La minería de pequeña escala en Perú ha crecido de manera significativa desde inicios del siglo XXI, generando graves impactos ambientales, sociales y políticos. Aunque a menudo se agrupa bajo la etiqueta de “minería ilegal”, el sector es heterogéneo: incluye desde mineros artesanales que buscan sustento económico hasta mafias organizadas que controlan territorios y operan fuera de la ley.
Impactos y desafíos ambientales:
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La minería aluvial en la Amazonía provoca deforestación masiva, contaminación de ríos con mercurio y daños a territorios indígenas.
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La minería filoniana en la sierra genera riesgos de drenaje ácido de mina y contaminación de suelos, con procesos técnicos más complejos.
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La diversidad geográfica y técnica de la minería requiere políticas diferenciadas según tipo de yacimiento y región.
Problemas de gobernanza y formalización:
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Las políticas de formalización implementadas desde 2002 hasta 2025, incluyendo registros como el Reinfo, han sido en gran parte ineficaces.
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Muchos mineros informales utilizan estos registros como un escudo legal, operando sin cumplir estándares técnicos, ambientales o laborales.
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La incapacidad del Estado para diferenciar entre mineros artesanales y mafias ha facilitado la infiltración de redes criminales en los procesos de formalización.
Minería informal, ilegal y criminal:
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Informal: mineros que buscan subsistencia o ingresos complementarios, a menudo inscritos en procesos de formalización, sin fines criminales.
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Ilegal: operaciones en zonas prohibidas o con técnicas dañinas, constituyendo delitos ambientales.
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Criminal: redes organizadas que combinan minería ilegal con violencia, corrupción y conexión con otras economías ilícitas, como narcotráfico y lavado de activos.
Influencias políticas:
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La minería informal y artesanal ha adquirido legitimidad política, recibiendo apoyo de sectores diversos y logrando influencia en el Congreso y gobiernos regionales.
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Esta penetración política ha dificultado la implementación de controles efectivos y ha permitido que intereses de mafias y mineros ilegales se incorporen a la legislación y a registros oficiales.
Recomendaciones:
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La situación requiere un cambio de enfoque, diferenciando claramente minería informal, ilegal y criminal.
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Es necesario:
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Brindar asistencia técnica y acompañamiento a mineros que buscan formalizarse.
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Erradicar operaciones ilegales en zonas prohibidas.
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Combatir el crimen organizado mediante seguridad, inteligencia financiera y cooperación interinstitucional.
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Solo con políticas diferenciadas y compromiso estatal será posible proteger el ambiente, garantizar derechos colectivos y ofrecer alternativas económicas viables sin que la minería sea cooptada por redes criminales.
