El Perú tiene gas, pero no ha sabido convertir esa riqueza en bienestar para todos. Mientras las reservas disminuyen, millones de peruanos siguen esperando una conexión domiciliaria y el país continúa expuesto a decisiones comerciales que comprometen su seguridad energética.
Por: Mudo Social
El Perú está sentado sobre una riqueza energética que durante décadas pudo haber contribuido mucho más a su desarrollo. El gas natural de Camisea transformó parcialmente nuestra matriz energética, permitió abaratar los costos de generación eléctrica, impulsó el transporte a gas natural vehicular y representó un alivio económico para miles de familias y empresas. Sin embargo, detrás de esos beneficios existe una realidad que el país no puede seguir ignorando: estamos consumiendo un recurso no renovable, nuestras reservas disminuyen y todavía no hemos construido una política energética que coloque el interés nacional por encima de los intereses comerciales particulares.
La advertencia que recoge el reciente informe de RPP debería provocar una profunda preocupación. Las reservas de gas natural del Perú vienen reduciéndose y la incorporación de nuevos descubrimientos no ha sido suficiente para compensar la producción acumulada. Según información difundida por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sobre la base del Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos 2025 del Ministerio de Energía y Minas, las reservas totales disminuyeron 65% entre 2013 y 2025. Además, los contratos de exploración pasaron de 41 en 2015 a apenas cinco en 2025.
No estamos, por tanto, frente a un problema menor ni a una discusión exclusivamente técnica entre especialistas del sector energético. Estamos ante un asunto de seguridad nacional, soberanía económica y justicia social.
UN RECURSO DE TODOS, PERO ¿AL SERVICIO DE QUIÉN?
Conviene recordar un principio fundamental: los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo son propiedad del Estado, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Las empresas privadas pueden participar en su exploración, explotación y comercialización mediante los contratos correspondientes, pero ello no significa que el Estado deba renunciar a su responsabilidad de proteger el interés público.
El problema peruano no consiste en cuestionar la participación de la inversión privada. Las inversiones, la tecnología y la capacidad empresarial son necesarias para desarrollar nuestros recursos. El verdadero problema aparece cuando el Estado negocia en condiciones que no aseguran una distribución adecuada de los beneficios, cuando no fiscaliza suficientemente las operaciones comerciales o cuando permite que los objetivos empresariales terminen condicionando las prioridades energéticas del país.
La experiencia de la exportación del gas de Camisea hacia México ofrece una lección que no deberíamos olvidar.
Entre 2010 y 2011 se descubrieron embarques que, pese a estar declarados con destino a México, terminaron comercializados en otros mercados, donde los precios eran superiores. El asunto llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuyo laudo favoreció al Perú y permitió recuperar aproximadamente US$64 millones por regalías e intereses.
Pero hubo otro episodio revelador. En 2014, siete embarques de gas exportados a México generaron cuestionamientos por el mecanismo utilizado para calcular las regalías. Según la información expuesta ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, se utilizaron referencias del marcador Henry Hub, de entre US$2 y US$4 por millón de BTU, pese a que el precio final de venta habría alcanzado los US$17.
El entonces viceministro de Energía reconoció la existencia de un vacío contractual que había permitido esa situación y señaló la necesidad de revisar los mecanismos de cálculo de las regalías.
Estos antecedentes están documentados en las comunicaciones del Congreso y de Perúpetro. No son simples sospechas ni argumentos surgidos de una discusión política circunstancial.
La pregunta que corresponde formular es inevitable: ¿cuánto dejó de percibir el país por contratos y mecanismos comerciales que no protegieron adecuadamente el valor económico de nuestros recursos?
El problema no fue solamente el destino de los embarques. Fue también la capacidad del Estado para conocer el precio real de comercialización, fiscalizar las operaciones y asegurar que las regalías correspondieran al verdadero valor de los recursos exportados.
EL PAÍS QUE PRODUCE GAS Y NO PUEDE GARANTIZAR GAS A SUS CIUDADANOS
La contradicción resulta todavía más evidente cuando observamos la situación del mercado interno.
De acuerdo con el informe de RPP, basado en el Censo Nacional 2025, solamente 110 de los 1.893 distritos del país cuentan con acceso al gas natural. Es decir, la masificación continúa siendo una tarea pendiente para la inmensa mayoría del territorio nacional.
