ay momentos en la vida política de los pueblos en que la democracia deja de ser una competencia entre propuestas, ideas y voluntades ciudadanas, para convertirse en una disputa por el control de las instituciones. En esos escenarios, el poder no siempre necesita ganar en las urnas. A veces le basta con controlar las reglas, los procedimientos y los organismos que deciden quién puede llegar a ellas.
El caso de Luisa González, dirigente identificada con el correísmo, vuelve a colocar esta preocupación en el centro del debate ecuatoriano.
Según la información publicada por El Diario el 12 de septiembre de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la descalificación de su candidatura a la Prefectura de Manabí. La resolución fue adoptada por unanimidad de los cinco jueces y dejó firme la decisión que impedía su inscripción por el auspicio de Pachakutik, Lista 18.
El argumento jurídico señalado fue el incumplimiento de los estatutos internos de esa organización política, que exigían una militancia mínima de dos años para la candidatura. La impugnación había sido presentada por Acción Democrática Nacional (ADN), movimiento oficialista, y CREO.
El dato es importante. No estamos hablando, según la resolución difundida, de una derrota electoral de Luisa González en las urnas, sino de su exclusión de la competencia electoral por una controversia sobre los requisitos de inscripción.
Y aquí comienza la reflexión política.
¿De qué sirve el respaldo popular si no se puede llegar a las urnas?
En una democracia, el pueblo debe tener la posibilidad de elegir entre distintas alternativas. El ciudadano puede equivocarse, cambiar de opinión, respaldar una propuesta o rechazarla. Esa es la esencia de la soberanía popular.
Pero ¿qué sucede cuando una candidatura con respaldo ciudadano queda fuera de carrera mediante decisiones institucionales?
La respuesta no puede ser simplemente: “La ley es la ley”.
Por supuesto que las leyes deben cumplirse. Los partidos y movimientos tienen estatutos, los candidatos deben respetar requisitos y los organismos electorales tienen la obligación de garantizar la legalidad del proceso. La democracia no puede funcionar sin reglas.
Sin embargo, la legalidad de un procedimiento no elimina la necesidad de examinar su legitimidad democrática, su proporcionalidad y sus efectos políticos.
Si una organización política invita a una figura de relevancia nacional, pero sus normas internas exigen una condición de militancia que esa persona no cumple, la controversia debe resolverse con transparencia, imparcialidad y respeto al derecho de participación.
Y cuando las decisiones terminan afectando principalmente a una determinada corriente política, el país tiene derecho a preguntar si estamos ante una aplicación neutral de las reglas o ante un sistema que, consciente o inconscientemente, termina favoreciendo al poder establecido.
La democracia no se agota en los tribunales
El problema de fondo no es solamente Luisa González.
El problema es qué ocurre cuando los organismos del Estado, que deberían garantizar la competencia democrática, terminan convirtiéndose en el escenario donde se define quién puede competir y quién debe quedar fuera.
En Ecuador, el caso de Manabí adquiere una dimensión política especial porque se produce en el marco de una disputa entre el oficialismo y el correísmo. La información publicada señala que ADN y CREO impugnaron la candidatura de González, y que el TCE confirmó la descalificación.
Eso no demuestra, por sí solo, que haya existido una orden política, fraude o manipulación institucional. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas.
Pero tampoco sería correc
