Mediante un pronunciamiento, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana indicó que la norma debe ser declarada nula, a fin de garantizar a las víctimas de todo crimen y asesinato en nuestro país el acceso a la justicia y reparación correspondiente.
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana exhortó a autoridades, entidades y a la sociedad civil a “accionar los mecanismos constitucionales” para buscar la nulidad de la ley que regula los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que el Congreso de la República promulgó ante la falta de pronunciamiento del Ejecutivo.
Mediante un pronunciamiento, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana indicó que es necesario que dicha norma se declarada nula, a fin de garantizar a las víctimas de todo crimen y asesinato en nuestro país que tengan acceso a la justicia y reparación correspondiente.
“El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hace un llamado urgente a nuestras autoridades, a los diversos organismos tutelares del Estado de Derecho en el Perú y a la sociedad civil organizada para accionar los mecanismos constitucionales a fin de buscar los caminos para obtener lo más pronto posible la nulidad de esta ley, garantizando que las víctimas de todo crimen y asesinato cometido en nuestra patria, tengan acceso a la justicia y la reparación correspondiente a la que tienen derecho y que el Estado peruano tiene obligación de garantizar”, indicaron.
Según señalaron, la protección de los derechos humanos, la justicia y la legalidad son principios fundamentales que deben ser defendidos con firmeza y sin concesiones, por ello realizaron una invocación a los autores de la norma para que realicen una “inmediata rectificación por el bien del Perú”.
Cuestionan norma
Manifestaron en esa línea su “profundo desconcierto y decepción”, pues a su criterio con la promulgación de esta norma se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, lo cual causa un irreparable daño a las víctimas de la violencia, así como a las familias afectadas y quienes esperan que las autoridades trabajen por el bien común.
“El contenido de esta ley es inaceptable porque pone en grave riesgo la aplicación de una verdadera justicia, así como la responsabilidad sobre el daño causado y el resarcimiento a las víctimas y sus familiares por las graves violaciones de los derechos humanos. El Perú no puede -ni debe- contradecir ni apartarse de tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía”, indicaron.
Desde el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana también advirtieron que la ley promulgada por el Legislativo repite un texto legal al que contenía la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1097, de 2010, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2011. Según precisaron, el contenido de esta “limita y contradice gravemente los principios universales de justicia que todos debemos defender, especialmente cuando afecta a los que no tienen cómo defenderse”.
“El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que todo acto de violencia y opresión contra el ser humano es una violación a la intrínseca dignidad humana y que la justicia exige que todos los crímenes graves sean castigados, independientemente de cualquier límite de tiempo. En este sentido, esta ley contradice el mandato ético y moral de proteger la dignidad humana, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la integridad del compromiso cristiano con la justicia y el bien común”, indicaron.
Fuente: RPP