Resulta particularmente difícil de explicar que Cusco, la región donde se encuentra Camisea, siga reclamando el acceso de sus propias familias al gas que se extrae de su territorio.
Mientras tanto, millones de hogares continúan dependiendo del balón de GLP, pagando precios que podrían reducirse considerablemente si existiera una infraestructura de distribución adecuada.
El gas natural puede representar ahorros importantes. Según las estimaciones recogidas por RPP, una familia que utiliza este combustible para cocinar, calentar agua y secar ropa puede ahorrar más de S/2.000 anuales. Para un taxista, el ahorro frente a otros combustibles podría superar los S/20.600 al año.
Estamos hablando de dinero que podría permanecer en los bolsillos de las familias, mejorar su capacidad de consumo y dinamizar las economías locales.
Por eso, la masificación del gas no puede continuar siendo una promesa gubernamental que se renueva cada cierto tiempo. Debe convertirse en una política pública con presupuesto, cronograma, responsables y mecanismos de fiscalización.
¿TIENE SENTIDO EXPORTAR GAS MIENTRAS NO GARANTIZAMOS EL ABASTECIMIENTO NACIONAL?
Aquí se encuentra uno de los asuntos más importantes que el país debe discutir.
No se trata de desconocer los compromisos internacionales ni de desconocer la importancia de las exportaciones para la economía. Tampoco se trata de desconocer los derechos contractuales de las empresas que realizaron inversiones bajo determinadas condiciones.
Pero una cosa es cumplir responsablemente los contratos y otra muy distinta es renunciar a revisar las condiciones de aprovechamiento de un recurso estratégico cuando cambian las circunstancias económicas, productivas y energéticas.
El Perú debe preguntarse si las condiciones bajo las cuales se comprometieron determinadas reservas y se organizaron las exportaciones continúan siendo compatibles con las necesidades actuales y futuras de nuestra población.
Si las reservas disminuyen, si no se descubren nuevos yacimientos de importancia y si todavía tenemos millones de ciudadanos sin acceso al gas, el Estado tiene la obligación de revisar su política energética.
La prioridad debe ser garantizar el abastecimiento interno, particularmente para los hogares, los servicios esenciales, el transporte público, la generación eléctrica y las actividades industriales que generan empleo y valor agregado.
Esto exige revisar los compromisos de exportación dentro del marco legal y contractual, evaluar los mecanismos de suministro y establecer condiciones que impidan que las necesidades del mercado internacional terminen comprometiendo la seguridad energética nacional.
No podemos olvidar que, durante la emergencia de marzo de 2026, el Gobierno tuvo que establecer mecanismos extraordinarios para priorizar el abastecimiento interno de gas natural. Aquella situación demostró que la vulnerabilidad energética no es una hipótesis lejana: puede convertirse rápidamente en un problema económico y social.
EL GAS DEBE GENERAR INDUSTRIA, EMPLEO Y DESARROLLO
Otro error de nuestra política energética ha sido concentrar buena parte de la discusión en la extracción y comercialización del recurso, sin desarrollar suficientemente su potencial para transformar la estructura productiva nacional.
El gas natural no debería servir únicamente para venderlo al exterior o alimentar centrales eléctricas. Debe ser también una herramienta para industrializar el país.
Tenemos la posibilidad de impulsar industrias petroquímicas, fertilizantes, producción de insumos industriales y nuevas actividades manufactureras que generen empleo, tecnología y mayores ingresos para la economía nacional.
La producción de fertilizantes, por ejemplo, podría contribuir a reducir nuestra dependencia externa y fortalecer la agricultura. El desarrollo de la petroquímica permitiría aprovechar el gas como materia prima para producir bienes de mayor valor agregado.
Pero estas posibilidades requieren planificación, inversiones y decisiones de largo plazo. No basta con anunciar proyectos cada vez que cambia el Gobierno.
Necesitamos una política de Estado que articule energía, industria, agricultura, transporte y desarrollo regional.
¿QUÉ DEBE HACER EL PERÚ?
