El anuncio de la Defensoría del Pueblo de evaluar la presentación de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modifica el Código Penal Militar Policial constituye el camino institucional correcto. En un Estado constitucional de derecho, las discrepancias sobre la validez de una ley deben resolverse ante el Tribunal Constitucional y no mediante presiones políticas o interpretaciones interesadas.
Sin embargo, el debate de fondo trasciende el aspecto jurídico. Lo que está en discusión es el modelo de Estado que queremos construir.
En los últimos años, los sectores políticos que hoy ejercen una amplia hegemonía sobre las principales instituciones del Estado, con el respaldo de importantes medios de comunicación concentrados, han impulsado una serie de reformas que modifican el equilibrio institucional. Se fortalecen espacios de justicia excepcional, mientras se debilita el papel de la jurisdicción ordinaria y de los mecanismos de control propios de un Estado democrático.
La Constitución reconoce la existencia del Fuero Militar Policial para conocer los delitos de función. No obstante, el verdadero debate consiste en definir con precisión qué debe entenderse por «delito de función». Esa interpretación no puede extenderse hasta abarcar hechos que constituyan abuso de autoridad, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura o graves violaciones a los derechos humanos, materias respecto de las cuales el Perú ha asumido obligaciones internacionales que no pueden ser desconocidas.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que la jurisdicción militar debe ser excepcional y restrictiva. Su ampliación indiscriminada podría generar espacios de impunidad incompatibles con el Estado de derecho.
Por ello, corresponde que el Tribunal Constitucional realice un análisis técnico y constitucional, libre de presiones políticas, evaluando si la nueva legislación supera los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad que exige el control constitucional.
Pero este debate también deja una enseñanza política más amplia. El Perú no puede caer en la lógica autoritaria de ningún extremo.
Tan perjudicial resulta la pretensión de someter todas las instituciones a un determinado proyecto político como el intento de convertir a la justicia en un instrumento de confrontación ideológica. Ninguna democracia puede consolidarse cuando las instituciones dejan de actuar con independencia y pasan a responder a intereses coyunturales.
El país necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, un Ministerio Público autónomo, una Defensoría del Pueblo que ejerza plenamente su mandato constitucional y un Tribunal Constitucional que actúe como verdadero garante de la Constitución y no como árbitro condicionado por mayorías políticas circunstanciales.
La fortaleza de una democracia no se mide por el poder que acumula un gobierno o una mayoría parlamentaria, sino por la independencia de sus instituciones y por la capacidad de estas para controlar los excesos del poder, cualquiera sea su origen.
El Perú requiere instituciones que funcionen con autonomía, respeten la Constitución y garanticen los derechos de todos los ciudadanos. Solo así será posible reconstruir la confianza pública y fortalecer una democracia basada en el equilibrio de poderes, el respeto al Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
