Hay ocasiones en que la política coloca a ciertos personajes frente a un espejo incómodo. Es el caso del canciller Carlos Espá, quien, antes de ocupar una responsabilidad de gobierno, ejerció el periodismo y formuló cuestionamientos severos contra quienes tomaban decisiones desde el poder.
Hoy, sin embargo, le corresponde ocupar el otro lado del escenario: ya no pregunta, sino que responde; ya no fiscaliza, sino que defiende; ya no exige explicaciones, sino que debe justificar decisiones oficiales.
Y allí aparece una de las contradicciones más frecuentes de la vida pública: quienes fueron implacables críticos del poder terminan, cuando llegan al gobierno, defendiendo decisiones que probablemente habrían cuestionado desde una tribuna periodística.
El problema no es cambiar de función. El problema es perder la capacidad de conservar los mismos principios.
“Han sido de acuerdo a la ley”
Frente a los cuestionamientos por las recientes designaciones de representantes peruanos en el exterior, Espá ha respondido que los nombramientos se realizaron “de acuerdo a la ley”. También sostuvo que la presidenta tiene la facultad de designar hasta el 20 % de los embajadores, mientras que el 80 % corresponde a diplomáticos de carrera.
Formalmente, ese argumento puede ser suficiente para explicar la existencia de una atribución presidencial. Pero no necesariamente responde a la pregunta central de la ciudadanía:
¿Que una designación sea legal significa automáticamente que sea conveniente, justa, transparente y políticamente saludable?
La legalidad es el punto de partida, no el punto final.
Un nombramiento puede cumplir con el procedimiento formal y, aun así, generar dudas razonables sobre sus verdaderos motivos. Puede ser legal, pero cuestionable. Puede ser permitido, pero inconveniente. Puede estar dentro de una cuota, pero responder principalmente a una lógica de recompensa política.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a determinar si la presidenta tiene facultades para nombrar embajadores políticos. También debe examinarse para qué se utilizan esas facultades y bajo qué criterios se elige a las personas que representarán al Perú ante otros Estados.
El embajador no debe ser un premio partidario
La representación diplomática no es un premio de consolación para dirigentes políticos, excongresistas, amigos del gobierno o personas que prestaron servicios electorales.
Un embajador representa al Estado peruano. No representa exclusivamente a la presidenta, a un partido ni a una coalición parlamentaria.
Por eso, además de la confianza política, deberían evaluarse con rigor:
- La preparación profesional.
- El conocimiento de las relaciones internacionales.
- La experiencia diplomática o de gestión pública.
- La capacidad de negociación.
- La trayectoria ética.
- La ausencia de conflictos de interés.
- La imagen y credibilidad que proyectará el país.
- La pertinencia de su perfil para el destino asignado.
La diplomacia exige algo más que lealtad política. Exige criterio, formación, prudencia, conocimiento y capacidad para defender los intereses nacionales.
Un país no envía a sus representantes al exterior para pagar favores. Los envía para proteger sus intereses, promover inversiones, fortalecer relaciones bilaterales y defender la dignidad nacional.
Carlos Tubino y la pregunta que permanece
Entre las designaciones defendidas por el canciller se encuentra la del excongresista fujimorista Carlos Tubino como embajador del Perú en Argentina. Espá señaló que el nombramiento fue recibido con agrado por el gobierno argentino y recordó que Buenos Aires otorgó rápidamente el beneplácito.
Pero el beneplácito del país receptor no resuelve todas las dudas.
Que un gobierno extranjero acepte a un embajador no significa que la ciudadanía peruana deba renunciar a examinar su designación. El beneplácito confirma que el Estado receptor acepta al representante propuesto; no certifica automáticamente su idoneidad, su independencia, su trayectoria ni la conveniencia política de su nombramiento.
La pregunta sigue siendo válida:
¿Fue elegido por sus méritos y capacidades para representar al Perú, o principalmente por su cercanía política con el poder de turno?
Y esa pregunta debe formularse respecto de todos los embajadores políticos, sin importar el partido al que pertenezcan.
El problema no es solamente quién nombra, sino cómo se nombra
La Constitución y las leyes pueden permitir que un porcentaje de embajadores sea designado políticamente. Pero una facultad legal no debería convertirse en una licencia para actuar sin criterios de transparencia.
El país necesita conocer:
- ¿Qué requisitos concretos debe cumplir un embajador político?
- ¿Qué evaluación profesional se realiza antes de su nombramiento?
