tingo María” del IDEHPUCP, podrían beneficiarse de la Ley N°32081, promulgada en una ceremonia el miércoles 13 de agosto por Dina Boluarte.
Esta ley busca dejar sin justicia a las víctimas de múltiples desapariciones en la Base Militar de Aucayacu en 1991, donde efectivos militares detuvieron a Wilian Guerra González y Wilmer Guillermo Jara Vigilio; a los familiares de la ejecución extrajudicial de 31 campesinos en la margen izquierda del Alto Huallaga en 1994, en el contexto de una incursión “antiterrorista”; a los familiares de los 69 compatriotas —incluyendo 24 niños, niñas y adolescentes— asesinados en la comunidad de Accomarca (Ayacucho) el 14 de agosto de 1984 por patrullas del Ejército bajo el comando del subteniente Telmo Hurtado, con el asentimiento del general EP Wilfredo Mori Orzo; y a las 24 niñas y adolescentes violadas sexualmente por al menos 10 efectivos militares en Manta y Vilca (Huancavelica).
La impunidad también alcanzaría a los 9 estudiantes y un profesor secuestrados en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, “La Cantuta”, luego asesinados; o a las víctimas de la masacre de Barrios Altos —entre ellas un niño—, acribilladas en una pollada por integrantes del grupo Colina. Precisamente, en la ceremonia en la que Dina Boluarte anunció la promulgación de la Ley 32081, estuvo presente el sentenciado Juan Rivera Lazo, jefe de la Dirección de Inteligencia en esa década, instancia a la que reportaba dicho grupo Colina.
La norma establece una amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa “que se encuentren denunciados, investigados o procesados por delitos derivados de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000”. El Ministerio Público ha señalado que esta ley afectará 156 casos con sentencia firme y más de 600 procesos judiciales en curso.
Esta aberración jurídica no es nueva. En 1995, el Congreso de mayoría fujimorista aprobó la Ley N° 26479, que otorgó una amnistía general a personal militar, policial y civil implicado en delitos relacionados con la lucha antisubversiva. En esa misma década, la dictadura fujimorista dispuso el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a que esta ya había indicado que ni la ley de amnistía ni el retiro surtían efectos jurídicos. Pocos años después, la amnistía fue derogada por un Congreso con nueva composición política. El mismo destino ha de alcanzar tanto a la actual Ley 32081 como al intento de apartar al Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos, a pesar del júbilo con que Dina Boluarte ha proclamado su rebeldía frente al orden internacional. Es oportuno recordar al respecto lo dicho por el juez Cançado Trindade en la sentencia del caso Barrios Altos (2001): «las leyes de autoamnistia no son verdaderas leyes: no son nada más que una aberración, una afrenta inadmisible a la conciencia jurídica de la humanidad».
Pues los anhelos de justicia y el rechazo a la impunidad no provienen de la izquierda, del progresismo, del marxismo, del liberalismo ni de cualquier otra corriente de pensamiento contemporáneo. Como recordó Cançado, se trata de exigencias de la humanidad. Así, hace 3000 años ya se hablaba de la justicia de Dios: “Que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a tus humildes… Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará a los hijos de los pobres y aplastará al opresor” (Salmo 72, 2,4).
Actualizar ese mensaje universal implica exigir que cada candidatura incorpore en su agenda política la nulidad de la Ley 32081, como expresión de la buena política que debe abrirse paso en nuestro tiempo y en nuestro país.
