Las graves denuncias que acusan a la Sala Penal que integró Enma Benavides de cobrar por la liberación de narcotraficantes. La investigación que fue descabezada por la actual fiscal de la Nación.
Por César Prado.-
Este reportaje amplía y prosigue con las revelaciones de dos publicaciones previas de IDL-Reporteros.
La primera es: “¿Orden y firmeza?” y;
La segunda es: “La droga en la piedra”.
Ambas relatan casos de notables capturas de narcotraficantes y de droga; de las anormales liberaciones de los principales cabecillas ordenadas, sobre todo, por una sala penal nacional; de las denuncias de corrupción contra los jueces de esa sala, especialmente contra Enma Benavides; de las investigaciones fiscales sobre el caso llevadas por la fiscal Bersabeth Revilla; y de la abrupta separación de esta, ordenada por la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hermana de Enma.
Cada una de estas notas puede leerse en forma independiente, pero es recomendable leer las tres. Son, además, reportajes no solo interesantes sino muy reveladores de las historias verdaderas tras la palabrería de las versiones formales.
Fiscal Bersabeth Revilla. Recibió la denuncia de Hilario Rosales. (Foto: IDL-R)
Este capítulo empieza con la denuncia por corrupción que hizo un expolicía, que cayó preso, purgó condena y que, mientras fue recluso, investigó y reseñó las liberaciones cutreras.
A mediados de 2018, el mayor PNP (r) Hilario Rosales presentó una denuncia contra Enma Benavides y los otros dos jueces que integraban el Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional, Pablo Ilave y María Luisa Apaza.
El documento reseñaba nueve resoluciones de dicho Colegiado en las que ordenaba la libertad de más de una decena de acusados por narcotráfico, entre ellos a Roberto Carlos Gómez Herrera, ‘Huevo’.
Rosales ofreció además su testimonio y el de otros dos aspirantes a colaboradores eficaces que aportarían datos precisos sobre los pagos que habrían comprado su libertad.
La denuncia de Rosales fue asignada al fiscal Jesús Fernández Alarcón; pero cuando este se concentró con exclusividad en el caso “Cuellos Blancos”, el de las libertades compradas recaló en la fiscal Bersabeth Revilla.
Bajo la dirección de Revilla, el fiscal Ronald Quispe Suárez se hizo cargo de las principales diligencias del caso, cuyo desarrollo fue afectado por la pandemia.
Pese a ello la investigación avanzó. En septiembre de 2021, la fiscal Revilla solicitó comparecencia e impedimento de salida del país para todos los involucrados ante el despacho del entonces juez supremo Hugo Núñez Julca.
La resolución de Núñez Julca –que aprobó lo solicitado por la Fiscalía– mostró los avances logrados en casi un año de investigación.
En el curso de esta, uno de los involucrados inició un proceso de colaboración eficaz, bajo el código 02-2019- 2FSTEDCFP. Ahí reveló cómo operaron las conexiones entre los narcotraficantes y los jueces.
De acuerdo con su testimonio, uno de los capturados en el caso de ‘Huevo’ y la tonelada de droga fue quien primero describió lo qué había que hacer para salir libre. Se trataba del peruano José Ricardo Panta Ortíz.
José Ricardo Panta Ortíz.
Panta Ortíz fue capturado junto con el colombiano Edison Ruiz el mismo día que cayó ‘Huevo’ y el resto de la banda. Era el único que iba armado, con una pistola Bersa .380 y una cacerina de repuesto. Tenía, además, antecedentes por narcotráfico.
Pese a esos antecedentes (o quizá por ellos), su estadía en la cárcel fue muy corta.
Según los registros del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Panta Ortíz ingresó al penal Ancón I el 20 de noviembre de 2012 y salió libre apenas veinticuatro días después, el 14 de diciembre de ese año. ¿Cómo lo hizo?
Una resolución de la Sala Penal integrada por los vocales Clotilde Cavero, María Luz Vásquez y Cayo Alberto Rivera ordenó su “inmediata libertad”, pese a sus graves antecedentes.
Panta Ortíz no era ningún novato. Su prisión y condena en 1997 fue por integrar la banda de narcotraficantes “Los Nigerianos”. Al cabo de diez años recuperó la libertad. Parece que a esas alturas ya había aprendido cómo salir libre en tiempo mucho más corto, pues poco después Panta Ortíz apareció en el notorio caso de los “Narcoindultos”. En 2009, acompañó a Carlos Butrón Dos Santos ‘Brasil’ a visitar la oficina del aprista Freddy Vilela Mijahuanca, cercano colaborador de Facundo Chinguel en la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales del ministerio de Justicia.
