España ha decidido reforzar su posición en la carrera mundial de la inteligencia artificial con una estrategia que va mucho más allá de la instalación de grandes centros de procesamiento o la creación de modelos punteros. El Gobierno ha presentado IA360, una hoja de ruta que busca fortalecer la capacidad tecnológica del país y, al mismo tiempo, acercar esta herramienta a empresas, centros educativos y servicios públicos, para que su impacto trascienda los laboratorios y se instale en la vida cotidiana. El punto de partida es alentador: según el índice de dinamismo de la inteligencia artificial de Stanford correspondiente a 2024, España ocupa el séptimo puesto mundial y el segundo de Europa, y el objetivo declarado es escalar hasta entrar en el grupo de los cinco primeros. Los próximos doce meses marcarán el inicio de las primeras acciones concretas, aunque muchas de las metas más ambiciosas se extenderán a lo largo de los próximos años.
En el terreno de la infraestructura, la propuesta más destacada es la candidatura nacional para albergar una gigafactoría europea de inteligencia artificial, un proyecto que podría movilizar hasta cinco mil millones de euros en inversiones públicas y privadas. La meta es contar con cien mil aceleradores de IA operativos en 2028 o 2029, una capacidad diseñada tanto para entrenar modelos avanzados como para ponerlos al servicio de instituciones y empresas. La adjudicación de esta instalación depende del resultado de la convocatoria de EuroHPC, cuyo plazo concluye el 12 de noviembre de 2026; de prosperar, la construcción arrancaría en febrero de 2027 y la entrada en funcionamiento se produciría en 2028.
Para que la tecnología no quede confinada a grandes instalaciones, el plan contempla extenderla al tejido empresarial mediante la Red NEURONA, formada por centros donde las pequeñas y medianas empresas podrán experimentar soluciones adaptadas a sus propios datos, y un bono dotado con seiscientos millones de euros destinado a financiar transformaciones reales de procesos, no solo la contratación de suscripciones. Se aspira a llegar a veinticinco mil empresas, con una fase piloto programada para el primer semestre de 2027 antes de abrir la convocatoria general.
La presencia de la inteligencia artificial también llegará a la ciudadanía a través de la plataforma Mi Carpeta Ciudadana, que entre enero y agosto de este año registró más de cuarenta millones de accesos. A lo largo de 2027 incorporará un asistente virtual diseñado para guiar a las personas durante sus trámites, y se sumará el canal de atención a través de WhatsApp 060, aunque aún no se han detallado qué modelo tecnológico se utilizará ni el alcance exacto de las gestiones que permitirá realizar. Esta línea de trabajo coincide con iniciativas similares en marcha en otros países, como el asistente público gratuito que Corea del Sur pondrá a disposición de su población, o el servicio GOV.UK Chat ya operativo en Reino Unido, lo que refleja una tendencia internacional a integrar la IA en la relación entre la administración y la ciudadanía.
El despliegue tecnológico se complementa con dimensiones sociales y educativas. El Gobierno impulsará un nuevo Contrato Social para la Inteligencia Artificial, que abordará sus efectos sobre el empleo y la convivencia, con la convocatoria en octubre de los agentes sociales, la creación de mesas sectoriales y un observatorio permanente de impacto laboral. También se integrará la enseñanza de esta tecnología en la educación secundaria y la Formación Profesional, en coordinación con las comunidades autónomas, y se reforzarán los sistemas de ciberseguridad y supervisión de modelos de alto impacto. En definitiva, la hoja de ruta dibuja un país que no se conforma con disponer de más potencia de cálculo, sino que busca que la inteligencia artificial sea un instrumento accesible, útil y equilibrado para toda la sociedad.
