Las municipalidades no pueden imponer plazos para solicitar la renovación de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Un reciente pronunciamiento del Indecopi ha vuelto a marcar límites claros a la discrecionalidad municipal y refuerza la seguridad jurídica respecto de la vigencia de estos certificados. El criterio, además, clarifica el alcance de la normativa frente a exigencias que diversas comunas han venido aplicando sin sustento.

La controversia se inició cuando un municipio convirtió en obligatorio un plazo que la regulación sólo sugiere: presentar solicitud de renovación con 30 días de anticipación. Al no recibir la solicitud dentro de ese lapso, la municipalidad declaró caducado el ITSE y dejó sin efecto la autorización para operar, pese a que la normativa permite renovarlo hasta el último día de vigencia.

La controversia escaló al Indecopi, que declaró barrera burocrática ilegal la imposición del plazo. “La agencia precisó que la comuna no podía crear requisitos adicionales ni retirar el certificado por incumplir una condición que no existe en la normativa”, señala Julio Castillo, asociado principal de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. El análisis también identificó que la autoridad local no respondió la solicitud presentada, y con ello generó silencio administrativo positivo, por lo que la clausura no tenía sustento.

Pero no se trata de un caso aislado. El plazo de 30 días funciona en más jurisdicciones como una exigencia y se utiliza como fundamento para fiscalizaciones y sanciones. “Muchas municipalidades han convertido esta recomendación en un estándar operativo y hay casos en los que incluso la consignan en el certificado como referencia para el administrado”, explica Roberto Gutiérrez, senior expert de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.

La aplicación rígida de estos criterios locales, que exceden el marco legal, puede derivar en clausuras, interrupciones operativas y una mayor incertidumbre regulatoria. Desde el sector privado advierten que esta dinámica termina desnaturalizando el propósito preventivo del ITSE. “Los [ITSE] no han logrado asegurar la seguridad, sino que se han convertido en mecanismos por los cuales las municipalidades cierran y presionan negocios, permitiendo que malos funcionarios los chantajeen”, afirma Juan José Calle, CEO de Jockey Plaza.

Fuente: Semana Económica