Jornada electoral del 12 de abril no solo ha dejado un escenario político fragmentado, con Keiko Fujimori encabezando la intención de voto según boca de urna, sino también una grave preocupación institucional que amenaza la legitimidad misma del proceso: la pretensión de extender el acto electoral más allá de su cierre oficial.
El argumento es conocido. Problemas logísticos habrían impedido que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Se habla de más de 60 mil electores afectados por la deficiente instalación de mesas. Frente a ello, surge la propuesta de ampliar el plazo de votación por 24 horas o continuar el proceso al día siguiente. A primera vista, parece una medida justa. Pero en realidad, encierra un riesgo profundo: la ruptura del principio constitucional del acto único electoral.
La Constitución y la legislación electoral peruana son claras: el sufragio se realiza en una jornada única, continua y cerrada. No es un detalle técnico, es un principio esencial que garantiza la transparencia, la igualdad de condiciones y la imposibilidad de alterar la voluntad popular con información parcial. Cuando se cierra la votación, se cierra también la posibilidad de influir en el resultado.
Hoy, ese principio está siendo puesto en cuestión.
Porque no estamos ante una elección en abstracto. Ya existen resultados de boca de urna. Ya hay tendencias. Ya se sabe quién lidera y quiénes disputan el segundo lugar en un empate técnico entre Roberto Sánchez y Ricardo Belmont. En ese contexto, extender la votación no es un acto neutral. Es introducir una nueva fase del proceso con información previa que puede influir —directa o indirectamente— en el comportamiento electoral.
Peor aún: abre la puerta a la manipulación.
Porque en escenarios tan ajustados, donde la diferencia es de apenas miles de votos, cualquier ampliación extemporánea del proceso puede inclinar la balanza. No se trata solo de permitir votar a quienes no pudieron hacerlo; se trata de hacerlo en condiciones completamente distintas a las del resto de ciudadanos. Se rompe así el principio de igualdad del voto.
Además, el precedente sería devastador. ¿Qué impediría que en futuras elecciones se aleguen fallas logísticas para reabrir mesas en zonas específicas donde ciertos candidatos tienen mayor respaldo? ¿Quién garantiza que esta ampliación no responda a intereses políticos concretos?
El problema no es menor. Es estructural.
Las deficiencias de la administración electoral deben investigarse y sancionarse. Los responsables de que miles de ciudadanos no hayan votado deben responder. Pero lo que no se puede hacer es corregir un error administrativo con una decisión que compromete la legitimidad de toda la elección.
La democracia no se defiende alterando sus reglas en pleno juego.
Si se permite que el proceso electoral se fragmente, que se extienda selectivamente o que se reabra con resultados ya conocidos, se habrá cruzado una línea peligrosa. Una línea donde la voluntad popular deja de ser un acto soberano para convertirse en un resultado susceptible de ajuste.
Hoy más que nunca, el país necesita certezas. Y la primera de ellas es que el voto —como manda la Constitución— se ejerce en un solo acto.
Lo contrario no es inclusión.
Es una amenaza a la democracia.