Carlos Butrón Dos Santos ‘Brasil’. (Foto: La Mula)
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, “Vilela Mijahuanca mantuvo comunicación, tanto personal como telefónica, con los ex internos del Establecimiento Penitenciario de Lurigancho William Pedro Soini Sandoval y José Ricardo Panta Ortíz, así como con los ex Delegados Pedro Butrón Dos Santos y Rafael Segundo Agurto Chihuán, recabando las solicitudes de Gracias Presidenciales con la copia certificada de la sentencia y otros documentos que los internos presentaban, procediendo al armado del expediente de Gracias Presidenciales en el caso del interno William Pedro Soini Sandoval”.
Cuando ‘Brasil’ fue interrogado por este hecho, respondió que, como él, Panta Ortíz iba “a hablar por el perdón de otros presos”.
Las gestiones surtieron efecto.
Soini Sandoval, condenado a 25 años por tráfico ilícito de drogas, recibió una reducción de 5 años de su condena en 2009. Luego de ello, Soini reconoció que mantuvo comunicación con Facundo Chinguel y que incluso le ofrecía seguridad cada vez que este visitaba el penal de Lurigancho.
Los coprocesados de Panta Ortíz, miembros de la banda “Los Nigerianos”, también fueron beneficiados con los “narcoindultos”. En agosto de 2008, el nigeriano Philip Mofya fue el primero en obtener una conmutación de pena que redujo su condena de 14 a 11 años. Salió libre en agosto de ese año.
Posteriormente, en 2009, también fueron liberados los sudafricanos Philip Sethole Siphiwe y John Nnaemeka Akwuh, así como los nigerianos Maxwill Udeze Chukwudi, Mokoena Moses Kate y Nwabilo Emeka Etonyeaku.
Miembros de la banda “Los Nigerianos” beneficiados con los narcoindultos. (Foto: Megacomisión investigadora de la segunda gestión de Alan García)
De modo tal que cuando Panta Ortíz volvió a caer preso en 2012 junto a ‘Huevo’ ya sabía qué hacer para recobrar pronto su libertad; y –como hizo antes– buscó conseguir el mismo beneficio para sus cómplices.
De acuerdo con el mismo colaborador eficaz, una vez libre Panta Ortíz visitó el penal y “les enseña su oficio de libertad por comparecencia a Roberto Gómez Herrera, Percy Coromoto Matos y a Edison Ruiz Martínez”.
Panta Ortíz, según el mismo testimonio, también les presentó al abogado Walter Máximo Mendoza Pérez.
Walter Máximo Mendoza Pérez. (Foto: Facebook)
En entrevista telefónica con IDL-Reporteros, Percy Coromoto confirmó este encuentro. “Cuando comenzó nuestro proceso, Walter Mendoza llevó el proceso de todos los que estábamos implicados. Mendoza sacó libre a uno primero y quedábamos tres. Entonces él pidió una cuota en común primero y ya luego la individualizó”, dijo.
Mendoza llevaba varios años defendiendo a acusados de narcotráfico como el italiano Uliano Catastini y el peruano César Andrade Roel.
“Él (Mendoza) les dijo que les podía solucionar su problema, ya que él tenía los caños en el juzgado (…) retirándose y prometiendo volver con el precio de su libertad ya que primero necesitaba coordinar con el juez encargado”, indicó el colaborador. Y así ocurrió.
Al cabo de quince días, según la fuente, Mendoza regresó y les dijo a los tres que el precio para lograr su libertad era de 350 mil dólares por cada uno. A los narcotraficantes ese monto les pareció excesivo, aunque acordaron analizar la propuesta.
Antes de retirarse, sin embargo, Mendoza les habría dicho que “él era el único que los podía sacar”. No pasaron muchos días (el colaborador calcula que fueron dos) para que Mendoza volviera a verse con ellos.
“Walter Mendoza manifestó que no sabía que los procesados eran amigos del “señor de España”, pidiendo las disculpas del caso y a su vez dando otro precio”. Esa vez, Mendoza les solicitó 100 mil dólares por cada uno.
