Acuerdo. La primera ministra Mirtha Vásquez dialogará con ellos el 28 de octubre. Sin embargo, acotó, el Estado no retrocederá en la erradicación del cultivo de coca. Al frente hay otros 196 conflictos sociales: 139 activos y 57 latentes. Un tema irresuelto y que viene, en algunos casos, desde hace años.
Por: Pamela Palacios, Zaida Arias y Diego Quispe
El 28 de octubre, la primera ministra Mirtha Vásquez visitará Juliaca, Puno, para instalar una mesa de diálogo con los dirigentes cocaleros. Ese fue el acuerdo al que llegaron ayer la jefa de gabinete y el secretario general de la Confederación Nacional de Productores de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), Julián Pérez Mallqui.
A cambio de ello, los dirigentes cocaleros se comprometieron a levantar el bloqueo de la carretera Interoceánica que une las regiones de Puno y Madre de Dios.
En los exteriores de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vásquez brindó mayores detalles de la reunión: “El día 28 de octubre estaremos en la ciudad de Juliaca para instalar una mesa multisectorial de trabajo para atender sus preocupaciones. Será el inicio de conversaciones con los actores sociales”.
La titular de PCM manifestó que aguarda que con esta mesa de trabajo este gremio de agricultores y el Gobierno puedan llegar a un entendimiento. “Donde la población tenga la voluntad de solucionar estas problemáticas de la manera adecuada”, sostuvo.
El 16 de octubre, recordemos, los agricultores cocaleros iniciaron un paro como medida de rechazo a la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Dos días después se sumaron gremios de Puno, en el distrito de San Gabán, bloqueando la vía Interoceánica.
La primera ministra en la reunión con este gremio les recalcó que el Estado “no abandonará” la erradicación de hoja de coca. Sin embargo, acotó que eso no significa que vayan a tomar decisiones unilaterales. Por eso, aceptaron la instalación de mesas de diálogo.
“Vamos a entrar en un diálogo donde se tenga que ver cómo vamos a continuar con el proceso de erradicación. Hay que escuchar a los pequeños productores que tienen una serie de preocupaciones respecto a, por ejemplo, la actualización de padrones”, manifestó.
En la reunión también participaron el ministro de Agricultura, Víctor Maita, y el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo. Este último fue un interlocutor entre ambas partes.
El jueves último, los representantes de los gobiernos regionales de Madre de Dios y de Puno, y de la CONAPACCP, no se habían puesto de acuerdo en la reunión que tuvieron con el ministro del Interior, Luis Barranzuela. Exigieron que sea la ministra Mirtha Vásquez quien anuncie el inicio del diálogo.
Y así fue.
“Nosotros le indicamos al ministro del Interior que se levante el bloqueo y que las autoridades de Puno pidan a los huelguistas eso. Esperemos que se cumpla el levantamiento de la vía”, dijo el vicegobernador de Madre de Dios, Jefferson Gonzales.
El congresista Guillermo Bermejo sostuvo reuniones con cocaleros en Puno. Foto: La República
A las 6.40 de la tarde, en diálogo con La República, Gonzales explicó que había un desbloqueo parcial de la vía. Pero igual prefería ser cauteloso.
Problemas pendientes de resolver en regiones
Pero el conflicto en Puno no es el único que debe afrontar el Gobierno de Pedro Castillo. Un informe de la Defensoría del Pueblo, correspondiente hasta agosto, reveló que en el país existen 196 conflictos sociales, de los cuales hay 139 activos y 57 latentes.
Las regiones con mayor cantidad de conflictos son Loreto (31), Cusco (22), Áncash (17), Puno (14) y Apurímac (13). En estas regiones hubo más paralizaciones.
En Loreto a inicios de octubre, la población tomó las instalaciones del Lote 8 (Pluspetrol), Lote 95 (Petrotal) y la Estación 5 del Oleoducto Nor Peruano (Petroperú). La protesta se debió a que las zonas aledañas todavía no cuentan con servicios básicos como agua potable.
Tampoco hay cierre de brechas y, menos, compensaciones económicas por los daños ocasionados a la población. Por eso, además, los manifestantes exigen modificaciones a la ley de canon petrolero. Hasta el momento no hay humo blanco sobre este tema.
Reunión. Primera ministra conversó con dirigentes cocaleros. Foto: PCM
En el sur también la situación es delicada. Mayormente los conflictos se centran en el corredor minero que une las regiones de Apurímac y Cusco, y desemboca en Arequipa. Desde hace cuatro días, esta carretera fue bloqueada en la provincia de Cotabambas, Apurímac.
