La acusación fiscal que solicita nueve años y cuatro meses de prisión contra el diputado Harvey Colchado ha generado un intenso debate político y jurídico. No corresponde a la opinión pública decidir sobre su responsabilidad penal; esa tarea pertenece exclusivamente al Poder Judicial, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Sin embargo, sí corresponde preguntarse si el sistema de justicia está aplicando el derecho con criterios uniformes o si determinados casos reciben un tratamiento excepcional que termina alimentando la percepción de una justicia selectiva.
Según la tesis fiscal, el origen de la acusación radica en la consignación de una ocupación distinta en un documento notarial y en la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. Será el proceso judicial el que determine si esos hechos configuran efectivamente los delitos imputados y si existen pruebas suficientes para sustentar una eventual condena.
Pero el caso adquiere inevitablemente una dimensión política debido a la trayectoria pública del propio Harvey Colchado.
Como oficial de la Policía Nacional dirigió investigaciones que involucraron a diversas figuras de la política peruana de distintos signos ideológicos, entre ellas la actual presidenta Keiko Fujimori, el expresidente Ollanta Humala y el fallecido expresidente Alan García, la ex presidenta Dina Boluarte, Esa actuación lo convirtió en una figura ampliamente conocida y también en un personaje polémico.
Posteriormente fue retirado de la institución policial, decisión que generó un amplio debate público. Más tarde ingresó a la actividad política y obtuvo una de las votaciones más altas para integrar la Cámara de Diputados, llegando incluso a formar parte de su Mesa Directiva y de la Comisión de Ética.
En ese contexto resulta comprensible que la acusación fiscal sea observada con especial atención por la ciudadanía. No porque ello signifique que un parlamentario deba estar exento de investigación, sino porque la independencia del sistema de justicia constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
La justicia debe investigar cuando existan indicios suficientes, pero también debe evitar convertirse en un instrumento de confrontación política. El uso selectivo del derecho penal para afectar adversarios reales o percibidos debilita la confianza ciudadana en las instituciones y termina perjudicando a la propia democracia.
El verdadero desafío consiste en aplicar exactamente la misma vara para todos. Si una determinada conducta merece una sanción penal, ese criterio debe extenderse a todos los funcionarios y autoridades que hayan incurrido en hechos equivalentes, sin importar su cargo, influencia o afinidad política. Si, por el contrario, la práctica demuestra que situaciones similares han sido tratadas de manera distinta, corresponde explicar objetivamente las razones jurídicas de esa diferencia.
La igualdad ante la ley no significa impunidad para nadie, pero tampoco admite privilegios ni persecuciones.
El Perú necesita fiscales y jueces independientes, capaces de investigar con firmeza los actos de corrupción y los delitos contra la administración pública, pero igualmente comprometidos con el respeto al debido proceso, la proporcionalidad y la imparcialidad.
El caso Harvey Colchado no solo pondrá a prueba la solidez de la acusación fiscal. También será una prueba para las instituciones encargadas de administrar justicia. Lo que está en juego no es únicamente el destino judicial de un parlamentario, sino la confianza de los ciudadanos en que el derecho se aplica con objetividad y no como una herramienta de confrontación política.
La democracia se fortalece cuando la justicia actúa con independencia. Se debilita cuando cualquier ciudadano puede llegar a pensar que la severidad de una investigación depende más de la identidad del investigado que de la consistencia de las pruebas.
