La Fiscalía apeló la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz que declaraba fundada la tutela de derechos planteada por la defensa de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK) y anulaba la investigación por el delito de lavado de activos que se le seguía en el caso Westfield Capital (Odebrecht), compañía de propiedad del expresidente.
El Equipo Especial Lava Jato consideró que hubo un exceso al declarar fundada este mecanismo de derechos a favor de PPK, pues en la investigación se logró obtener 144 elementos de convicción con lo que se probaría los cargos contra que PPK.
Entre esos elementos se prueba que “montó una organización criminal para aprovechar los cargos públicos y obtener beneficios ilícitos mediante supuestas ‘asesorías’ a la constructora brasileña Odebrecht”, las cuales eran pagadas vía Westfield Capital. Además, manejaba información privilegiada y ocupaba cargos públicos en el Perú.
El requerimiento acusatorio del fiscal José Domingo Pérez tiene 29 cuadernos y 5668 folios, que probarían el lavado de activos. Por ello presentó un pedido de 35 años de cárcel para el expresidente.
También se presentó 128 elementos de convicción contra el chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, exsocio de PPK que administraba Westfield cuando PPK asumía cargos públicos en Perú. Además, hay 32 elementos contra su exsecretaria Gloria Kisic Wagner, y 121 contra su exchofer José Bernaola Ñufflo.
Todos ellos habrían participado para lavar cerca de US$12 millones producto de las “asesorías” de PPK con Odebrecht, específciamente para los proyectos IIRSA Sur 2 y 3, Trasvase de Olmos, Rutas de Lima y Transportadora de Gas del Perú.
¿Qué había determinado el juzgado?
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de Jorge Chávez Tamariz, anuló la acusación fiscal que hiciera José Domingo Pérez en la que pedía 35 años de prisión contra el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki.
El juzgado determinó “declarar fundado el pedido de la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczysnki, en consecuencia nulo todo lo actuado, retrotrayéndose hasta la investigación preliminar para que la Fiscalía y el Equipo Especial culminen la pericia contable y financiera, así como otras diligencias”.
De esta forma, el proceso a Pedro Pablo Kuczynski y a Gerardo Sepúlveda regresó a la etapa de investigación preparatoria. Según el magistrado, dar por terminada la investigación y presentar de inmediato la acusación penal “afectó el derecho de defensa, el debido proceso, el derecho de prueba, a ser oído, a contradecir y la tutela judicial efectiva” de PPK.
