Terminó la investigación y comenzará el juicio público. En un operativo sorpresa, el fiscal José Domingo Pérez notificó la madrugada del miércoles 11 de marzo que la investigación preparatoria a Keiko Fujimori y Fuerza Popular había concluido.
Luego, una hora y media después del inicio de actividades en la administración pública, presentó la acusación penal contra la candidata presidencial y otros 39 dirigentes del partido fujimorista.
A todos ellos les atribuye los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. La acusación formal escrita fue presentada ante el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday.
Aparentemente, el fiscal temía que la defensa de Fujimori pudiera accionar algún recurso legal para dilatar la presentación de la acusación penal, de allí su decisión de correr con los actos.
A partir de ahora, el proceso se vuelve público. En un plazo de 10 días, el juez Zúñiga Urday debe verificar que la acusación cumpla con los aspectos formales y notificar la acusación escrita a cada uno de los procesados para que presenten observaciones o pruebas de descargo.
Es habitual que la acusación se devuelva por errores materiales o para precisar cargos. El fiscal debe señalar con claridad qué actos ilícitos atribuye a cada uno de los 39 acusados, debidamente identificados, y las pruebas y testigos específicos para cada caso.
Por consiguiente, comenzará el proceso denominado control de acusación. En esta etapa, en audiencias públicas continuadas, se discutirán los cargos atribuidos, la legalidad y utilidad de las pruebas recogidas por la Fiscalía y qué se piensa probar con cada una de ellas. La defensa también podrá presentar pruebas.
Este proceso puede durar hasta unos dos años. En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, con solo una decena de acusados, el control de acusación recién está por terminar, al cabo de 18 meses de audiencias continuadas.
Con mayor número de acusados y pruebas, este periodo puede durar incluso más tiempo. El juez Zúñiga Urday es conocido por ser más meticuloso que su colega Richard Concepción Carhuancho, quien vio el caso Humala. Se calcula para después de julio del 2021 el inicio del control de acusación.
Concluidos el control de acusación y las pruebas de cargo y descargo, se pasará al juicio público, el cual podría comenzar a mediados del año 2023, a cargo de otros jueces.
Ante esa eventualidad, al momento de presentar la acusación, el fiscal Pérez solicitó al Poder Judicial que incremente el número de jueces de investigación preparatoria para que puedan agilizar el control de acusación.
Pérez señaló que también han presentado acusación en los casos del Metro de Lima y Ecoteva, que están a la espera de que se realice el respectivo control de acusación.
Juicio. Keiko Fujimori y sus principales colaboradores deberán afrontar un juicio público para aclarar los delitos atribuidos. Foto: difusión
Máxima pena
El fiscal José Domingo Pérez solicita la pena máxima de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori por delito de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en la administración de persona jurídica y falsedad genérica.
Por poco es la máxima pena de prisión permitida por la legislación penal, antes de la cadena perpetua. La ley establece una pena máxima de carcelería de 35 años, por todo delito, y luego cadena perpetua.
De acuerdo con la Fiscalía, Keiko Fujimori encabeza y dirige una organización criminal que infiltró el partido fujimorista Fuerza Popular con el objetivo de lavar dinero procedente de supuestos actos de corrupción, narcotráfico y otros delitos.
Según los peritajes, habrían lavado 11,6 millones de soles, en el periodo 2010 y 2011 de la campaña electoral del 2011, más 3,4 millones de soles en la campaña del año 2016.
Con el objetivo de encubrir ese dinero ilícito, de acuerdo con la Fiscalía, la organización criminal habría registrado cientos de falsos aportantes en ambas campañas electorales.
Además, la realización de cócteles y almuerzos partidarios inexistentes, que tuvieron como único objetivo dar apariencia de legalidad a la captación de fondos de origen desconocido.
En los aportes de origen desconocido, la Fiscalía incluye el dinero entregado por la constructora Odebrecht y los grupos Romero y Rassmuss, como parte de los fondos blanqueados por esta presunta organización criminal.
Junto con Keiko Fujimori, la Fiscalía pide la máxima pena de 30 años de prisión para sus principales colaboradores políticos: Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona.
