Dina Boluarte otorga al Congreso más de 48 millones de soles como crédito suplementario
Parlamento desaprobado por el 91% de peruanos gastará en “equipamiento, bienes y proyectos de inversión”.
Luz verde. Con las rúbricas de Dina Boluarte y su ministro de Economía, Alex Contreras, se le otorgó al Congreso la suma de S/48.264.306,00 como “crédito suplementario”. El decreto supremo n°052-2023-EF destinó el monto al “gasto del personal, bienes y servicios, equipamiento y proyectos de inversión. También serviría para “ejecutar los lineamientos de compensación, gestión de empleo y rendimiento, organización interna y programa de incentivos por retiro voluntario”.
El direccionamiento acontece en un contexto álgido para la primera mandataria. La exministra de su antecesor es investigada en el Ministerio Público por presunto homicidio calificado debido a las muertes en contexto de protesta social. También fue incluida en la carpeta fiscal de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, por supuesto lavado de activos. De igual forma, su exasesora Grika Asayag está consignada, en modalidad preliminar, como posible autora de tráfico de influencias agravado.
Entretanto, el Congreso del general (r) José Williams Zapata alcanzó su punto máximo de rechazo. En marzo del 2023, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 91% de connacionales los desaprueba.
Desde la quincena de febrero de 2023, diferentes reportes periodísticos expusieron los gastos millonarios de los padres de la patria. Tan solo en la compra de iPhones, alfombras, televisores, la instalación de buffet y el alquiler de estacionamiento privado se gastó S/6.136.630,300 con dinero proveniente de todos los peruanos. Como publicó este medio de comunicación, fue el mismo titular del Parlamento quien autorizó las compras delegando facultades al Oficial Mayor, Director General de Administración, jefe del Departamento de Logística y procurador público para “decidir y resolver dentro de las limitaciones establecidas en la normatividad de contratación pública”.
Fuente: La República