La jefa de Estado, Dina Boluarte, pidió un equilibrio de poderes para tener un país “democrático, estable y equitativo”.
Dina Boluarte pide reflexión al Congreso en proceso seguido contra la Junta Nacional de Justicia
La presidenta Dina Boluarte pidió reflexión al Congreso después de que la Comisión Permanente aprobara el informe que recomienda acusar constitucionalmente e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
En declaraciones a los medios de comunicación, la jefa de Estado señaló que en un país democrático debe primar el respeto a la institucionalidad, en referencia al proceso parlamentario que podría culminar con la remoción de todos los magistrados de la JNJ.
“En un país democrático, en un estado de derecho, tenemos que equilibrar los poderes. Así es que llamamos al Congreso a una reflexión para que podamos equilibrar estos poderes, para que podamos tener democrático, estable, seguro y equitativo”, respondió.
Consultada si es que sería un error destituir al organismo, Boluarte Zegarra repitió enfática: “Solo estoy diciendo que llamo a la reflexión al Congreso para que podamos seguir manteniéndonos como un país que respete la institucionalidad”.
Comisión Permanente aprueba inhabilitar a miembros de la JNJ
En votaciones por separado, la Comisión Permanente aprobó este lunes el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda la sanción contra los seis actuales magistrados: Antonio de la Haza (presidente), Aldo Vásquez (vicepresidente), Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.
El mismo requerimiento recae sobre Henry Ávila, quien renunció al cargo la semana pasada.
Los integrantes de la JNJ son acusados de haber infringido el artículo 156 de la Constitución, que establece que para ser magistrado de la junta se debe tener menos de 75 años. Según la acusación, los magistrados son acusados por avalar que Inés Tello permanezca en el cargo después de cumplir esa edad a finales del 2020.
Tras la votación en la Comisión Permanente, el futuro del colegiado quedó en manos del pleno del Congreso.