Resolver o cambiar las condiciones de un contrato mediante amenaza publica no funciona en ninguna parte del mundo. Por el contrario, el Gobierno puede llegar a acuerdos sin necesidad de expropiar, asegura Álvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
Si a usted, querido lector, le dan a elegir entre el modelo económico/energético adoptado en Venezuela o el adoptado en Perú, ¿con cual se quedaría?
La producción de petróleo en Venezuela cayo de 2,8 millones de barriles día (MMBLD) el 2003 a 0,5 MMBD este 2021, fruto de nacionalizaciones, expropiaciones y manejo errático estatal. Ni que decir de los severos desabastecimientos eléctricos y de combustibles que se reportan día a día para penuria de sus ciudadanos y por supuesto de los que menos tienen.
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Paganinis son los casi 4.5 millones de exiliados venezolanos, de los cuales se estima que 1,2 millones están en Perú. Tenemos claro que la solución no va por expropiar, ni nacionalizar ni poner todo en manos del Estado. Hay otros caminos a explorar, dónde ya se ha tenido éxito, que veremos a continuación.
El modelo peruano no hace huir a sus ciudadanos, ni tampoco genera desabastecimientos y cortes de energías como los anotados en Venezuela. La oferta y demanda de gas natural, electricidad y de otros combustibles ha crecido notablemente con el dinamismo del sector privado y acompañada de su empresa competitiva Petro-Perú.
Esta empresa ahora debe entrar al upstream y acompañar la masificación del gas natural, situación que han descuidado notablemente anteriores gobiernos.
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Entrando en tema, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha desatado un profundo desconcierto y debate al declarar públicamente que nacionalizará Camisea sino acceden a sus peticiones. Desde nuestro punto de vista, resolver o cambiar las condiciones de un contrato mediante amenaza publica y unilateralmente no funciona en ninguna parte del mundo.
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Los contratos no están escritos en piedra y todos pueden renegociarse. Pero, también creemos que declaraciones anticipadas e innecesarias le hacen mucho daño al Perú, ahuyentando nuevas y billonarias inversiones requeridas, principalmente, en el sector minero para producir minerales que el planeta y la transición energética requiere.
Y también para construir infraestructura que permita llevar a cabo una verdadera masificación de gas en las regiones al interior de Perú.
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EL CONSORCIO Y LAS NEGOCIACIONES
El Consorcio Camisea ha invertido cerca de US$3.250 millones en desarrollar pozos y plantas para entregar gas y líquidos en los 17 años que tiene el proyecto. Se reporta que, de acuerdo a los precios establecidos, el consorcio ha facturado cerca de US$29.500 millones en gas y líquidos, de los cuales ha pagado US$11.000 millones en regalías (38%), US$4.000 millones en otros impuestos y US$7.000 millones en costos operativos (Opex), con una utilidad liquida aproximada de US$7.500 millones.
¿Es una utilidad baja, elevada, razonable? No somos quienes para decirlo, pero ponga usted US$3.250 millones, al 10% de retorno, y tendrá la respuesta. Lo cierto es que el consorcio ha ganado plata y para ello apostó capital en el desarrollo del proyecto bajo reglas establecidas.
Si cualquier gobierno desea obtener mayores beneficios o renta de éste u otro proyecto solo debe tratar de negociar sobre estos números y las proyecciones que se tienen y luego comunicar los resultados.
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Desde nuestro punto de vista se podría fácilmente llegar a acuerdos con el consorcio sin necesidad de nacionalizar y expropiar. Por ejemplo, bajar el precio en boca de pozo para el gas futuro necesario de manera de lograr la añorada masificación del gas natural en todo el Perú y del sur, en particular. Recibir aportes de una empresa que tiene 23 años adicionales de concesión no creo que sea difícil lograr. Creemos que éste es el derrotero a seguir.
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Existen ya dos instancias donde el Estado ha negociado con el consorcio y ha obtenido beneficios. Una el 2006 cuando en el contrato original se establecían vinculación de los precios de gas al precio del petróleo internacional y éstos comenzaban a subir como espuma. Entonces se pactó indexarlos a otros índices mucho menos volátiles con lo cual los precios dejaron la volatilidad anterior y desde esa fecha han tenido ajustes anuales muy pequeños.
En esa oportunidad también se consiguió que los precios para el Gas Natural Vehicular (GNV) se reduzcan de manera que pueda existir ahorro importante para los usuarios finales. Esto impulsó el crecimiento del parque automotor a gas, que dejó, así, de usar combustibles importados.
Los gobernantes peruanos y sus ciudadanos, sin embargo, tienen la ultima palabra. Solo hemos analizado algunas ideas y cifras.
*Álvaro Ríos es ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual socio director de Gas Energy Latin América.
