“Poder Judicial declara infundado recurso de cuestión previa presentado por excongresista Mauricio Mulder para no ser procesado sin antes haber sido sometido al antejuicio político por el Congreso de la República, en investigación en su contra por lavado de activos agravado y asociación ilícita”, publicó a través de X.
Asimismo, esta publicación dio a conocer que la decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien argumentó que los delitos imputados al militante aprista son delitos comunes vinculados con el ejercicio de su función y no con delitos funcionariales, es decir, contra la administración pública para pasar por tal antejuicio político.
Mauricio Mulder: ¿de qué es acusado el excongresista por la Fiscalía?
Mauricio Mulder es investigado por la Fiscalía peruana por presuntamente haber recibido dinero ilícito de la empresa Odebrecht y otras fuentes, durante el periodo de 2005 a 2011. En esos años, Mulder fue un destacado dirigente del Partido Aprista Peruano y, simultáneamente, ocupaba un escaño en el Congreso de la República.
En julio de 2023, el Ministerio Público inició una investigación preparatoria contra diez personas relacionadas con el Partido Aprista Peruano (APRA), entre ellos Mulder, según documentos divulgados por diversos medios de comunicación.
Entre los nombres mencionados en el documento se encuentran Luis Alva Castro, Jorge del Castillo, Hernán Garrido Lecca, Mercedes Cabanillas, Javier Velásquez Quesquén, Cesar Zumaeta, Franklin Santiago Chávez y Luis Antonio Gasco.
Estas personas están acusadas de la presunta comisión de delitos como asociación ilícita para delinquir y lavado de activos agravado, en el marco de la investigación del caso Odebrecht. Debido a la complejidad de la investigación, se ha determinado un periodo de 36 meses para realizar las diligencias necesarias durante la etapa preparatoria.
¿Qué es el antejuicio político?
El antejuicio político es un mecanismo de control constitucional dirigido a evaluar si hay razones suficientes para iniciar una acusación formal contra altos funcionarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Este proceso es particularmente significativo para cargos como el presidente, ministros, miembros del Congreso y magistrados del Tribunal Constitucional, entre otros, quienes cuentan con inmunidad durante su mandato.
El procedimiento de antejuicio político comprende varias fases. Primero, se presenta una denuncia o acusación que debe ser admitida para su discusión en el Congreso. Si se admite, se lleva a cabo una investigación preliminar. Posteriormente, el Congreso vota para determinar si existen fundamentos suficientes para destituir al funcionario y permitir que sea juzgado por los tribunales ordinarios, requiriéndose una mayoría calificada para esta decisión.
Este proceso garantiza que los funcionarios con inmunidad no se sitúen por encima de la ley, al tiempo que protege contra acusaciones infundadas o con motivaciones políticas que podrían desestabilizar la gobernabilidad del país. Asimismo, refleja un equilibrio entre el respeto a la función pública y la necesidad de rendición de cuentas dentro de un marco democrático.
