América Latina tiene una larga historia de confrontaciones por el poder. Durante décadas, los golpes militares, las intervenciones extranjeras, las proscripciones y las persecuciones políticas fueron mecanismos utilizados para impedir que determinados proyectos políticos llegaran al gobierno o permanecieran en él.
En tiempos de democracia electoral, algunas de estas disputas han adquirido nuevas modalidades. La judicialización de la política y la politización de la justicia se han convertido en fenómenos que merecen una atención especial.
No se trata de sostener que toda investigación contra un gobernante progresista sea una persecución política, ni que los dirigentes de izquierda estén exentos de responder ante la justicia. Se trata de reconocer que los procedimientos judiciales pueden ser utilizados con fines políticos cuando pierden independencia, cuando las acusaciones se convierten anticipadamente en condenas mediáticas o cuando los intereses de quienes promueven las denuncias terminan condicionando la actuación de las instituciones.
Los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia y ahora Gustavo Petro en Colombia permiten examinar esta problemática, aunque sus circunstancias jurídicas y políticas son diferentes y no deben confundirse.
Una historia que América Latina no debería repetir
El caso de Lula da Silva constituye uno de los antecedentes más importantes de esta discusión. Las investigaciones de la operación Lava Jato terminaron convirtiéndose en un acontecimiento político de enormes dimensiones. Lula fue condenado y encarcelado, pero posteriormente el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló sus condenas por razones de competencia y reconoció la parcialidad del juez Sergio Moro en uno de los procesos.
Aquello dejó una lección institucional: la lucha contra la corrupción pierde legitimidad cuando quienes deben administrar justicia abandonan su imparcialidad.
En Bolivia, Evo Morales también enfrentó una prolongada confrontación política, institucional y judicial. Su salida del poder en 2019 estuvo rodeada de una crisis electoral, cuestionamientos sobre el proceso de votación, intervención de las Fuerzas Armadas y una profunda disputa sobre la legitimidad del gobierno. Las controversias judiciales posteriores deben examinarse dentro de ese contexto, sin asumir que todas responden a una misma estrategia.
Ahora es Gustavo Petro quien enfrenta un nuevo escenario de confrontación política y mediática.
La pregunta que surge es si América Latina ha aprendido algo de sus experiencias anteriores o si continúa permitiendo que la administración de justicia se convierta en una extensión de las disputas por el poder.
Petro: de la controversia política al escándalo personal
El expresidente colombiano Gustavo Petro enfrenta acusaciones de una mujer identificada como Deicy Jiménez, quien sostiene que mantuvo una relación íntima con él y que obtuvo contratos con entidades públicas como consecuencia de esa relación.
La denunciante también ha hablado de una supuesta red de mujeres que habrían recibido contratos o puestos públicos a cambio de participar en encuentros sexuales. Sin embargo, hasta el momento, según la información publicada por BBC Mundo el 12 de noviembre de 2026, no se conocen testimonios de las otras mujeres ni pruebas que acrediten la existencia de esa supuesta red.
Hay contratos registrados en el sistema colombiano de contratación pública. La información periodística identifica diez contratos con tres entidades estatales, por un monto aproximado de 126,5 millones de pesos colombianos.
Pero hay una diferencia fundamental que no puede ignorarse: demostrar que una persona obtuvo contratos del Estado no equivale a demostrar que esos contratos fueron entregados a cambio de favores sexuales, ni que el expresidente intervino ilegalmente para concederlos.
Petro reconoce haber mantenido una relación con la mujer, pero niega haber intercambiado contratos por relaciones sexuales. También sostiene que detrás de las acusaciones existe una operación política para perjudicarlo.
La BBC señala, además, que no pudo verificar independientemente los videos y las conversaciones difundidas en redes sociales.
Por tanto, estamos ante denuncias que deben investigarse, documentación que merece ser examinada y afirmaciones contrapuestas que todavía necesitan esclarecimiento judicial.
El peligro de convertir una denuncia en una condena pública
Lo preocupante es la manera en que determinados escándalos adquieren dimensiones políticas antes de que las instituciones hayan establecido los hechos.
Una denuncia puede ser legítima y merece protección. Una mujer que afirma haber sido víctima de abuso de poder tiene derecho a ser escuchada, a presentar pruebas y a recibir protección frente a cualquier represalia.
Pero ese derecho no convierte automáticamente todas sus afirmaciones en hechos probados.
También el investigado tiene derecho a la presunción de inocencia, a conocer las acusaciones, a presentar su defensa y a ser juzgado por autoridades independientes.
La exposición pública de la intimidad, la difusión de videos, las declaraciones de dirigentes políticos y la amplificación mediática pueden construir una condena social mucho antes de que exista una conclusión judicial.
Aquí aparece un problema especialmente delicado: cuando la controversia deja de concentrarse en determinar si existió un delito y comienza a orientarse hacia la destrucción pública de una figura política.
No podemos permitir que el escándalo sustituya a la investigación, que las sospechas reemplacen a las pruebas o que la confrontación ideológica determine quién merece ser condenado.
