Terminada la legislatura, la mandataria Dina Boluarte solicitó la instalación de un pleno extraordinario cuyo único punto en agenda es completar la segunda votación del Proyecto de Ley para delegar facultades al Ejecutivo.
El pleno del Congreso de la República evaluará este lunes, 1 de julio, si confirma la delegación de facultades legislativas al Gobierno. En una sesión extraordinaria, los parlamentarios deberán efectuar la segunda votación del dictamen mediante el cual el Ejecutivo podrá legislar en diversas materias por un período de 90 días calendario.
La sesión plenaria iniciará a las 10.00 a. m. de manera semipresencial para llevar a cabo el debate y votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7752, que propone delegar facultades legislativas en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional
Como se recuerda, el Congreso aprobó en primera votación la delegación de facultades el pasado 15 de junio, día en que se dio por concluida la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024.
Justamente el término de la legislatura no le permitió efectuar la segunda votación pasados los siete días posteriores, ya que no se alcanzó los votos necesarios para exonerar dicho trámite.
A razón de ello, la mandataria Dina Boluarte solicitó la instalación de un pleno extraordinario cuyo único punto en agenda es completar con la segunda votación.
¿En qué materias podrá legislar el Ejecutivo si se aprueba su pedido?
Si se aprueba la delegación de facultades, la administración de Dina Boluarte podrá emitir decretos legislativos en los temas autorizados por el Congreso, por un plazo de 90 días calendarios, que son contados desde que rija la norma.
Las materias son:
- Referido al fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.
- Mejora de la calidad de la inversión pública.
- Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.
- Reducción de costos de transacción.
- Acceso y competencia en servicios financieros.
- Equilibrio fiscal.
- Tributaria.
- Política criminológica y penitenciaria.
- Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.
- Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.
- Fuente: RPP
