El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pidió a las autoridades actuar de oficio ante los últimos audios vinculados a la presidenta del Congreso, Lady Camones.
En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete cuestionó el contenido de dicho material, en donde se escucha a Camones conversar con César Acuña, candidato al Gobierno Regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso, grupo al que pertenece la titular del Parlamento.
De acuerdo con el audio, se habría buscado promover en el Parlamento una ley para convertir en distrito a Alto Trujillo, a fin de favorecer la imagen de Acuña Peralta en el marco de su campaña electoral.
El jefe del Gabinete indicó que lo ocurrido linda con un delito y además existen pruebas contundentes, por lo que desde el Ejecutivo esperan la reacción de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. Señaló también que los protagonistas del audio no han negado lo ocurrido.
“Yo no sé si las autoridades requieren algo más frente a estas pruebas para actuar”, expresó Torres Vásquez.
El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que dicha conversación constituye una falta al ordenamiento jurídico nacional, ya que se habrían violado diversas normas, como la Ley Orgánica de Elecciones, el Código de Ética Parlamentaria, el Código Penal, entre otras.
Asimismo, sostuvo que esta coyuntura perjudica al país debido a que la actual crisis política crea inestabilidad jurídica, lo cual afecta el clima de inversiones que busca promover el Ejecutivo.
En ese sentido, hizo un llamado a los “congresistas democráticos”, a fin de que esta situación sea solucionada inmediatamente desde el Parlamento.
“No nos podemos quedar con esta informalidad política que nos crea una inestabilidad económica que perjudica a todos los peruanos”, sentenció Torres.
Asimismo, el jefe del Gabinete solicitó que el Jurado Electoral Especial de Trujillo actúe de oficio y separe a a Acuña Peralta del proceso electoral.
Por su parte el ministro el ministro de justicia Félix Chero acotó “No se descarta que se investigue una presunta organización criminal, porque, en el entendido de cómo la fiscalía maneja las investigaciones, hay un líder, brazo legal para facilitar los trámites y operadores”, refirió.
Chero señaló que, en estricta aplicación de las normas, el Ministerio Público debió abrir de oficio investigación preliminar y realizar las diligencias para determinar si hay presuntos delitos. “Hemos sido prudentes para ver si actuaban las autoridades, pero no lo ha hecho”, afirmó.