La reducción de las reservas y las limitaciones de nuestra infraestructura obligan a adoptar medidas concretas. Desde Mudo Social consideramos indispensable abrir una discusión nacional alrededor de las siguientes propuestas:
1. Priorizar el abastecimiento del mercado interno.
El Estado debe establecer una política de seguridad energética que garantice reservas y volúmenes suficientes para atender a los hogares, los servicios públicos, el transporte y las industrias nacionales. Los compromisos de exportación deben evaluarse en función de la disponibilidad real del recurso y del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
2. Revisar los contratos y mecanismos de comercialización.
Es indispensable realizar una auditoría integral de los contratos de explotación y exportación, de sus adendas, de los mecanismos de determinación de precios y de las regalías efectivamente pagadas. Allí donde existan condiciones susceptibles de revisión, el Estado debe promover negociaciones transparentes, respetando el marco jurídico y los derechos contractuales.
3. Garantizar que el país reciba el verdadero valor de sus recursos.
Los mecanismos de cálculo de regalías deben reflejar adecuadamente las operaciones comerciales y los destinos finales de los hidrocarburos. Debemos impedir que las diferencias entre precios de referencia y precios reales de comercialización terminen perjudicando los ingresos nacionales.
4. Acelerar la masificación del gas natural.
Cusco, Puno, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Junín y las demás regiones deben tener acceso progresivo a este recurso. Se requiere infraestructura de transporte, redes de distribución, plantas de regasificación cuando corresponda y mecanismos de financiamiento que permitan llevar el gas a las ciudades del interior.
5. Impulsar la exploración de nuevos yacimientos.
La caída de las reservas exige recuperar la actividad exploratoria. El Estado debe ofrecer reglas claras y estabilidad jurídica para atraer inversiones, pero también exigir compromisos verificables, transparencia y resultados. No podemos permanecer décadas dependiendo prácticamente de un solo gran descubrimiento.
6. Desarrollar la industria petroquímica nacional.
El gas debe convertirse en una oportunidad para producir fertilizantes, insumos industriales y bienes de mayor valor agregado. Exportar materia prima puede generar ingresos, pero industrializarla permite construir capacidades productivas, empleos especializados y cadenas económicas nacionales.
7. Fortalecer la transparencia y la fiscalización pública.
Perúpetro, el Ministerio de Energía y Minas y los organismos reguladores deben informar periódicamente sobre reservas, producción, destinos de exportación, precios, regalías y compromisos de abastecimiento. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administra una riqueza que pertenece a la Nación.
EL GAS QUE QUEDA NO PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
El Perú tiene que abandonar la visión cortoplacista con la que ha administrado buena parte de sus recursos naturales. No podemos esperar a que las reservas disminuyan hasta niveles críticos para recién discutir qué hacer con ellas.
El gas de Camisea representa una oportunidad que todavía puede contribuir significativamente al desarrollo nacional, pero esa oportunidad tiene límites físicos, económicos y temporales.
La inversión privada es necesaria, pero el interés nacional debe orientar las decisiones estratégicas. Los contratos deben cumplirse, pero también deben existir mecanismos legales para revisar sus condiciones cuando corresponda y cuando el interés público lo justifique. Las exportaciones pueden formar parte de nuestra economía, pero no pueden convertirse en una razón para postergar indefinidamente las necesidades energéticas de los peruanos.
Hay una cuestión elemental que nuestros gobernantes deben responder: ¿de qué sirve tener gas en nuestro subsuelo si millones de peruanos no pueden acceder a él, si nuestras industrias no aprovechan plenamente su potencial y si el país no tiene garantías suficientes sobre su abastecimiento futuro?
No estamos planteando cerrar las puertas a la inversión ni desconocer los mercados internacionales. Estamos planteando algo mucho más elemental: que el Perú aprenda a negociar, administrar y aprovechar sus recursos naturales pensando primero en su desarrollo.
El gas de Camisea no es una riqueza privada que el país simplemente debe contemplar desde afuera. Es un recurso de la Nación y su aprovechamiento debe traducirse en bienestar para la población.
Porque cuando se agote el gas, cuando ya no tengamos la posibilidad de extraerlo, cuando las reservas que hoy existen se hayan convertido en historia, no podremos recuperar las oportunidades que dejamos pasar.
Y entonces será demasiado tarde para preguntarnos por qué un país productor de gas no supo utilizar esa riqueza para construir su propio desarrollo.