- ¿Se revisan sus antecedentes judiciales, administrativos y éticos?
- ¿Se publica su hoja de vida completa?
- ¿Se explican las razones para elegirlo para determinado país?
- ¿Se evalúa su dominio de idiomas y conocimiento de la realidad internacional?
- ¿Se verifica que no existan conflictos de interés?
- ¿Se informa si el nombramiento responde a una cuota partidaria?
- ¿Se mide posteriormente su desempeño?
- ¿Puede ser removido si demuestra incapacidad o incurre en actos incompatibles con la función?
La democracia no debería temer a estas preguntas. Por el contrario, debería considerarlas indispensables.
La política como reparto de espacios
Uno de los males más arraigados de la política peruana es la utilización del Estado como mecanismo de reparto.
Cada gobierno llega con sus propios aliados, asesores, operadores y compromisos. Luego distribuye cargos, embajadas, direcciones y posiciones estratégicas como si se tratara de un botín político.
La consecuencia es conocida: instituciones debilitadas, funcionarios sin preparación suficiente y una administración pública que deja de servir al interés general para responder a intereses particulares.
El problema no pertenece exclusivamente a una ideología o a un partido. Lo han practicado gobiernos de distintas tendencias. Unos lo justifican en nombre de la confianza política; otros, en nombre de la gobernabilidad. Pero el resultado suele ser el mismo: la meritocracia queda subordinada a la lealtad.
Y cuando la lealtad partidaria pesa más que la capacidad, el Estado termina pagando la factura.
El periodista que ahora debe defender al poder
Carlos Espá conoce, por su trayectoria periodística, el valor de preguntar. Sabe que el periodismo no está para aceptar explicaciones oficiales sin examinarlas. Sabe también que la frase “todo se hizo conforme a la ley” no siempre basta para cerrar un debate.
Por eso resulta legítimo esperar de él algo más que una defensa administrativa de los nombramientos.
El canciller debería explicar por qué cada persona fue elegida, qué méritos posee, qué experiencia aporta y cómo contribuirá a la política exterior peruana.
No basta con afirmar que la designación está dentro del 20 % permitido. El país necesita saber si ese porcentaje se está utilizando para fortalecer la diplomacia o para distribuir recompensas políticas.
La función de un canciller no debería consistir en blindar toda decisión del gobierno. Su responsabilidad también es proteger la institucionalidad de la Cancillería y evitar que la diplomacia sea confundida con una extensión de la política partidaria.
Una reforma que ya no puede postergarse
El Perú necesita discutir seriamente una regulación más exigente para los nombramientos políticos en el servicio exterior.
No se trata necesariamente de eliminar toda designación política. Los gobiernos democráticos pueden necesitar representantes de confianza en determinados destinos. Pero esa facultad debe estar limitada por criterios objetivos y controles públicos.
Debería establecerse, como mínimo:
- Un perfil profesional obligatorio para cada destino.
- Una evaluación técnica previa.
- La publicación de la hoja de vida y antecedentes del designado.
- Una audiencia o revisión parlamentaria transparente.
- La motivación expresa del nombramiento.
- La prohibición de designar a personas con graves cuestionamientos éticos o conflictos de interés.
- Una evaluación periódica de resultados.
- La obligación de rendir cuentas al finalizar la misión.
La confianza política puede ser un elemento válido. Lo que no puede ser es el único elemento.
Mudo Social: la ley no debe ser una coartada
El Perú no necesita autoridades que repitan que todo está dentro de la ley. Necesita funcionarios capaces de demostrar que sus decisiones son también razonables, transparentes y orientadas al interés nacional.
La ley no debe convertirse en una coartada para evitar el debate público.
Si una designación es legal, que se explique. Si es conveniente, que se demuestre. Si responde a méritos, que se publiquen. Y si existen cuestionamientos, que sean respondidos con argumentos, no con frases burocráticas.
El canciller Espá tiene ahora la oportunidad de demostrar que sus años de periodismo no fueron solamente una etapa de crítica al poder, sino una escuela de principios que todavía conserva.
Porque el verdadero desafío de quien pasa del periodismo al gobierno no es aprender a defender al poder.
Es no terminar defendiendo lo indefendible.
La diplomacia peruana merece representantes preparados, íntegros y capaces. Merece servidores del Estado, no beneficiarios de una cuota partidaria.
Y la ciudadanía tiene derecho a exigir que cada embajador sea elegido por lo que sabe, por lo que puede hacer y por lo que representa; no solamente por a quién conoce o a qué partido pertenece.