Se trata de un conflicto alertado por la Defensoría del Pueblo desde setiembre. La gestión de Guido Bellido en la PCM no rindió frutos para resolver esta problemática. La nueva huelga comenzó el martes 19 de octubre ante la falta de respuesta del Ejecutivo.
Los comuneros de Cotabambas y del distrito de Progreso, área de influencia directa del proyecto minero Las Bambas, exigen la presencia del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra Mirtha Vásquez. Según el presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Víctor Limaypuma, es la única manera de retomar el diálogo.
Los manifestantes reclaman el pago de compensaciones por sus predios por donde atraviesa el corredor minero. Exigen la suscripción de un convenio marco con la minera y que esta empiece a pagar el impuesto a la renta, de donde proviene el canon minero.
En julio de este año, las comunidades de la provincia de Chumbivilcas retomaron su huelga para reclamar el pago por el uso de sus tierras que forman parte del corredor minero y también indemnizaciones por los impactos ambientales como el polvo que causan los camiones encapsulados de Las Bambas.
La huelga fue levantada el 5 de octubre con la firma de un acta en Lima. La minera se comprometió a admitir a las comunidades como sus proveedoras de transporte de concentrado mineral. Los otros puntos aún están pendientes de resolverse.
En Chumbivilcas también se encuentra el proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay. En torno a esta minera hay varias demandas como la de la comunidad de Collana, distrito de Velille, que quiere ser área de influencia directa.
En Chumbivilcas también se encuentra el proyecto minero Constancia de la empresa Hudbay. Foto: GLR
Los carros que extraen minerales de Hudbay también hacen uso del corredor minero, así como los de la empresa Antapaccay. Esta última lo utiliza desde la provincia de Espinar, donde están sus operaciones.
El 6 de octubre, las comunidades originarias de Espinar realizaron un paro de dos días. Exigen una nueva consulta previa y el pago de reparaciones por los impactos ambientales.
Aunque levantaron la medida de fuerza luego de un acuerdo con la minera, el incumplimiento de compromisos podría volver a encender el problema.
También hay conflictos en el norte y centro del país
En Áncash, los representantes de los centros poblados de Carhuayoc y Pichiu Quinuaragra demandan a la Compañía Minera Antamina mayor responsabilidad social y empleo.
El 25 de octubre, los colectivos de San Miguel del Faique, en Piura, iniciarán un paro por el abandono de la construcción de la vía Canchaque-Huancabamba.
Para el 26 de octubre, el Consejo Nacional de Transporte Terrestre anunció un paro indefinido debido al alza de precios de los combustibles.
El 8 de noviembre, en Huánuco, la población también realizará un paro en contra de la corrupción en esta región.
El 13 de octubre, en el distrito de Luyando, los ciudadanos de Shapajilla iniciaron protestas restringiendo el acceso a las Celdas Transitorias. La Defensoría del Pueblo exhorta a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado a insistir con la apertura de una mesa de diálogo. La población denuncia contaminación ambiental y pésimas condiciones sanitarias.
Reacciones
Jefferson Gonzales, GORE Madre de Dios
“Nosotros le indicamos al ministro del Interior que se levante el bloqueo y que las autoridades de Puno pidan a sus huelguistas eso. El gobierno regional no tiene acto resolutivo de intervenir”.
Julián Pérez Mallqui, CONAPACCP
“Hay que dar soluciones a través del diálogo. Son compromisos que asume el Gobierno y que, por cierto, está dando apertura a todos los sectores. La medida de fuerza se dio por una falta de diálogo”.
Reactivación de tensiones
Enfoque por: José de Echave, investigador/CooperAcción
No es la primera vez que el inicio de un gobierno esté acompañado de un incremento de conflictividad social en el país. Ocurrió con Humala, García, Toledo. Altas expectativas de lo que puede hacer una nueva gestión, a lo que se suman los casos embalsados, explican, entre otros factores, la reactivación de las tensiones en los territorios.
En esta ocasión habría que precisar que la mayoría de conflictos se están produciendo, precisamente, en lugares donde el presidente Castillo obtuvo un altísimo respaldo electoral (en provincias del corredor minero obtuvo votaciones por encima del 90%), de cocaleros, poblaciones afectadas por derrames de petróleo y de zonas con presencia minera. La expectativa de que un gobierno, que lo sienten como suyo, resuelva las demandas pendientes es enorme.
Ya Bellido pensó que por ser de la zona iba a resolver fácilmente el conflicto en Chumbivilcas y no le fue bien. Ahora Mirtha Vásquez toma la posta: una primera gestión le ha permitido desactivar el paro cocalero y se espera que pueda manejar de manera diferente el resto de conflictos. Su trayectoria de defensora de dirigentes sociales y su experiencia en temas socioambientales serán importantes para que cambie la estrategia de abordaje de los conflictos sociales.
