El fallo judicial que permite a Cosco Shipping operar sin control estatal pleno en el Puerto de Chancay ha generado preocupación entre economistas y autoridades peruanas. La decisión de primera instancia limita la intervención de Ositrán en las operaciones del megapuerto, y aunque aún puede apelarse, abre un debate sobre la soberanía económica y el equilibrio estratégico del país.
Inversiones necesarias, pero condicionadas por la geopolítica
Chancay y otras grandes obras de infraestructura son proyectos estratégicos para el crecimiento de Perú. Sin embargo, tras la publicación del Libro Blanco de Seguridad Nacional de Estados Unidos, América Latina queda claramente señalada como zona de interés estratégico de Washington. Esto implica que cualquier inversión proveniente de China —como es el caso de Cosco Shipping— podría ser presionada o bloqueada indirectamente, aún cuando sea totalmente legal y beneficiosa para el país.
Esta política del “hortelano”, que consiste en no dejar comer a nadie más, pone en riesgo proyectos vitales para la economía, ya que condiciona la presencia de capitales internacionales según intereses de potencias externas. Perú no puede permitirse frenar su desarrollo por caprichos o presiones de terceros.
El fallo y sus implicancias legales
El Poder Judicial ordenó a Ositrán abstenerse de ejercer facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre Cosco Shipping en Chancay, salvo en lo que respecta a la determinación de tarifas a usuarios finales. El fallo reconoce la naturaleza privada del puerto, financiado enteramente con capital privado, y limita la intervención estatal al marco legal vigente.
Sin embargo, la sentencia judicial y las apelaciones deben evitarse como parte de un juego de intereses externos, donde algunos promueven ciertos proyectos según sus conveniencias y otros emiten resoluciones bajo presiones o influencias. Este es un juego de mucho cuidado, donde la prioridad absoluta debe ser el interés nacional y la seguridad jurídica, y no favorecer a potencias extranjeras ni comprometer el desarrollo económico del país.
Desde la empresa, se recalca que el puerto es infraestructura privada que ofrece servicios de uso público, cumpliendo con la normativa nacional aplicable. Mientras tanto, Ositrán prepara la apelación correspondiente, y el proceso aún no queda firme.
Lecciones estratégicas para Perú
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Diversificación de socios e inversiones: Depender de una sola potencia, sea Estados Unidos o China, expone al país a riesgos políticos y económicos.
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Unidad regional: La coordinación con países vecinos fortalece la capacidad de resistir presiones externas y proteger el derecho al desarrollo.
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Equilibrio estratégico: Perú debe mantener relaciones comerciales y financieras con todas las potencias, evitando comprometer su soberanía y desarrollo a intereses geopolíticos ajenos.
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Protección de proyectos estratégicos: Infraestructuras como Chancay son cruciales para la competitividad y deben operar con seguridad jurídica, evitando bloqueos que limiten su funcionamiento.
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Independencia judicial: Las decisiones y apelaciones deben ser inmunes a presiones externas; solo así se garantiza que la ley se aplique con imparcialidad y en favor del interés nacional.
El caso de Chancay no es solo un asunto legal: es una prueba de la complejidad de la geopolítica en América Latina. El país enfrenta el desafío de proteger sus inversiones, diversificar sus socios y mantener un equilibrio estratégico frente a potencias externas, asegurando que ninguna presión internacional frene su desarrollo económico y soberanía.
Perú debe aprender que el desarrollo no puede depender de la voluntad unilateral de terceros, sino de decisiones estratégicas que prioricen los intereses nacionales, la legalidad y la cooperación internacional equilibrada. La independencia judicial y la transparencia en la aplicación de la ley son esenciales para blindar nuestro crecimiento frente a intereses extranjeros.
