Las autoridades locales y colectivos se oponen a que la empresa privada Joinnus asuma la venta de entradas. El servicio de tren se encuentra suspendido
“Machu Picchu no se vende. Machu Picchu se defiende” es el reclamo popular que por estos días resuena en el Cusco. Diversos gremios turísticos y colectivos han iniciado un paro indefinido desde el jueves por el rechazo hacia la nueva plataforma virtual de venta de boletos para ingresar a la ciudadela inca, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. Los manifestantes consideran que se está privatizando el principal atractivo turístico del país y culpan a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por haber permitido que la empresa privada Joinnus asuma la gestión de las entradas sin haber pasado por un proceso de licitación.
El contingente quemó llantas, bloqueando la vía férrea de acceso a Machu Picchu, en el distrito que lleva el mismo nombre. Producto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden se han contabilizado tres civiles y cinco policías heridos. La concesionaria Ferrocarril Trasandino ha suspendido su servicio, cuando menos hasta este sábado, en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu-Hidroeléctrica, en el sector sur-oriental, alegando “falta de condiciones de seguridad”.
Evidentemente, quienes más se han visto afectados son los turistas, tanto para visitar el santuario histórico, como para retornar hacia el Cusco. La noche del viernes alrededor de 300 extranjeros denunciaron a través de las redes sociales haberse quedado atrapados en la ciudad de Aguas Calientes, la puerta de acceso a Machu Picchu. Exigían la presencia del alcalde y la ayuda de la Cancillería para solucionar el problema.
“Estábamos de turismo con mi esposo. Nos notificaron que se canceló la operación de trenes para regresar a Ollantaytambo. La huelga ha bloqueado las vías férreas, lo que nos impide a nosotros regresar al país. Necesitamos que alguien nos dé una solución. Que la embajada colombiana, que alguien se haga presente acá. Somos un grupo grande de colombianos que estamos esperando poder movilizarnos y poder regresar a nuestro país”, clamó la turista Cristina Ávila a la radio RPP.
Carlos González, presidente de la Cámara de Comercio de Ollantaytambo, ha remarcado que el conflicto ya está repercutiendo en el sector turismo y de continuar escalando podría dañar toda la temporada. “El Gobierno de Estados Unidos ha lanzado un travel warning, alertando esta situación, y sugiriendo a sus viajeros que tengan mucho cuidado de venir al Perú. Esto va a tener un efecto dominó que puede arriesgar toda la temporada 2024 y, con ello, el empleo de más de medio millón de familias que viven del turismo en el Cusco y en el resto del país”. Según sus cálculos, cada día de paro representa una pérdida de 3 millones de soles (810.000 dólares) para toda la cadena de valor: hoteles, agencias, guías, restaurantes, transportistas, mercados, entre otros.
En octubre pasado, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga anunció la tercerización de la venta de boletos a Machu Picchu mediante la plataforma Joinnus, empresa privada que también administraba el mismo servicio para la Fortaleza de Kuélap, ubicada en la región Amazonas. El principal cuestionamiento reside en que esta adjudicación no se hizo mediante una licitación pública, sino a través de otra modalidad denominada menor cuantía. Ello ha puesto en duda la legalidad de la transacción. No obstante, Urteaga ha defendido la decisión, señalando que el gobierno solo está tratando de llevar “un control más transparente”, lo cual no ha sido posible con la anterior plataforma manejada por la oficina regional del Ministerio de Cultura. Esto se traduce en un desbalance de 8 millones de soles (2.1 millones de dólares) en el sistema anterior de la boletería respecto a la cantidad de visitantes de la ciudadela ha denunciado la cartera.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, ha salido al frente para apoyar las protestas y más bien culpar al Gobierno. “La venta de boletaje ha estado haciendo forados al erario nacional y a la Dirección Desconcentrada de Cultura, causando pérdida de millones, y frente a ello somos testigos de cómo el Ministerio de Cultura ha sido mudo (…). Son años de abandono y descuido ante el manejo del software, y de haber permitido que el recurso humano caiga en brazos de la corrupción”. Salcedo ha propuesto que sea la propia región cusqueña la que cree un aplicativo para encargarse del servicio.
Desde el 20 de enero, Joinnus asumió las operaciones del boletaje de Machu Picchu. No obstante, ante la ola de críticas, ha anunciado en las últimas horas que solicitará adelantar la fecha de vencimiento de su contrato (que culmina en agosto del 2024) para ponerse a disposición de un nuevo proceso de selección. “Rechazamos tajantemente las afirmaciones que indican que se trata de un proceso de privatización: Joinnus no es dueño, ni tampoco busca serlo, de ningún servicio asociado a Machu Picchu. Nuestro servicio se centra solo en la tercerización de la venta de entradas”, explican.
Mientras Joinnus ha dado un paso atrás para calmar las aguas, los manifestantes exigen la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, sobre quien pesan dos mociones de interpelación de parte de un grupo de congresistas. De acuerdo a un reporte del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el tercer trimestre del 2023, el flujo acumulado de turistas a Machu Picchu cayó en un 8% y las pérdidas rondarían los 460 millones de soles (124 millones de dólares).