A diferencia del venezolano Percy Coromoto, a los colombianos Gómez Herrera ‘Huevo’ y Edison Ruiz no les costó esfuerzo reunir el dinero. La entrega, según el mismo colaborador, se dio en un departamento ubicado en Miraflores.
“El pago de ‘Huevo’ fue a través de un primo suyo llamado Alexander Jaramillo Herrera. Él era el encargado de entregarle el dinero a (Walter) Mendoza”, indicó Percy Coromoto a IDL-R en la entrevista telefónica.
El domicilio en referencia es el ubicado en la Calle Alcanfores 247. Al ser consultados, los conserjes del edificio reconocieron tanto a ‘Huevo’ como a Jaramillo, aunque solo los vieron hasta el año 2015.
El mismo colaborador señaló que en todo momento Mendoza era el que coordinaba con los internos “cuánto dinero tenían que pagar para que la jueza Enma Benavides Vargas les de comparecencia”.
Efectuado el presunto pago, ‘Huevo’ y Edison Ruiz lograron que el Colegiado “E” les variara la prisión preventiva por comparecencia. Edison Ruiz escapó del país poco después. ‘Huevo’ Gómez Herrera logró, en cambio, un tratamiento VIP. En los meses siguientes le levantaron todas las restricciones, le devolvieron todo lo incautado, le archivaron el caso, lo sacaron de los documentos del mismo y le limpiaron los antecedentes.
Con eso ‘Huevo’ pudo llegar a Brasil a organizar poco después la exportación de otra tonelada de cocaína, con el mismo método de caletearla en granito que tuvo en Lima. Cuando le cayó la Policía Federal pudo escapar a España, donde fue finalmente capturado y extraditado a Brasil.
De ‘Huevo’ a ‘Papita’
La denuncia de Rosales también mencionó un segundo caso, el de José Manuel López Quispe (a) ‘Papita’ (o ‘Papitas’). López Quispe ya era un conocido acopiador de droga en el VRAEM cuando cayó preso en 2012.
A mediados de ese año, ‘Papita’ fue intervenido en un inmueble del distrito de San Martín de Porres donde se encontraron 107 paquetes tipo ladrillo con un peso total de 98.53 kilos de cocaína.
‘Papita’ fue liberado por el mismo Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional a fines del 2014. El dictamen señala que la droga fue hallada en el primer piso y que ‘Papita’ se encontraba en el segundo piso. Por lo tanto, concluyó, “no se había demostrado la vinculación del procesado López Quispe con la mercadería ilícita hallada”.
La investigación fiscal sobre la presunta corrupción judicial en este caso se apoyó en gran medida en el testimonio de un coprocesado de ‘Papita’, Raúl Oré Torres. De acuerdo con Oré, ‘Papita’ le había contado que su libertad fue producto de un “arreglo con los magistrados”.
El nexo entre ‘Papita’ y los jueces del Colegiado “E” habría sido la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga. Al igual que Walter Mendoza, Vásquez Aliaga tenía experiencia defendiendo a acusados por narcotráfico y era una habitual litigante en la Sala Penal Nacional.
A la derecha, la abogada Ana Luisa Vásquez Aliaga. (Foto: Facebook)
En 2014, según lo relatado por un colaborador eficaz, ‘Papita’ llamaba a todas horas a Vásquez y le solicitaba que “haga hasta lo imposible para ponerlo en libertad”, a lo que Vásquez le respondía “que no se preocupe porque tenía una amiga en el Poder Judicial”.
El monto acordado finalmente habría sido de 70 mil dólares. Para obtener el dinero de la coima, de acuerdo con el mismo testimonio, ‘Papita’ habría vendido el hotel “Tentación” ubicado en la ciudad de Ayacucho.
El hotel estaba a nombre de su excuñada Marta Espinoza Ríos y fue vendido a Leonidas Taguada Acha y Jesusa Urriburu Silvera por 80 mil dólares el 28 de junio de 2014. Cinco días después, el 3 de julio de ese año, la abogada Vásquez presentó una solicitud de variación de mandato de detención por comparecencia a favor de ‘Papita’.
La solicitud fue rechazada por el juez Rafael Martínez, pero al ser apelada fue aceptada por los miembros del Colegiado “E”, integrado por Benavides, por lo que ‘Papita’ pudo salir libre.