¿Quién investiga y bajo qué garantías?
El caso colombiano exige especial cuidado institucional.
Las investigaciones deben estar a cargo de magistrados, fiscales y autoridades competentes que actúen con independencia, sin subordinación a los intereses del gobierno de turno ni a los partidos que buscan debilitar a sus adversarios.
No es aceptable que personas cuya actuación política estuvo directamente vinculada a gobiernos enfrentados con Petro pretendan convertirse en protagonistas de la determinación de su responsabilidad penal.
Eso no significa que cualquier funcionario que haya trabajado anteriormente en una administración política esté automáticamente impedido para investigar. Significa que deben examinarse sus posibles conflictos de intereses, garantizarse su independencia y aplicarse las reglas de imparcialidad que establece la ley.
Las investigaciones deben separar los hechos anteriores y posteriores al ejercicio de la Presidencia, establecer las competencias de cada organismo y determinar si existieron decisiones administrativas irregulares, tráfico de influencias, utilización indebida de recursos públicos o cualquier otra conducta penalmente relevante.
Y si existen responsabilidades, deben establecerse mediante pruebas y procedimientos legales.
La justicia no puede ser un instrumento de venganza, pero tampoco un refugio para quienes ejercieron el poder.
El objetivo político: debilitar a Petro y golpear al Pacto Histórico
No se puede ignorar el contexto político en el que aparece este escándalo.
Gustavo Petro continúa siendo una figura central de la política colombiana y su movimiento representa una corriente política con aspiraciones de continuidad e influencia en el futuro del país.
En ese escenario, un escándalo de estas dimensiones tiene consecuencias que van más allá de la situación personal del expresidente. Puede afectar la credibilidad de sus aliados, deteriorar la imagen del Pacto Histórico y condicionar la discusión pública sobre el proyecto político que representa.
Es legítimo preguntarse si determinados actores políticos pretenden aprovechar las denuncias para debilitar a Petro, reducir su capacidad de liderazgo y perjudicar a su organización política.
Pero esa hipótesis debe investigarse y sustentarse, no convertirse en una verdad anticipada.
Si existiera una operación destinada a fabricar testimonios, manipular pruebas o utilizar recursos institucionales para perseguir a un adversario, estaríamos ante hechos de enorme gravedad que también deberían investigarse.
La defensa del Estado de derecho exige investigar tanto las posibles irregularidades atribuidas al expresidente como cualquier intento de instrumentalizar la justicia para destruirlo políticamente.
La democracia necesita una justicia independiente de los poderes políticos
América Latina necesita superar una práctica que ha deteriorado sus instituciones: utilizar el sistema judicial como un escenario más de la confrontación partidaria.
La justicia debe estar por encima de las simpatías y las antipatías ideológicas. Debe investigar a los gobiernos progresistas, liberales, conservadores o de cualquier otra orientación con los mismos criterios y las mismas garantías.
Si un gobernante comete delitos, debe responder. Si un empresario utiliza sus relaciones políticas para obtener contratos, debe investigarse. Si un funcionario entrega recursos públicos a cambio de beneficios particulares, debe establecerse su responsabilidad.
Pero si una denuncia es fabricada, si se manipulan pruebas o si una investigación es promovida con el propósito de eliminar políticamente a un adversario, también debe haber consecuencias.
La independencia judicial no puede depender de quién gobierna ni de quién controla los medios de comunicación.
Colombia necesita conocer la verdad sobre las denuncias contra Gustavo Petro. La denunciante debe tener garantías para declarar y presentar sus pruebas. El expresidente debe tener garantías para defenderse. Los contratos públicos deben ser examinados y las eventuales responsabilidades deben determinarse con rigor.
No se trata de salvar políticamente a Petro ni de condenarlo anticipadamente. Se trata de impedir que el poder político sustituya a la justicia.
América Latina necesita una nueva cultura democrática
La región no puede seguir atrapada en ciclos de confrontación donde cada gobierno busca desacreditar, perseguir o neutralizar a quienes lo precedieron.
Necesitamos instituciones capaces de investigar sin obedecer a los gobiernos, medios de comunicación que informen sin convertirse en instrumentos de campañas políticas y organizaciones partidarias que comprendan que la democracia no termina cuando pierden una elección.
La alternancia en el poder debe ser una garantía democrática, no una oportunidad para ajustar cuentas.
Y la justicia debe ser el espacio donde se establecen responsabilidades, no el escenario donde se decide quién puede continuar siendo protagonista de la política.
La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos amenazas para la democracia. Combatir la corrupción exige independencia judicial; combatir la persecución política exige exactamente la misma independencia.
Gustavo Petro debe responder por cualquier irregularidad que se demuestre. Pero nadie tiene derecho a convertir una denuncia en una sentencia anticipada ni a utilizar la justicia para destruir a un adversario.
América Latina necesita menos tribunales sometidos a las disputas del poder y más justicia independiente. Porque cuando la justicia pierde su imparcialidad, no solamente se perjudica a un dirigente político: se debilita el derecho de todos los ciudadanos a vivir en una democracia verdadera.
