Desde el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder indicaron que respetan la libertad de prensa y señalaron que todos sus investigados están asistidos por el derecho de la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso. Ello tras las declaraciones de Juan Carlos Tafur, quien cuestionó el allanamiento a su vivienda.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) se pronunció la noche de este miércoles respecto de las declaraciones que realizó el director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur, quien calificó el allanamiento realizado en su vivienda como parte del operativo ‘Valkiria XI’ como “una venganza fiscal”.
Mediante un comunicado, el Eficcop realizó la siguiente precisión ante “la interpretación incorrecta de un extremo de la resolución n°1 del 1 de abril último, emitida por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional”.
Negaron que las investigaciones que realizan en el marco del caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’ sean producto de “venganzas” en perjuicio de los investigados, a quienes dijeron les asiste el derecho de la presunción de inocencia y la garantía de un debido proceso.
En ese sentido, manifestaron su total respeto a la libertad de prensa, conforme a lo establecido en el artículo 159° de la Constitución Política del Perú. Además, recordaron que el artículo 60 y siguientes del Código Procesal Penal, señalan que el fiscal es el encargado de la persecución penal y responsable de la carga de la prueba, “por lo que debe actuar con absoluta objetividad y respetando los derechos constitucionales de los investigados”.
Declaraciones de Tafur
En vísperas, el periodista y director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur, tildó de “venganza fiscal” el allanamiento a su vivienda como parte de la investigación que realiza el Eficcop a una presunta organización criminal que estaría liderada por Patricia Benavides.
Según explicó en Ampliación de Noticias de RPP, este allanamiento es una represalia por un reportaje que exponía los viajes realizados por la fiscal coordinadora del Eficcop, Marita Barreto, a Punta Cana y Estados Unidos, entre 2022 y 20032, a fin de tomar declaraciones de Sada Goray, quien es investigada por presunta corrupción durante el Gobierno de Pedro Castillo.
La difusión de este informe periodístico originó que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público recibiera en octubre de 2023, un informe que planteaba iniciar un proceso administrativo contra Barreto por adoptar medidas “disímiles” con Sada Goray, al viajar a Punta Cana del 1 al 5 de noviembre de 2022 a Punta Cana, y luego del 31 de enero al 4 de febrero a Estados Unidos.
Tafur indicó que el Ministerio Público lo vincula con el abogado José Luis Castillo Alva, implicado en el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, para la elaboración del informe periodístico.
“Presumen que he sido parte de una organización criminal que ha querido afectar el trabajo del [equipo de fiscales del caso] ‘Los Cuellos Blancos’ a través de publicaciones periodísticas en Sudaca”, apuntó.