Tras ello, ‘Papita’ se hizo humo y no ha sido recapturado hasta la fecha.
La fiscalía a cargo de Revilla también recogió los testimonios de otros dos internos que apuntan a Vásquez como el nexo con Enma Benavides. El primero es el de Héctor Pacheco, coprocesado de Hilario Rosales.
Pacheco afirma tener conocimiento de que Vásquez era el brazo legal de Enma Benavides, pues “ella era la que redactaba los borradores de las resoluciones que iban a favorecer a las personas que accedieran a hacer los pagos”.
El testimonio coincide con el de Mauro Manuel Choquehuanca, otro interno del penal Ancón I, quien refirió que el colombiano Rafael Vélez Rengifo le dijo que “mi abogada Ana Luisa (Vásquez) va a arreglar con la Sala, yo me voy a la calle, me va a costar mi plata”.
En efecto, Vélez Rengifo obtuvo libertad en 2014. Vásquez ha negado conocer al colombiano.
Pero aquí no acaban los cuestionamientos a los magistrados del Colegiado “E”.
El 22 de abril de 2019, la entonces presidenta de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, Inés Villa Bonilla, le remitió un informe al entonces presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo.
El informe daba cuenta de un pedido elevado por el procurador especializado en delitos de Terrorismo, Milko Ruiz Espinoza, en el que se solicitaba evaluar la permanencia de los magistrados del Colegiado “E” de la Sala Penal Nacional.
Procurador Milko Ruiz. (Foto: Andina)
Dicho informe contenía estadísticas que despertaban sospechas. En 2017, el Colegiado “E” había dictado 13 sentencias en casos de narcotráfico y financiamiento del terrorismo, 10 de las cuales habían sido absolutorias. Lo preocupante para Ruiz, sin embargo, era que 7 de esas 10 sentencias fueron declaradas nulas en la Corte Suprema.
“El 70% de las causas penales que fueron competencia de la Sala E van a volverse a juzgar por otras salas superiores”, advertía Ruiz y añadía que “los citados magistrados han sido objeto de sanciones por parte de la OCMA precisamente por no motivar adecuadamente sus resoluciones”.
El procurador hacía referencia a dos procesos disciplinarios del 2016 y 2017 que culminaron con la imposición de descuentos de 10% y 5% de sus haberes mensuales para los magistrados Enma Benavides, Pablo Ilave y María Apaza.
Entre los absueltos por el Colegiado “E” se hallaban miembros de la red de Carlos Rodríguez Castillo (a) ‘Papujo’, un narcotraficante que fue considerado uno de los principales financistas de Sendero Luminoso en el Huallaga. El 20 de mayo de 2014, los jueces de dicho colegiado absolvieron a tres de sus miembros de los cargos de narcotráfico y terrorismo, pero el 27 de diciembre de 2016 la sentencia fue anulada por la Corte Suprema y se ordenó un nuevo juicio para los procesados. Clavel Lino, uno de los involucrados, volvió a ser capturado en agosto de 2016.
Igual suerte corrió Walter Pepito Calderón, un notorio narcotraficante de Yanajanca (Huallaga), quien mantuvo una estrecha relación con Florindo Eleuterio Flores Hala, ‘Artemio’. Walter Pepito Calderón y otros nueve miembros de su organización fueron absueltos por el Colegiado “E” el 22 de julio de 2016, pero en el 2018 la Corte Suprema declaró nula dicha resolución.
Pese a los hechos revelados, no se adoptó ninguna medida contra los integrantes de la Sala.
Pablo Ilave fue cesado por límite de edad en agosto de 2019, mientras que Enma Benavides siguió laborando en la misma institución hasta el 26 de febrero de 2020, fecha en la que retornó a su plaza original en una sala penal de la Corte Superior de Justicia de Lima. En tanto, María Apaza solo fue retornada a su plaza de origen en noviembre de 2021.
El único suceso de importancia en este caso ocurrió este año. Inmediatamente después de asumir la fiscalía de la Nación, Patricia Benavides apartó, con arbitrariedad sin excusas, a la fiscal Bersabeth Revilla de la investigación sobre la acusación de corrupción de su hermana Enma.
¿Así se investiga “la corrupción en el poder”?
Publicado el martes 18 de octubre, 2022 a las 22:08 | RSS 2.0.
Última actualización el jueves 20 de octubre, 2022 a las 17:24