De acuerdo con el fiscal, todos ellos desarrollaron una serie de actividades para consolidar la estructura criminal y luego blanquear el dinero de origen ilícito.
En un segundo nivel, la Fiscalía incluye al esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, como un actor, que a través de la empresa MVV Bienes Raíces SAC también colaboraba en el lavado de los fondos. Para Mark Vito, la Fiscalía pide una pena de 22 años de cárcel, al igual que para otros miembros del partido.
En este contexto, la Fiscalía pretende que al dictarse sentencia, el Poder Judicial disponga la disolución de Fuerza Popular y de la empresa MVV Bienes Raíces SAC, como objetos claves para la comisión del delito.
Acusado. Pier Figari y otros 38 acusados de Fuerza Popular. Foto: Andina
Medidas cautelares
El fiscal José Domingo Pérez anunció que ha solicitado el impedimento de salida del país para Keiko Fujimori por un periodo de 36 meses, que permita que el control de la acusación y el juicio público se desarrolle, dijo, con normalidad.
Pérez también informó que solicitará al juez que prohíba a Keiko Fujimori realizar declaraciones públicas que pongan en riesgo a los representantes del Ministerio Público.
Ambas medidas cautelares deberán analizarse en una audiencia especial, en la que el fiscal tendrá que sustentar los nuevos peligros que enfrenta el proceso judicial y convencer a los jueces, que serían los directamente afectados, de que deben adoptarlos.
Al haberse presentado la acusación fiscal, en teoría ha disminuido también la posibilidad de los procesados de perturbar la averiguación de la verdad, de allí que una restricción es menos posible en esta etapa.
Control. Juez Víctor Zúñiga Urday someterá la acusación a un control de legalidad. Foto: Andina
Candidata emplaza al fiscal Pérez
A través de un video y mensajes en la red social Twitter, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, rechazó la acusación fiscal y atacó políticamente al fiscal José Domingo Pérez, acusándolo de tener intereses partidarios.
“El fiscal José Domingo Pérez ha decidido meterse de lleno a la campaña, en esta recta final antes de la primera vuelta. Como siempre voy a enfrentar esta persecución y esta obsesión que me han llevado tres veces a prisión”, señaló Fujimori.
Anotó que la pretensión del fiscal de pretender silenciarla es desproporcionada. “Estando en prisión perdí ese derecho de defenderme. Lo que él quiere es seguir con su show en todos los medios y negarme mi más básico y legítimo derecho a la defensa”, subrayó la candidata.
Anotó que enfrentará políticamente al fiscal. “Voy a enfrentar firmemente su obsesión contra mí. Si usted ya tiró la toalla judicial y quiere convertirse en un actor político perfecto, no me voy a quedar callada, no voy a aceptar que quieran silenciarme en pleno proceso electoral”, subrayó.
Reacciones
Daniel Huamán, profesor de Derecho
“La actual situación de Keiko Fujimori no va a variar de inmediato. Las medidas cautelares que ha pedido el fiscal, como impedimento de salida del país, tienen que ser aprobadas por el juez. Todavía es muy largo el camino hasta que se tenga la sentencia. Viene la etapa intermedia. Luego, el juicio”.
Julio Schiappa, consultor político
“Es extraordinario que durante un proceso electoral ocurran estos hechos, pero en este caso se trata de un proceso que lleva ya varios años y en el que es evidente que las pruebas son abrumadoras. Creo que es un emblema de la corrupción en el Perú y efectivamente tiene que ser sancionado”.
Abogados
Defensa. La Fiscalía incluyó en la acusación a los abogados Giulliana Loza, Arsenio Oré Guardia, Edward García Navarro, Luis Lazo Mendoza, Lorena Gamero Calero y Danae Calderón Castro por obstrucción a la justicia, para los que pide seis años de prisión, por supuestamente preparar a los falsos aportantes.
El país necesita que estos procesos terminen pronto y se pueda encontrar un nuevo cauce a la política peruana, de lo contrario actores que siguen participando, contaminando el ambiente, por decoro deberían retirarse.
Fuente: La República
